POR EL DERECHO A DECIDIR. Manifestante en una movilización en defensa del aborto.

POR EL DERECHO
A DECIDIR.Manifestante en
una movilización
en defensa del
aborto.

Más de la mitad de los expertos llamados
ante la Subcomisión del aborto
han expuesto ya en el Congreso
de los Diputados sus propuestas.
Hasta el momento no ha habido sorpresas:
quienes han intervenido a iniciativa
del PSOE han apostado por
regular el derecho de las mujeres a
decidir y defendido una ley de plazos,
mientras que los especialistas
propuestos por el PP siguen identificando
aborto con asesinato.

La Asociación de Clínicas Acreditadas
para la Interrupción Voluntaria
del Embarazo (ACAI) pidió que
se respete el manifiesto de la Federación
Internacional de Profesionales
del Aborto y la Anticoncepción, que
reclama un marco legal que garantice
el acceso al aborto seguro. Ante el
Congreso, esta asociación reclamó
una ley que fije 24 semanas de plazo
para decidir y que más allá de este
periodo sólo se pueda abortar en casos
clínicos excepcionales. Justa
Montero, de la Coordinadora Estatal
de Organizaciones Feministas, fue
más allá y defendió la libertad total
de decisión, sin plazos ni supuestos,
para que se deje de “tratar a las mujeres
como menores de edad”. Pero
la posición con más respaldos coincide
con la trasladada por la Asociación
de Planificación Familiar de Cataluña
y Baleares, que defiende una
ley civil, es decir fuera del Código
Penal, de 24 semanas, y que a partir
de este período sólo sea posible por
indicación médica, pero “respetando
el derecho a decidir”, ya que hay mujeres
que quieren seguir con su embarazo
aunque haya, por ejemplo,
un diagnóstico de malformación fetal
o de grave riesgo para la madre.

Por su parte, las posiciones conservadoras
siguen “inventando argumentos”
para penar el aborto y sus
posturas son de retroceso frente a la
legislación actual, señaló Empar Pineda.
La cofundadora de la Comisión
pro Derecho al Aborto del Movimiento
Feminista hacía referencia
al “síndrome post aborto” que, según
los grupos ‘pro vida’, tienen las
mujeres después de interrumpir el
embarazo. El presidente del Instituto
de Política Familiar, Eduardo Hertfelder
de Aldecoa, que habló de ese
“síndrome”, llegó a afirmar que el
aborto es “la principal causa de violencia
contra la mujer”.

Sin embargo, y pese a que la Subcomisión
lleva ya tiempo trabajando,
diferentes organizaciones feministas
temen que el Gobierno no esté dispuesto
a despenalizar el aborto. La
ministra de Igualdad, Bibiana Aído,
mantuvo el pasado mes de julio una
reunión con una delegación formada
por feministas, profesionales de la
salud sexual y reproductiva y otros
colectivos que reivindican la despenalización
del aborto. Según Montero,
que asistió a dicha reunión, obtuvieron
el compromiso de que se
aprobaría una nueva ley, pero no de
que estuviera fuera del Código Penal.
Sobre este aspecto, Empar Pineda,
que también estuvo presente, señaló
que “hay una contradicción”, porque
si se aprueba una ley de plazos –como
ella misma defiende– serían penalizadas
todas las interrupciones
del embarazo que se produjeran con
un periodo de gestación superior al
fijado en la norma. Asimismo, aseguró
que algunas feministas temen
que el Gobierno quiera aprobar una
“ley de plazos encubierta”, es decir,
que se añada un nuevo supuesto que
contemple el aborto libre en unas semanas
determinadas y elimine el de
violación, pero subrayó que esta posibilidad
es “un rumor”. Por su parte,
la portavoz de la Plataforma por
una Ley del Aborto (PLA), Beatriz
Gimeno, también aseguró tener la
impresión de que no va a haber despenalización
pero matizó que la PLA
aceptaría una norma que “garantice
la intimidad de las mujeres, que se
pueda abortar dentro de la sanidad
pública” y que contemple la igualdad
territorial. “Pienso que saldrá
una ley mejor” y, si es así, “podríamos
pedir después la despenalización
total”, agregó Gimeno.

Mientras, continúan las imputaciones
contra mujeres, que en el marco
de una campaña de autoinculpaciones
han afirmado haber abortado.

A finales de octubre declaraba ante
el juzgado nº 4 de Sagunto, una afiliada
de Esquerra Republicana del
País Valencià. Según este partido, es
la octava comparecencia ante juzgados
en esta comunidad.