105 hijos recuperados, un Banco
Nacional de Datos Genéticos funcionando desde hace 24 años, leyes y,
sobre todo, muchos culpables del robo de bebés y otros crímenes durante la última dictadura en Argentina
(1976-1983) juzgados y encarcelados, son algunos de los logros de la
lucha de Madres y Abuelas de la
Plaza de Mayo. En el Estado español,
una representación de las abuelas, la
Red Argentino-Europea por el Derecho a la Identidad, se ha interesado
por la situación de los familiares de
niños robados del Franquismo.

Martha Bello, coordinadora y fundadora de la Red por la Identidad, junto
con Lila Parrondo, relata para DIAGONAL la trayectoria en la búsqueda de los niños argentinos robados. Esta asociación funciona en el Estado español porque “las abuelas saben que hay nietos fuera de Argentina. Por eso nuestra misión aquí y esta red por la identidad”, explica Bello.

DIAGONAL: ¿Cómo consiguieron
las Abuelas de la Plaza de Mayo que
el Estado investigara y juzgara el robo de bebés en Argentina?

MARTHA BELLO: Las madres y
abuelas empiezan su lucha durante e
inmediatamente después de la dictadura. Algunas se dejaron la vida en
ello, fueron secuestradas y asesinadas. Acabada la dictadura, en diciembre de 1983, las abuelas presionaron
al Estado para que se hiciera justicia.
Sin embargo, en los inicios, cuando
ellas tuvieron la posibilidad de recuperar algunos de los niños nacidos
en cautividad, necesitaban demostrar legalmente que eran sus hijos o
nietos, más allá de la certeza que ellas tenían.
Entonces, se comunican con un
genetista exiliado en EE UU y, a
través de contactos y con mucho trabajo, lograron las primeras pruebas
genéticas, que no eran tan sencillas
como son hoy. Pero hasta llegar
ahí, a las Abuelas de la Plaza de Mayo
les pasó lo mismo que está ocurriendo en España con un banco privado
de ADN de familiares de niños robados [en referencia a Genómica, laboratorio relacionado con el Opus]. Los implicados en los crímenes intentaron controlar la información. Lo que sufrieron las abuelas en Argentina se repite hoy en España.

D.: ¿Cuál fue la reacción de las abuelas y por qué cree que se producen
hechos parecidos con respecto a los
niños robados en el Estado español?

M.B.: Los médicos que fueron recomendados por la Comisión Nacional
por la Desaparición de Personas (Conadep) no gustaron a las abuelas. Lo más sospechoso fue que había jueces vinculados al laboratorio
de esos doctores que habían ocultado resultados positivos de un examen genético. Las abuelas ante eso
dijeron: "¿Cómo vamos a dejar el
banco de ADN en manos de quienes
cometieron el delito?" Estamos hablando de 1984.

Ahí es cuando ellas
empiezan a insistir en que es el Gobierno el que tiene que garantizar la
justicia: “El Estado había cometido
todo el horror de la desaparición de
los chicos. Lo justo era que también
asumiera la responsabilidad de arbitrar todos los medios para solucionar sus secuelas. Además, nos dábamos cuenta de que realizándolas los
organismos estatales se dejaba de lado toda especulación económica que
siempre realizan los intereses privados”, explicaron las abuelas después.
Eso se puede aplicar a España y a las
empresas privadas que hacen ahora
las pruebas de ADN a familiares de
niños robados.

A partir de 1986, se aprueban varias leyes en Argentina, tres años
después del final de la dictadura. Con la Ley 23.511 se crea un banco genético público: “Para resolver todo tipo
de datos que impliquen un conflicto de filiación incluidos los casos de
niños desaparecidos”. La jefa de inmunología del Hospital Durand
(público) de Buenos Aires, Ana María Di Lonardo, fue la primera directora del Banco Nacional de Datos Genéticos. Ya en 1989, las abuelas tenían la tranquilidad de que los jueces debían aceptar una ley, un banco genético serio y que los análisis eran fiables. Ésa fue la base. En la actualidad, en España eso no se produce.

