APOYO A UNA IMPUTADA POR ABORTO. El 28 de mayo, cientos de personas acompañaron a Mª José Contreras al juzgado.

El 28 de mayo, Día Internacional por
la Salud de las Mujeres, la Coordinadora
Estatal de Organizaciones
Feministas (COEF) volvía a denunciar
la “absoluta inseguridad e incertidumbre
jurídica” derivada de la actual
ley, que sólo despenaliza parcialmente
el aborto. Prueba de ello
es que diversos juzgados del Estado
siguen citando a declarar a algunas
de las más de 15.000 personas que
han firmado autoinculpaciones reconociendo
haber abortado o haber
acompañado a una mujer a abortar,
en el marco de la campaña estatal
por el derecho de las mujeres a decidir.

Al cierre de esta edición, DIAGONAL
contabilizaba 56 citaciones en
Catalunya, País Valencià, Sevilla y
Granada, donde el juzgado 1 de instrucción
citó a 17 mujeres para declarar
por un delito de aborto el día
19 de junio. Algunos juzgados han
llegado a mandar a la Policía a las
casas de varias mujeres.
Según la CEOF, esto demuestra
“el interés de algunos jueces para llevar
hasta el extremo las más restrictivas
interpretaciones” de la ley, creando
situaciones de “acoso a la libertad
y dignidad de las mujeres”.

Esto es patente en Tarragona,
donde, desde febrero, seis juzgados
han recibido autoinculpaciones y
cuatro las han archivado. Los juzgados
1 y 3 de instrucción de Tarragona
han llamado a declarar a diversas
personas de las 170 autoinculpadas
en febrero. Y ahora prosiguen con
las citaciones: esta vez han llamado
a mujeres y hombres de entre los 400
que se autoinculparon el 28 de abril
en solidaridad con las primeras personas
citadas. Belén C. Bel, de la
Campanya pel Dret a l’Avortament
Lliure i Gratuït, cree que citarán a
unas 120 personas más. Por ahora le
constan “unas 22 citaciones en
Molins, Sant Feliu, Reus, Tortosa,
Manresa, Badalona y Barcelona”. El
3 de junio, el secretario general d’Iniciativa-
Verds, Jordi Guillot, declaró
como testigo ante el juzgado 7 de
instrucción de Barcelona por una citación
del 3 de instrucción de Tarragona.
Dos días más tarde y por similar
motivo, una militante de CC OO
acudía al 28 de instrucción de
Barcelona.

Algunas personas que apoyaron
la campaña feminista estatal han sido
objeto de presiones policiales. El
21 de mayo, dos policías nacionales
irrumpieron en casa de una militante
de Joves d’Esquerra Republicana
del País Valencià (ERPV) de Sagunt
“preguntándole por su edad y acusándola
de haberse autoinculpado
en falso”, según Inma Cunyat, secretaria
de la Dona d’ ERPV. Ella se
negó a declarar.

Además de tres militantes
d’ERPV, los juzgados valencianos citaron
a declarar, en plena campaña
electoral, a dos afiliadas de Esquerra
Unida por un delito de aborto. El juzgado
19 de instrucción de València
imputó a una de ellas por falso testimonio
aunque después archivó la
causa. La segunda declaró el 28 de
mayo. Según Anna Ródenas, de la
dirección de EU-PV, el juez le hizo
todo tipo de preguntas: “dónde y
cuándo se practicó el aborto, el facultativo,
la clínica... Ella ejerció su
derecho a no declarar”.
Por su parte, la Asamblea de Mujeres
de Granada presentó 700 autoinculpaciones
el 7 de febrero en los
juzgados de Madrid junto a las de la
Asamblea Feminista madrileña. En
mayo éstos mandaron a la policía a
casa de una de ellas y contactaron
con el hermano de otra para que les
llamaran. Según Concha Porcuna,
miembro de la Asamblea, es “extraño
tal como están de colapsados”.
Aunque es “una molestia”, recuerda
que “es el juzgado quien tiene que
llamarlas”, no a la inversa. El 5 de junio,
el juzgado 1 de instrucción de
Granada citó a 17 mujeres más para
declarar como imputadas para el 19.
La CEOF, formada por 20 asociaciones
de 11 autonomías, vuelve a
pedir la despenalización del aborto
dado el silencio del Gobierno ante
las “reiteradas exigencias de cambio”
de la “restrictiva” ley vigente. La
CEOF exige normalizarlo como
prestación en la red sanitaria pública
y reivindica que se garanticen la educación
sexual en el ámbito escolar y
el acceso a la anticoncepción de urgencia
(píldora poscoital) en el Sistema
Nacional de Salud.