PROU PRESONS. Manifestación
por los derechos de los presos el
31 de diciembre de 2005./ Oriol Clavera

El 5 de octubre el Sindicato de Prisiones
de la Federació de Serveis Públics
de Catalunya de UGT (FSPUGT)
entregó una distinción al funcionario
de prisiones Manuel Allué
Pastor “en reconocimiento a su trayectoria”
al término de sus primeras
Jornadas. Días antes, la Coordinadora
Catalana para la Prevención de la
Tortura, que agrupa a 12 organizaciones
de defensa de los derechos
humanos, había puesto el grito en el
cielo denunciando que dicho funcionario
acumulaba numerosas acusaciones
y al menos una condena por
malos tratos a presos. El secretario
de UGT Catalunya, José Mª Álvarez,
rechazó todas las críticas afirmando
que no admitía “lecciones de personas
que no sabemos dónde estaban
bajo la dictadura franquista”. Por su
parte, la trayectoria de Allué es la historia
del entrismo ultra en grandes
sindicatos penitenciarios catalanes y
españoles desde los años ‘80, culminada
con su desembarco en la sección
penitenciaria de UGT.

Manuel Allué empezó a trabajar
en la Cárcel Modelo en 1987 y se afilió
al sindicato ultra UFL. Luego ingresó
en la Unión de Funcionarios de
Instituciones Penitenciarias (UFIP),
que aglutinó al funcionariado de prisiones
fascista en Barcelona y Madrid
tras escindirse de la Central Sindical
Independiente de Funcionarios
(CSIF). La UFIP proponía la cadena
perpetua para los presos de ETA y
su segregación en cárceles de difícil
acceso. Su sección catalana, donde
militaban Allué y Ángel Colmenar
Launes, compartía sede con la Falange
Española de Castelldefels y estaba
dirigida por Pepe Muro, carcelero
de la Modelo y falangista en activo.

Tras su traslado a Andalucía,
Allué, Colmenar y el grueso de militantes
de UFIP pasan a Acción Sindical
Independiente (ASI), creada
en 1989 en la cárcel de Quatre Camins
y dirigida por Francisco Javier
Cañadillas Lucas. Este antiguo militante
del Partido Español Nacional
Sindicalista (PENS), formado en
1969 por los servicios de información
franquistas (SECED) para actuar
violentamente contra la izquierda estudiantil,
fue uno de los 17 miembros
de este partido detenidos por atentar
contra una sede de la UCD en junio
de 1980. Dos de los detenidos afirmaron
que los SECED y el comisario
Roberto Conesa aportaron fondos y
armas para crear un grupo que practicó
la guerra sucia contra miembros
de ETA y el Front Revolucionari Antifeixista
Popular (FRAP). ASI también
se nutrió de militantes del Frente
de Juventud (FJ) en Cataluña,
desarticulado por la policía tras el
atentado de 1980. Las candidaturas
de ASI en Barcelona y Tarragona
se llevaron el apoyo de unos
200 votantes de la UFIP.

En 1991, ASI entra en la sección
de prisiones de Unión Sindical Obrera
(USO-P), creada en la cárcel de
Herrera de la Mancha en 1983. Ese
año el juez Juan José Martínez Zato
expedientó a nueve carceleros del
centro por torturar a presos de ETA.
Según documentos del 2º Congreso
de USO-P de 1993, la “defensa altruista”
de los expedientados por el
secretario de Acción Sindical de
USO, Carlos Solás, les alentó a afiliarse.
Según la revista Artículo 20,
componían la dirección de USOUnión
Sindical de Instituciones Penitenciarias
( USO-USIP) Allué y
Colmenar; Víctor Casado, ex secretario
general adjunto condenado por
estafa; Sandra Soto, ex vicepresidenta
de la Unión Sindical de Trabajadores
de la Administración (USTA);
José Mª Font Cañameras, vinculado
a CEDADE y al VI Comando Adolfo
Hitler y Jesús Beltrán, abogado de
USIP y miembro de la franquista
OJE (Organización Juvenil Española).
USO-P también absorbió militantes
de la hinchada futbolera ultra
Brigadas Blanquiazules, del F.C.
Español y del partido fascista
Alianza por la Unidad Nacional
(AUN), de Ynestrillas. Mientras conseguía
la hegemonía en el sector
(con el 26 % de votos en las elecciones
sindicales de 1994), USIP preconizaba
el “agotamiento filosófico de
la idea de reinserción” (conclusión
del Congreso de USO-P en 1993), y
su secretario general, Allué, afirmaba
que “el sistema de rehabilitación
ha fracasado”. En ese período, Allué
trabó amistad con José Ramón
Manzanares Codesal, responsable
del juzgado de vigilancia penitenciaria
1 de Barcelona. En el 1996, la llegada
de Josep Font Català como director
de la cárcel de Quatre Camins
no fue del agrado de Allué y otros
funcionarios intermedios, que informaron
a Manzanares de los diversos
conflictos que mantuvieron con su
director. El juez, que también mantuvo
discrepancias con Font, dificultó
la concesión de permisos penitenciarios
a los presos para así
crear malestar y tensiones en la cárcel.
Esto le valió en 2001 una condena
del Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya por prevaricación.

