Las consecuencias represivas de la última huelga general en Logroño parecen no tener fin. Al final de la multitudinaria manifestación celebrada el día de la huelga en la capital riojana se vivieron unas escenas de violencia desconocidas hasta la fecha. La policía cargó duramente contra los manifestantes, hasta el punto de emplear balas de goma para disolverlos, algo que no se veía en esa ciudad desde los años setenta. La intervención policial acabó con numerosos heridos y contusionados. Se detuvo a Pablo Alberdi, sindicalista de CNT, y se abrió un proceso judicial contra él y contra el secretario de Acción Social de ese sindicato en Logroño. Ambos sumaban peticiones por un total de 14 años de cárcel.

Dos meses después de la huelga del 14N, el temporal de nieve anunciado para estos días en la capital riojana está pasando desapercibido frente a la “ciclogénesis represiva” que ha desatado el ministerio fiscal y Delegación de Gobierno: las penas que se piden se elevan hasta sumar un global de 21 años. Además, ocho personas, todas ellas pertenecientes a distintas organizaciones sociales, han recibido en la última semana sanciones administrativas por un total de 22.400 euros.

Henar Moreno, abogada defensora de los dos sindicalistas de CNT Logroño y coordinadora regional de Izquierda Unida, explica a DIAGONAL que no es que se hayan aumentado las penas sino que la acusación de la fiscalía ha pasado de considerar la calificación de los hechos de falta a delito, por lo que se suma un año a cada uno de los acusados en la petición de condena. Moreno, que también representa a algunos de las personas sancionadas, explica que éstas no fueron identificadas en el momento de los hechos. "La única explicación razonable es que se haya “echado mano” de ficheros policiales sobre activistas", concluye.

La sociedad civil logroñesa ya dio muestras de unidad cuando 17 organizaciones de diversa índole convocaron el pasado 20 de noviembre una rueda de prensa conjunta en la que denunciaban la política del miedo del Partido Popular y pedían la dimisión del Delegado de Gobierno en esta comunidad, Alberto Bretón.

Debido a la llegada de las multas y al aumento de penas, las organizaciones logroñesas han decidido unirse en una plataforma contra la represión que se presentará públicamente el próximo martes 12 y que ya cuenta con la adhesión de 23 entidades sociales y políticas. Diego Sáenz secretario de prensa de CNT Logroño, considera que aunque ahora la represión está cayendo sobre su sindicato, el problema afecta "a todas las organizaciones que no se dejan amedrentar”.

Como muestra de la corriente de solidaridad frente a las actuaciones de Delegación de Gobierno y del ministerio fiscal, en estos dos meses se han realizado múltiples acciones de apoyo a los acusados. Desde una campaña de firmas en las calles y en las redes sociales a la instalación de mesas informativas, pasando por conciertos de apoyo, una manifestación o comidas solidarias. Además, CNT ha lanzado una campaña en todo el Estado que llevó el pasado 2 de febrero al encausado Pablo Alberdi a la ciudad de Madrid para dar a conocer la situación del caso.

Vuelta a empezar

El problema es que el calendario de movilizaciones estaba preparado para un juicio que se iba a celebrar este viernes 15 de febrero. Ahora, después de que el abogado del Estado haya decidido presentarse como acusación, el juicio vuelve al principio. Lo que sorprende a la abogada defensora porque “aunque tiene derecho, hasta ahora no acostumbraba a personarse”. Así, se deben volver a practicar todas las diligencias previas y en función de ellas, volver las partes a presentar sus escritos.

Esto no ha impedido que la acusación de la Fiscalía ya se haya filtrado al diario regional La Rioja, del grupo Vocento, dueño de ABC. Según Moreno, “pareciera, al leer su escrito de acusación, que lo que buscan es la ilegalización de un sindicato concreto”.