D.: ¿Qué opina de que tras 36 años
de democracia no se haya reparado
a las víctimas?

M. B.: En España existe, por un lado,
el caso de los niños robados del Franquismo, por otro, el continuismo. Ese continuismo está tratando de transformar los hechos en “un caso de tráfico de niños”. “No son memoria histórica”, dicen, tergiversando estos
crímenes de lesa humanidad en un
asunto privado y no en una obligación del Estado de restituir el daño
causado por un Gobierno de facto,
como fue la dictadura. En el caso de
Argentina, al crearse la Conadep, en
1992, se convirtió, de alguna manera,
en ley el derecho a la identidad, que
es lo que importa. Tenemos derecho
a saber quiénes somos, genética, biológica y psicológicamente. En el caso
argentino y español estamos ante lo
mismo: desaparición forzosa de personas y robo de identidad.

D.: ¿Cree que en el caso español los
implicados aprovechan la inacción
del Gobierno?

M.B.: En el caso de Genómica, por
ejemplo, ¿cómo llega este laboratorio de ADN a controlar tanta información? ¿Por petición de los familiares o es más bien esta empresa quién
se ofrece? En cualquier caso, el problema vuelve a ser que no hay un
Estado con intención de reparación.
En Argentina, el trabajo de las
abuelas durante más de 30 años ha
sido determinante, ha permitido restituir la identidad a 105 personas robadas a sus familias o niños nacidos
en cautiverio. Han probado que esas
madres dieron a luz encadenadas y
luego fueron asesinadas. Fueron
apartadas de sus hijos, también como en España, con las teorías de
Vallejo-Nájera, para extirpar “el gen marxista” y todas esas aberraciones.

D.: Las abuelas también crearon conciencia sobre esos crímenes.

M.B.: Por supuesto. La evolución democrática, que no fue inmediata,
porque los primeros gobiernos democráticos fueron débiles, incluso
aprobaron leyes como las de punto
final y de obediencia debida, aunque
sí se permitió crear el banco genético, permitió crear conciencia. Las
abuelas se dan cuenta de que diez
años después de terminada la dictadura se acaba de entender el concepto de la identidad. Además, la gente
argumentaba: “Bueno, pero esos chicos estarán mejor con esas familias”
o “los han criado con cariño...”. Igual
que se dice ahora en España. Las
abuelas trabajaron mucho para difundir qué significa la identidad. De
hecho tienen varias cátedras en la
universidad. Saben que si la sociedad no lo entiende, no les va a apoyar. Al final, estos crímenes de lesa
humanidad son reducidos a una situación de un grupo de personas que
por sí mismas están intentando salir
adelante, un caso marginal más.

D.: ¿Argentina ha dado ejemplo en la
defensa de las víctimas?

M.B.: Desde luego. Las abuelas
acaban de ser galardonadas con el
premio Fomento de la Paz de la
Unesco. Sobre España, siempre digo que me impresiona que un pueblo que tiene a un poeta como Federico García Lorca, considerado
patrimonio de la humanidad, que
aún esté en una cuneta... ¿Cómo se
puede permitir? Es de una esquizofrenia social y política impactante.

D.: ¿Las familias del Estado español
víctimas del robo de niños tendrán
que pedir justicia fuera?

M.B.: Para Argentina fue muy importante que se pudiera juzgar a
Adolfo Scilingo en España. También
se atrevieron a hacer lo mismo en
Italia y Francia. El juicio a Pinochet
permitió instaurar el concepto de Justicia Universal y resultó fundamental
la apuesta por la defensa de los derechos humanos encarada por el presidente Néstor Kirschner, quien en el
discurso de inauguración del espacio
para la memoria en la Escuela de Mecánica de la Armada (antiguo centro
de tortura) pide perdón en nombre
del Estado. La diferencia, de momento, en España es que para fuera sí,
para dentro no. Ahora, cuando toca
mirar hacia dentro, parece que ya no
gusta tanto...