APOYOS. Organizaciones antifascistas marcharon en apoyo a la clínica después que ésta sufriera una agresión en enero de 2006.

Las organizaciones de ultraderecha
se han propuesto dilatar el proceso
contra la clínica de abortos Isadora
por presuntos abortos ilegales, iniciado
en 2007 por una denuncia de
la plataforma ultra La Vida Importa
ante el Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA).

La fase de instrucción se
acercaba a su fin y el Ministerio Fiscal
no preveía realizar acusaciones.
Todo apuntaba a que el caso iba a
cerrarse. Sin embargo, el 3 de junio,
José Sierra, titular del juzgado
número 47 de instrucción de
Madrid, aceptó que el partido ultraderechista
Alternativa Española
(AES) se personara como acusación
popular en el proceso después
de que éste abonara una fianza de
2.000 euros. Diez días después, la
Plataforma Unidos por la Vida, que
agrupa a diversas entidades antielección
(autodenominadas provida)
solicitó lo propio en un texto calcado
del que presentó el Centro de
Estudios Jurídicos Tomás Moro. En
2007 este Centro de Estudios de ultraderecha
y el Partido Social Europeo
habían intentado entrar en el
proceso y Sierra no se lo permitió.

Empar Pineda, portavoz de Isadora,
lamenta que AES tenga “acceso
a todo el sumario. Pueden consultar
investigaciones, informes
médicos de las mujeres, nombres
de profesionales... igual que en el
sumario contra las clínicas del doctor
Morín”, cuyo cierre en noviembre
de 2007 marcó el auge de la actual
ofensiva antiabortista.

AES es uno de los partidos ultraderechistas
más implicados en esta
ofensiva (ver DIAGONAL nº 79).
Fundado en 2003, es contrario al
aborto y al matrimonio homosexual
y se relaciona con organizaciones
como la neonazi Democracia
Nacional, con la que concurrió a las
elecciones del Parlament de Catalunya
en 2006 bajo el paraguas de
la plataforma Adelante por
Cataluña. Esta coalición, que el pasado
abril inauguró nueva sede en
Barcelona, agrupa a la Asociación
en Defensa de España, Hermandad
de la División Azul, ACAE, Asociación
Cultural Bruc, Resurgir Hispánico
y el Frente Democrático Español,
entre otros. Concebida como
“refugio para los catalanes descontentos
con el PP de Piqué”, está liderada
por Esteban Gómez Rovira,
conocido abogado ultraderechista
que en los ‘80 cuestionó la Llei de
Normalització Lingüística ante el
Tribunal Constitucional. En 1988,
Gómez Rovira encabezó la lista de
Juntas Españolas, partido que en
1994 se fusionó con la entidad nazi
Círculo de Amigos de Europa (CEDADE)
para crear Alternativa Demócrata
Nacional. En Barcelona,
Adelante Cataluña agrupa a disidentes
del PP como el ex líder popular
del barrio de Gràcia, José
Antonio García Clemente, y organizó
el último homenaje a la bandera
española el 12 de octubre de 2007.
El secretario general de AES, Rafael
López Diéguez, militó en Fuerza
Nueva y es yerno de su fundador,
Blas Piñar. Según El Confidencial
Digital, está vinculado a Suala
Capital Partners SL, sociedad de
asesoramiento de fondos de inversión
fundada por Ana Patricia
Botín. López Diéguez es también
delegado de Hospes Hoteles, compañía
en la que participa Alicia
Koplowitz, y se le relaciona profesionalmente
con Emiliano Revilla.

Sierra aceptó a AES como acusación
popular sin consultar con la fiscalía,
que no preveía formular acusaciones
contra Isadora. Con la fase de
instrucción cercana a su fin, el caso
tenía todos los visos de archivarse.
Según Empar Pineda, “parece que
quiera favorecerles. Las fianzas para
ser acusación popular suelen ser mayores,
nunca en mi vida había oído
hablar de una tan pequeña”. De hecho,
la clínica ha podido saber que
“Sierra fue uno de los tres jueces propuestos
por el PP para la renovación
del Consejo General del Poder Judicial”.

Isadora ha presentado un recurso
de apelación ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.
La querella de AES incluye datos
falsos como un artículo de El País
que afirma que la clínica “tiraba a la
basura ordinaria” fetos de gran tamaño
y gestación avanzada.

El pasado mayo, la Agencia de
Protección de Datos archivó la denuncia
por infracción de datos contra
Isadora y desmintió al SEPRONA,
que aseguró haber hallado informes
de mujeres y restos de fetos
en plena calle. La Agencia atestiguó
que los documentos estaban
en bidones opacos y cerrados para
ser incinerados (ver DIAGONAL
nº 78). En enero de este año y
Guardia Civil mediante, el juez
Sierra llamó a declarar a 25 mujeres,
algunas de las cuales ni siquiera
habían abortado, las interrogó e
incluso las animó a denunciar a
Isadora por la supuesta falta de
protección de sus datos.