Entre 1997 y 2002 funcionó en Europa
la red No Border, coordinada
por activistas sociales para luchar
contra las deportaciones, los centros
de internamiento y para apoyar la
construcción de organizaciones de
inmigrantes en la UE. A partir de
2003 esta red pasó a llamarse Frassanito,
y estableció sus prioridades
en torno a las políticas de fronteras,
impulsando procesos de movilización
conjunta de europeos e inmigrantes
en base a las reivindicaciones
de regularización de todos los sin
papeles y el cierre de los Centros de
Internamiento de Extranjeros (CIE)
en toda la UE. Movilizaciones contra
las expulsiones en Francia y la ocupación
y desmontaje de múltiples
centros de internamiento en Italia
son parte de las acciones emprendidas
en este marco común.

Cárceles de inmigrantes

Los CIE existen desde hace años en
diversos países de la Unión Europea.
En el Estado español funcionan desde
1985. Se caracterizan por un gran
secretismo y carecen de una normativa
interna de conducta pública, lo
que deja desamparado al detenido.
Esto ha generado numerosas denuncias
de inmigrantes por vulneración
de los derechos fundamentales, toda
vez que, al no existir un listado de
conductas que lleven aparejadas sanciones,
se favorece los abusos por
parte de las autoridades. El control
de los CIE es competencia del Ministerio
del Interior, y es asumido directamente
por la Policía Nacional. Las
prisiones, a pesar de sus duras condiciones
y la indefensión y vulneración
de los derechos humanos que
se producen en su interior, al menos
cuentan con un ordenamiento compacto
con Ley y Reglamento al que
pueden recurrir los reclusos.

Hablar de los CIE es hablar de recintos
carcelarios encubiertos. Su
función es la detención cautelar y
preventiva de extranjeros irregulares
a la espera de su expulsión del
país. En ellos los migrantes pueden
estar retenidos hasta 40 días, privados
de un derecho fundamental como
es la libertad.

La última de las propuestas de acción
coordinada surgió a primeros
de mayo del IV Foro Social Europeo,
en Atenas. Allí se fijo una convocatoria
de movilizaciones por la libertad
de movimiento para el 7 de octubre.
La discusión se centra ahora en cómo
poner en pie una campaña por la
regularización coordinada con vistas
a posibles movilizaciones para el primero
de mayo.