«Había enchufes donde te amenazaban con ponerte la corriente». Vicente Gutierrez Solís es uno de los siete asturianos que viajaron a Madrid para denunciar ante el cónsul las torturas y vejaciones que sufrió bajo el régimen franquista. Durante este periodo fue detenido hasta siete veces por su labor de organización del Partido Comunista. Recuerda especialmente las palizas de Pascual Honrado y el comisario Claudio Ramos. «Fue mucho lo que nos hicieron. El trato que nos dieron era vergonzante. Disfrutaban con aquello».

Por eso no dudó en aprovechar la oportunidad que se le brindó para denunciar estas torturas a través de la Comuna d’Asturies, el grupo asturiano que forma parte de Ce­Aqua, la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argen­tina contra crímenes del franquismo. Junto con Gutiérrez viajaron otras seis personas a Madrid para presentar ante el Consulado sus respectivas denuncias.

Como él, Faustino Sán­chez Gar­cía también padeció las palizas de Ramos y Honrado. Llegó a salir de la comisaría con los tímpanos y las costillas rotas, por lo que tuvieron que ingresarlo hasta cuatro veces en el hospital. Interpuso dos querellas por estos tratos en 1964 y en 1969 que, no obstante, fueron en vano. Ahora ve una oportuni­dad para que se haga justicia. «La historia de Fuen­teovejuna todos a una está ahí. Es la voluntad, el querer y no olvidar».

Anita Sirgo, recuerda con claridad las palizas y torturas de Fer­nando Caro Leiva. «No me quie­ro morir sin verlo frente a frente». Quedó retenida junto a su marido en el cuartel de Sama, después de que les dijesen que se tenía que presentar allí por su participación en la Huelgona de 1962. «Mi compañera Tina y yo empezamos a dar golpes a la puerta y a llamarles cri­minales y asesinos. Cuando terminaron con los demás llegaron como locos. Abrieron la puerta con la camisa blanca llena de sangre. Me cortaron el pelo con una cuchilla de afeitar. Nos dieron sin parar». Las palizas continuaron en Uviéu de la mano de Claudio Ra­mos. «Como no quisimos ponernos una pañoleta en la cabeza nos mandaron para la policía armada. Nos ponían fotografías en la mesa y querían que dijésemos quiénes eran unos y otros. Cuando decíamos que no sabíamos nada nos daban puñezatos».

Desde que Argentina habilitó en septiembre de 2013 consulados para recibir las denuncias de víctimas del franquismo, decenas de personas han optado por sumarse a la denominada “querella argentina” que está siendo estudiada por la jueza María Servini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Co­rreccional Federal nº1 de Bue­nos Aires. La propia jueza tomó declaración a algunas de estas víctimas en una visita que hizo en España. Ana Messuti, una de las abogadas que llevan el caso, habla de la necesidad que sienten las víctimas de ser escuchadas por un juez penal «porque lo que han sufrido han sido crímenes, graves crímenes».

El papel de los nietos

Los familiares también están tomando un papel protagonista en este proceso. Como Xosé Miguel Suárez, nieto de Jesús Fernández Pérez, un albañil de Tapia, que fue encarcelado cuando tenía 33 años en el mes de noviembre de 1936. Un grupo de miembros de la Falange conocidos como “El Can­grexo” lo sacaron de noche de la cárcel. Su mujer, que tenía una niña de seis días, no volvió a saber más de él. Para Xose Miguel era importante que la muerte de su abuelo constase en un proceso judicial. «Fíxilo porque sé que la muria d’impunidá namás se puede romper a base d’aneciar, y la vía abierta pola querella arxentina ye una manera de dir comiéndola pocoñín a poco».

Clemente Amago López-Villar era alcalde del concejo de San Tiso d’Abres por el Partido Socialista en 1936. Tras el golpe de Estado, las torturas y detenciones por parte de la Falange obligaron a Cle­mente a esconderse en los montes de Castripol, pero unos vecinos los delataron. Los forajistas lo encontraron y lo torturaron. Al día siguiente lo llevaron hacia Lugo en un camión. Nunca más se supo de él. Tan sólo dejaron su reloj en un bar. A la familia le llegó un requerimiento judicial pidiendo explicaciones sobre Clemente por haber desatendido su cargo de alcalde. «Les pedían las llaves del ayuntamiento y una descripción. Meses más tarde llegó una multa de 200 pesetas por haber desatendido su cargo», cuenta su nieto Manuel Amago.

Manuel sabe que en el caso de su abuelo no hay una solución judicial clara, pero quiere que se repare a las víctimas y familiares y que se reconozca como parte importante de la historia de España. «No se conoce la represión brutal que hubo. España es el segundo país del mundo con mayor número de desparecido después de Camboya».

Lo mismo que ocurre con María José Martínez Abargues, otra nieta que acudió a Madrid junto a su hermana para denunciar por los cuatro abuelos. Una abuela, Aida Alvaré Marqués, embarazada de cinco meses, fue asesinada junto a su marido, José Martínez Váz­quez en la playa de Salinas en oc­tubre de 1937. Su otro abuelo, José Abargues Perles era comunista y luchó en el frente por la República. Fue fusilado después de pasar dos años en un campo de concentración en Burgos. Su mu­jer, Josefa Dávila Álvarez, em­barazada y con seis hijos, fue en­car­celada de rebote, acu­sada de haber robado. Cumplió seis de los trece años que le fueron impuestos en prisión.

«Se nos abrió la oportunidad de presentar una querella o denuncia y la aprovechamos. Queremos que nos escuchen, queremos justicia. Que se reparen los nombres de nuestros abuelos. Que la memoria no se pierda. Es indignante que no sepamos qué pasó con nuestros abuelos después de cuarenta a­ños», relata Maria José.

El 31 de mayo, un grupo de familiares aprovechaba que el cónsul de Argentina en Vigo se encontraba en Xixón para denunciar 400 asesinatos ocurridos en la Quinta Pedregal en Avilés, un edificio que fue testigo de detenciones y torturas a cientos de víctimas. Otras víctimas y familiares están preparando denuncias, todos con la esperanza de que la justicia universal juzgue lo que la Ley de Amnistía impide en España.