CONTRA LOS CIES. Masiva manifestación en Madrid el pasado 12 de abril.

El que la UE desarrolle una
legislación común sobre
procedimientos de expulsión,
internamiento de extranjeros
y devoluciones, mientras
se obvian cuestiones como la cooperación
con los países de origen, la
integración y promoción social y el
derecho familiar de las personas inmigrantes,
refleja un rumbo político
y normativo claro. El fenómeno
migratorio se aborda con mecanismos
represivos.

Esto queda claro en el borrador de
prepuestas del Pacto europeo sobre
la Inmigración para la próxima presidencia
francesa de la UE, el 1 de julio,
que negocian los gobiernos de
Sarkozy y Zapatero: control de fronteras,
selección del inmigrante (contratos
en origen, contratos de integración
y eliminación por ley de los
procesos de regularización colectivos)
y por último, endurecimiento y
agilización de los procedimientos de
expulsión. El inmigrante y su familia
son considerados mano de obra. Los
flujos migratorios se regulan según
las necesidades de la economía.
Cuando no se necesitan trabajadores
se les expulsa.

Aunque las propuestas reales del
Gobierno español respecto a la legislación
de extranjería aún se desconocen,
los avances y declaraciones
apuntan hacia un endurecimiento en
esta legislatura.

Pocos días después de emitirse un
informe del Parlamento Europeo que
denunciaba las malas condiciones
de los Centros de Internamiento de
Extranjeros en España, el Ministro
del Interior Rubalcaba anunció la
ampliación del plazo de internamiento
de 40 a 60 días, sin tener en cuenta
los numerosos testimonios de internos
y familiares que denunciaban en
los medios de comunicación las malas
condiciones y los malos tratos en
estos centros.

El nuevo ministro de Trabajo, Corbacho,
ya ha anticipado que la modificación
de la ley de extranjería pasará
por el consenso entre los dos grandes
partidos. Esto indica un distanciamiento
de su antecesor Caldera,
para acercarse a las posturas del PP.
Las mismas que en la campaña electoral
el PSOE calificó de xenófobas.
También ha anunciado que en julio
se aprobará un plan de retorno
voluntario, que servirá para facilitar
la marcha de los inmigrantes en paro.
El plan propone la posibilidad de
cobrar en un pago único la prestación
por desempleo a cambio de que
el inmigrante vuelva a su país. Tras
asegurar que no se trata de una medida
de discriminación positiva que
beneficie al inmigrante, animó a los
empresarios a contratar a parados
españoles. Además propuso incentivos
que hicieran atractivos a los españoles
trabajos como el de los temporeros.
Numerosas organizaciones
sociales temen que la figura del arraigo
social, el procedimiento por el
cual las personas en situación irregular
pueden acceder a la residencia legal
tras contar con un contrato de
trabajo y tres años de residencia en
España, pueda sufrir algún endurecimiento.
Esto, que ha sido planteado
por el PP y Coalición Canaria, supondría
un aumento de personas en
situación irregular.

Aunque Caldera apuntaba al desarrollo
de mecanismos que permitiesen
trabajar a los familiares (cónyuge
e hijos) reagrupados por el trabajador
inmigrante, el nuevo ministro
no ha vuelto a mencionarlo, de
modo que se seguirá limitando la diversificación
de los ingresos económicos
de su unidad familiar.

Por último, el aumento del paro en
sectores como la construcción está
dificultando la renovación del permiso
de trabajo, ya que requiere una
cotización a la Seguridad Social (SS)
de un mínimo de seis meses al año.
Las medidas anunciadas en la anterior
legislatura de ayuda a los trabajadores
de estos sectores, no se han
desarrollado. El inmigrante que no
logra la cotización mínima a la SS,
no consigue la renovación del permiso
de trabajo y como consecuencia
de esto pierde su permiso de residencia.
Él y su familia quedan en situación
irregular, susceptibles de ser expulsados.
Esta es una de las vías por
la cual el gobierno regulará la inmi
gración durante la crisis económica.