“Cuando supe que estaba en la lista
negra me di cuenta de que podía ser
incomunicado, torturado y encarcelado
en cualquier momento, sin saber
siquiera por qué”. En mayo de
2009, Artzai Santesteban, joven de
Antsoain (municipio de la comarca
de Pamplona), explicaba de esta forma
sus miedos tras descubrir que
su nombre estaba incluido en lo que
terminaron denominándose “listas
negras”. Como él, cerca de 300 chavales
engrosaban esta relación de
nombres elaborada por Policía española
y Guardia Civil. Tras meses
de incertidumbre, agentes uniformados
irrumpieron en casa de
Santesteban, aunque no se encontraba
allí. Después de meses de seguimientos
y de acoso, los policías
no le encontraron en su domicilio.

Al mismo tiempo, otros siete jóvenes
eran arrestados en Pamplona
durante una operación que terminó
con 34 detenidos; era noviembre de
2009. Finalmente, el 10 de junio de
2010 fue arrestado en Roma, junto a
dos compañeros, mientras realizaban
una acción en la que denunciaban
la persecución contra los jóvenes
vascos. Ahora, permanece encarcelado
a la espera de juicio.

La “pertenencia” a Segi

Desde 2007, 214 jóvenes han sido
detenidos en Euskal Herria bajo la
acusación genérica de “pertenencia”
a organización terrorista. En
realidad, de lo que se le acusa es de
estar organizados en Segi, grupo juvenil
vasco que había sido calificado
como “ilícito” por la Audiencia
Nacional pero que terminó definido
como “terrorista” por el Tribunal
Supremo. Con la nueva tipificación,
los magistrados abrieron la vía a
que cualquier joven que tomase parte
en la estructura independentista
pudiese ser detenido. Como es habitual,
los arrestos se realizaban de
noche y a los detenidos se les imponía
la ley antiterrorista, que avala la
incomunicación durante, al menos,
tres días. Muchos de los arrestados
han denunciado torturas durante su
cautiverio. “El objetivo de los malos
tratos era obtener autoinculpaciones
y nuevos nombres que sumar a
la lista de perseguidos”, señalan
desde el movimiento Eleak, que defiende
los derechos civiles y políticos
en Euskal Herria.

Las estadísticas evidencian la
magnitud de la estrategia desarrollada
desde Madrid contra los jóvenes
independentistas. Del número
total de detenidos, 132 fueron encarcelados.

Las macrorredadas se
desarrollaron en diferentes puntos
de Euskal Herria, aunque Iruñerria
(comarca de Pamplona) ha sufrido
especialmente los operativos policiales:
79 jóvenes han sido detenidos.
De ellos, 46 han denunciado
torturas y 51 terminaron encarcelados,
todos ellos en prisiones alejadas
de sus lugares de origen. Ade -
más, los imputados y sus familias
han tenido que enfrentarse al pago
de más de 250.000 euros en fianzas.

Un juicio postergado

La angustia de no saber cuándo
irrumpirá la policía en sus domicilios
da paso ahora a la incertidumbre
que provoca ser condenado a
penas de ocho o diez años de cárcel
debido a su militancia. Ésa es la
amenaza que condiciona las vidas
de 11 jóvenes de Iruñerria que debían
de haber sido juzgados a partir
del 4 octubre. La pena total que solicita
el fiscal es de 110 años. Su acusación:
estar organizados en el movimiento
independentista vasco.

Finalmente, un problema técnico
con uno de los acusados, que fue extraditado
desde Francia, ha retrasado
el inicio del proceso. “Ante esta
situación, queremos reivindicar el
derecho de los jóvenes para organizarnos”,
explicaba Iker Aristu, uno
de los imputados, durante una rueda
de prensa en la que recibieron el
apoyo de diferentes grupos juveniles.

El 1 de octubre, Eleak ha convocado
una manifestación en Iruñea.
Además, las adhesiones hacia las
víctimas de esta persecución prolongada
en el tiempo se multiplican.
Un hecho que, desde Eleak, consideran
un anacronismo. Como han
señalado sus portavoces, Asier
Biurrun y Espe Iriarte, “ahora que
se abren oportunidades ciertas para
alcanzar un nuevo escenario de paz
y resolución del conflicto, nos parece
muy grave que los Estados sigan
apostando por la represión y la cárcel
contra el rival político”.