Tras establecer relaciones con el
California Correctional Peace Officers
en 1993, el secretario de Relaciones
Internacionales de USIP,
Font Cañameras, viajó en 1996 a visitar
las penitenciarías de Texas.
Según un documento firmado por
el mismo Font en 1999, el fin del viaje
fue iniciarse “en una organización
satánica de la que habría que
responsabilizarme como máximo
representante en España, de la que
formaban parte diversos funcionarios
de prisiones de ideología ultraderechista
y satánica en California
y Texas”. Una vez en el Estado español,
debía fundar “una organización
satánica que aglutinara a todos los
elementos ultraderechistas del ámbito
penitenciario y mantuviera
contactos con los principales partidos
de Estados Unidos y Europa”,
para lo que entró en la secta OTO
de Mataró, cuyos miembros ya habían
sido iniciados por el dirigente
del Front National francés Christian
Bouchet. Pese a afirmar haber
roto todo vínculo con grupos satánicos
y ultraderechistas, Font se presentó
a las elecciones generales de
2004 en la candidatura por Barcelona
del fascista Frente Democrático
Español. También ha ocupado el 5º
puesto de la lista ultra Españoles
Bajo el Separatismo en las elecciones
al Parlament de Catalunya de
noviembre de 2006.

En 1998, la Associació Democràtica
de Funcionaris de Presons
(ADECAF) denunció a USIP ante
Amnistía Internacional Catalunya
(AI) por instigar al maltrato de presos,
aportando la denuncia por torturas
y rigor innecesario de un preso
de Can Brians al que Colmenar y
cuatro carceleros más ataron de pies
y manos a un somier y aporrearon
el 27 de febrero de 1993. En 1999,
poco después de publicitarse la denuncia,
USIP se integró en la sección
penitenciaria de la Candidatura
Autònoma de Treballadors/es de
l’Administració de Catalunya (CATAC),
manteniendo los votantes y la
dirección de Allué, Colmenar y Sandra
Soto. Ese mismo año, su secretario
general, Miquel Pueyo, encabezaba
con Soto la candidatura al Parlament
de Trabajadores Públicos
Rebotados en la que Allué iba en
sexto lugar. Colmenar, condenado
ese mismo año por lesiones, lideró
la lista en Lleida. En junio de 2003,
la sección penitenciaria decidió
abandonar CATAC cuando el sindicato
censuraba sus actuaciones y
debatía su expulsión. Así nació la
Unió del Sindicalisme Penitenciari
de Catalunya (USPC), que se unió a
UGT Presons. USPC-UGT suma
1.500 afiliados y el 66% de la representación
sindical (42,19% de CATAC).
Miquel Pueyo continúa siendo
secretario general en una ejecutiva
de 10 miembros compuesta por
ambas formaciones. A tres meses
de las elecciones sindicales en
Cataluña, previstas para el 14 de diciembre,
USPC-UGT repartió medallas
en sus jornadas, realizadas en
colaboración orgánica con el
Departament de Justicia y con presencia
de los máximos responsables
penitenciarios, el alcalde de Barcelona
y todos los grupos parlamentarios
salvo Iniciativa per Catalunya.