REFORMA DEL CÓDIGO PENAL // LA POBLACIÓN RECLUSA AUMENTA UN 130% EN 20 AÑOS
Más cárceles, más presos y más mano dura

Pese a que el Estado español tiene uno de los índices de
criminalidad más bajos de la UE, su legislación se endurece
siguiendo los debates de los medios, una solución
rápida que no tiene en cuenta la realidad de la cárcel.

01/04/10 · 8:00
Edición impresa



En plena tramitación del endurecimiento
del Código Penal impulsado
por el Gobierno, con el apoyo parlamentario
de PP y CIU, son pocos los
espacios informativos en los que se
da cabida a las voces ciudadanas y
del mundo del derecho que piden un
mínimo de reflexión y rigor.

El endurecimiento de las penas se
está legislando “a golpe de noticias
sensacionalistas, bajo el sometimiento
a la opinión pública que está, a su
vez, a merced de los medios de comunicación”,
como ha señalado estos
días la asociación de Abogados
Europeos Demócratas en el Congreso
Internacional La cárcel en Europa

celebrado en Pisa (Italia). Un mal extendido
no sólo en el Estado español,
sino en toda Europa y un hecho
que en nuestro país llevan años denunciando
asociaciones de familiares
de presos y profesionales.

Pese a que los delitos graves han
disminuido en los últimos 40 años
–se producen menos de la mitad de
violaciones, homicidios y asesinatos
que entonces–, ahora, a cada uno de
estos crímenes, se les dedica medio
telediario o un programa de televisión
completo, provocando una alarma
social que, cada poco tiempo, justifica
la exigencia del endurecimiento
de las normas penales.
Una vez más, las cifras: en el Estado
existen 87 cárceles. Todas, excepto
las de Cataluña, dependen del
Ministerio del Interior (Instituciones
Penitenciarias –II PP–). Según
datos de la Secretaría General de II
PP, en marzo de 2010 la población
reclusa total era de 76.570 personas.

Desde 1990 se ha producido un
incremento del 130% aunque el
aumento de la población española,
según el Instituto Nacional de
Estadística, ha sido del 20%.
¿Qué delitos han cometido? En
enero el cómputo de población penada
era de 58.413 personas. Más de
la mitad, es decir el 67,32%, está privada
de libertad por robos, hurtos o
tráfico de drogas –y no hablamos de
grandes narcotraficantes–. Sin embargo,
los delitos de homicidio
(5,23%), contra la libertad sexual
(6,22%) o contra el orden público un
2,96%, en el que se encuentra clasificado
el terrorismo, sólo significan el
14,2% de la población presa. Es decir,
la alta peligrosidad y la gravedad
de los delitos de las personas que sufren
la cárcel, y que subyacen las peticiones
del endurecimiento del sistema
penal, no responden a la realidad.

El Estado español, con una de
las tasas más altas de población reclusa
de Europa, tiene, sin embargo,
uno de los índices de criminalidad
más bajos. Un hecho que incluso se
reconoce desde el Ministerio de Interior:
entre julio de 2008 y junio de
2009 la tasa de criminalidad en el
Estado español fue de 47 delitos por
cada mil habitantes. La media europea
está en 70,4. ¿Por qué entonces
endurecer las penas cada vez más,
alargándolas, abusando de la prisión
preventiva, dificultando los beneficios
penitenciarios… y continuar
construyendo macrocárceles?

El hacinamiento

“La vida en prisión comienza en el
momento del ingreso. Es el momento
en el que la persona debe dejar
atrás su identidad social para adoptar
la nueva identidad de preso”. Pero
¿en qué consiste la “identidad de
preso”? Lo explica con claridad uno
de los pocos estudios realizados en
Estado español para conocer la realidad
carcelaria a través de los testimonios
de los propios presos (Mil voces
presas, 2002
). Un estudio que encontró
no pocos obstáculos por parte
de Instituciones Penitenciarias, y que
dejó patente que “existen dos visiones
sobre la realidad carcelaria: una,
la que trata de sostener y mantener
la administración penitenciaria con
todos los medios a su alcance –entre
ellos los medios de comunicación–; y
otra, la percibida por aquellos que
soportan el control, dominio y represión
de un sistema, el carcelario”.

La cárcel no evita la reincidencia,
sino que la aumenta y se ceba sobre
los grupos sociales más desfavorecidos,
que son la clientela habitual de
estas instituciones. El progresivo incremento
de las personas presas
–que roza ya las 5.000 por año– trae
consigo uno de los principales problemas
–aunque no el único–, el hacinamiento.
Existe un nivel de ocupación
que alcanza el 149% en algunas
cárceles, con el agravante que
supone el elevado número de personas
encarceladas con enfermedades
infecciosas, enfermedades mentales,
drogodependencias –más del 60%
de los reclusos
–, etc., prácticamente
desatendidos por unos funcionarios
desbordados y desmotivados, en su
mayoría, y en continuo conflicto sindical
con la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias.

