MADRID // SE OBSTACULIZAN LOS PERMISOS PARA LOCALES DE EXTRANJEROS
Las trabas a los inmigrantes dificultan su integración

Mientras continúan cerrados los negocios de inmigrantes que sufrieron presuntas extorsiones por parte de una persona cercana a la Junta Municipal de Tetuán (ver DIAGONAL 31), repasamos casos similares sucedidos con anterioridad en Madrid.

19/06/06 · 0:20
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EL CASO DE TETUÁN. En los últimos cinco meses se precintaban ocho negocios regidos por dominicanos. En ocasiones, los cierres
fueron precedidos por exigencias de dinero, una exigencia que se sigue produciendo en otros locales aún abiertos./ Fran Navajo

Más de cinco meses después de
que la Junta Municipal de Tetuán
decretara su cierre, y a pesar de
que en la mayoría de los casos se
hayan realizado las reformas exigidas
por la Administración, continúan
sin abrirse los ocho negocios
regentados por inmigrantes
dominicanos. A pesar de las sucesivas
visitas que estos comerciantes
realizan a la Junta Municipal
en busca de una solución, las autoridades
locales siguen negándose
a retirar el precinto que pesa
sobre sus negocios. Según Mélido,
propietario de uno de los locales
clausurados, “desde la Junta nos
aseguran que esto va por vía judicial,
y es a los tribunales a donde
debemos acudir”. No obstante, algunos
de ellos ya han conseguido
la licencia municipal que les habilita
para seguir con sus actividades
comerciales. Además, “la propia
ley establece que todo local
precintado en el que se solucionen
los defectos por los que se decretó
su cierre administrativo debe
ser reabierto de inmediato, algo
que es evidente que en este caso
no se cumple”, apostilla
Mélido.

Sin embargo, no es la primera
vez que sucede algo parecido en
la Comunidad de Madrid, ya que
en la propia legislación estatal se
exigen unos requisitos a los inmigrantes
que dificultan su acceso a
un negocio propio. “Te piden un
permiso de trabajo y residencia con
un año de validez, y sólo cuando haces
la primera renovación del mismo
te permiten acceder a tu propio
negocio, a lo que hay que unir que,
tras conseguir tener tu comercio,
tenemos problemas para cotizar a
la Seguridad Social, ya que no existe
un régimen de cotización para
los inmigrantes autónomos”. A estos
problemas legales, se unen los
económicos, puesto que “te exigen
un depósito inicial de 3.000 euros
para todo el ‘papeleo’ que comprende
el registro comercial”.
En los últimos años se han dado
casos llamativos de actuaciones
municipales contra los negocios
de inmigrantes en Torrejón de
Ardoz o en el centro de la capital.

Especialmente representativo es
el caso de Parla. En esta ciudad
del sur de Madrid, cuyo alcalde, el
socialista Tomás Gómez, fue el
más votado de todo el Estado en
las elecciones municipales de
2003, se produjo la retirada de licencia
a 35 establecimientos regentados
por inmigrantes cuatro
meses antes de la celebración de
estos comicios. “En un primer momento
alegaban que en estos establecimientos
se traficaba con droga,
posteriormente, se hablaba de
la falta de licencia y, finalmente,
cuando nos reunimos con el vice
alcalde, ya que el alcalde se negó
a recibirnos, nos dijo simplemente
que era una decisión del señor
Gómez, sin darnos ninguna otra
explicación”, afirma Ahmed Akean,
mediador social para la inmigración
en Parla. Sin embargo, el
propio alcalde, a pesar de negarse
a hablar con los representantes de
estos comerciantes, una vez celebradas
las elecciones municipales,
y tras sucesivas manifestaciones
y actos de protesta, “en
principio, nos ofreció diálogo directo”,
según Akean, y posteriormente,
de una forma unilateral,
“decidió permitir que se reabrieran
los negocios cuatro meses
después de su victoria”.

En Tetuán, mientras, se repite
una situación similar, en la que
la Junta Municipal dice desconocer
la existencia de cualquier denuncia
por parte de los comerciantes
y aseguran no estar informados
del asunto. Esta actitud
es criticada por Los Verdes,
quienes consideran que “los responsables
políticos de la Junta
de Tetuán deben recibir a estos
empresarios y hacer cumplir la
legalidad, de lo contrario estarían
actuando contra la integración
económica y social de inmigrantes
que realizan sus actividades
en plena legalidad”.

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