No es extraño que los casos de suicidio, sobredosis
o muertes por el avanzado
estado de una enfermedad –sin una
atención médica a tiempo– se den a
diario. En la actualidad, por cada 250
presos hay sólo un psicólogo, un médico,
una trabajadora social...

“Para paliar este hacinamiento el
Gobierno propone la creación de 11
nuevas macrocárceles, en lo que será
el mayor programa de construcción
penitenciaria de la historia de
España, de aquí a 2012”, tal y como
denuncia la Asociación de Atención
Integral a presos y ex presos Arrat.
Según esta organización, el presupuesto
para ello asciende a 1.647 millones
de euros, que se sumarán a
otros 1.504 millones ya aprobados
anteriormente. “El problema es que
si se sigue con el ritmo de crecimiento
de la población penitenciaria –continúa
Arrat–, llegado 2012 existirían
80.000 presos y el déficit de las celdas
(24.000 plazas) sería, paradójicamente,
superior al actual, de 15.000
por lo que habría que seguir construyendo
más macrocárceles. ¿Pero a
quién beneficia todo esto?”.

La soledad extrema, el aislamiento
casi absoluto, la total ausencia
de intimidad, el sometimiento
radical –intensificado en el
caso de los presos clasificados en
primer grado, en los departamentos
de aislamiento y en las durísimas
condiciones de traslado de
una cárcel a otra–, animalizan a la
persona. Las torturas psicológicas
y físicas a las que son sometidos en
muchos casos, reducen la capacidad
social de la persona a cero. La
cárcel no sólo no evita la destrucción
física y psíquica del individuo
sino que, indirectamente, por su
configuración, la facilita.

Dispersión

Por si fuera poco, el incumplimiento
de la ley General Penitenciaria se
produce con demasiada frecuencia:
número de presos por celda, condiciones
de ésta, criterios y métodos
utilizados para el estudio, observación
y clasificación de las personas
presas, ausencia de tratamiento individualizado...
A lo que hay que sumar
los malos tratos físicos, bajo la
apariencia de legalidad, que se dan
en las cárceles. Además, casi la mitad
de las personas presas no cumplen
condena en cárceles situadas
en la provincia donde se encuentra
su domicilio, una situación que genera
desarraigo familiar y un sufrimiento
añadido que, desde Instituciones
Penitenciarias, se justifica
por la disponibilidad de plazas en
unos u otros centros, pero que muchos
presos consideran sanciones
encubiertas –condenas dentro de
las condenas– y obliga a los familiares
a desplazarse cientos de kilómetros,
con el coste económico que
conlleva. Estos traslados –algunos
de más de diez horas– se dan, por si
fuera poco, en unos vehículos y en
unas condiciones inhumanas que
ponen en peligro la vida del preso.
Si se conociesen los efectos de las
cárceles muchas personas no permitirían
su existencia.

POPULISMO PUNITIVO: CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA Y LA DISIDENCIA

A. CHALMETA (MADRID)

Las estadísticas de las cárceles
españolas hablan por sí solas
y describen una realidad
en la que se abusa de las penas
de prisión si se compara
con el resto de Europa. ¿Por
qué? Iñaki Rivera, profesor de
derecho penal en la Universitat
de Barcelona y director del Observatori
del Sistema Penal i
els Drets Humans de la UB valora
que «desde hace unos
cuantos años venimos asistiendo
a una estrategia de gobierno
que, aún cuando no es
completamente novedosa, se
ha venido exacerbando y se
nos presenta como inevitable
por la práctica totalidad de la
clase política. Se trata de la
cada vez más recurrente utilización
del sistema Penal para
la regulación de la conflictividad
social (y, por ende, de la
conflictividad política).

Todos
conocemos las apelaciones a
mayores cuotas de 'seguridad'
(entendida cada vez más de
manera estrecha, es decir, en
términos de 'policialización' del
espacio, del comportamiento,
de las costumbres, ya sea con
el despliegue de instituciones
públicas o privadas), apelaciones
que se han convertido en
herramienta de gobierno, en
promesa electoral». A esta deriva,
explica Rivera, se la denomina
«populismo punitivo»,
porque «busca la adhesión ciudadana
(una ciudadanía que
previamente ha sido alarmada
y precarizada) a políticas punitivas
como elemento de
gobierno y reproducción del
poder. Sin duda, esto sucede
a escala global y los últimos
años representan una época
paradigmática al respecto.

La
tendencia es clara: gestión punitiva
de la pobreza, mercado
económico de total flexibilización,
criminalización cada vez
mayor de la disidencia y disminución
del Estado». Frente a
ello apuesta por «una política
social más que penal, una reducción
del sistema penal y no
su ampliación, una política
descarcelatoria en lugar de
acostumbrarnos a convivir con
cárceles que viven al margen
de la propia legalidad».

Tags relacionados: Número 123
+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0

separador

Tienda El Salto