RADIOGRAFÍA: ENORME DISPARIDAD DE SITUACIONES SEGÚN LAS REGIONES
Sólo el 2,9% de los abortos se hace en la red pública

Aunque en el Estado español el aborto está despenalizado en tres supuestos concretos desde 1985, un reciente informe elaborado por organizaciones feministas denuncia que las mujeres no tienen garantizada esta prestación en la red sanitaria pública -en siete Comunidades no se practican abortos en hospitales públicos-, lo que las fuerza a pagar por ejercer un derecho.

13/12/07 · 0:00
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Como el Reino Unido, el Estado español
regula la interrupción voluntaria
del embarazo bajo una ley de
indicaciones: se puede practicar bajo
unos supuestos determinados,
pero fuera de ellos abortar está penado.
Las organizaciones feministas
critican que la ley de despenalización
parcial del aborto mantiene
la tutela judicial y médica sobre el
cuerpo de las mujeres y no garantiza
la prestación en la red sanitaria
pública, forzándolas a pagar por
ejercer un derecho.

Según el informe Interrupción voluntaria
del embarazo: el derecho de
las mujeres a decidir, de la Coordinadora
Estatal de Organizaciones
Feministas (COEF), publicado el pasado
marzo, la ley de 1985 arroga el
poder de decidir “a los jueces, porque
el aborto sólo está despenalizado
en tres supuestos, y a ellos corresponde
decidir si la causa que una
mujer alega entra o no en uno de los
supuestos contemplados”. Al seguir
tipificado el aborto como delito, no
hay seguridad jurídica de que no se
persiga. En 1985, Acción Familiar,
asociación próxima al Opus Dei, se
querelló contra tres profesionales de
ginecología del hospital público Virgen
del Camino de Pamplona por implementar
la ley. El juicio se celebró
en 1990 y culminó en su absolución.
17 años después, ni una clínica navarra,
pública o privada, practica abortos
y las mujeres tienen que desplazarse
a otras comunidades.

Aunque la ley prevé que se realice
en hospitales públicos y clínicas
acreditadas por Sanidad, sólo el
2,9% de las interrupciones se hacen
en la red pública.
La pública, un vía crucis
En siete comunidades no se practican
abortos en hospitales públicos.

Además se da una enorme desigualdad
en la financiación entre zonas:
en Andalucía y Murcia, el Servicio
de Salud concerta el pago del 47% y
el 70% de abortos en clínicas privadas
respectivamente. En otras comunidades
se reembolsa el pago de algunas
interrupciones voluntarias a
las clínicas, a las mujeres u ONG que
las tramitan, y en otras zonas, no hay
concertación. En la red pública, la
complejidad de los trámites puede
retrasar el aborto hasta las 12 semanas
de gestación, fecha en la que muchos
hospitales se niegan a practicarlo.

No hay un único protocolo de
atención, por lo que ésta varía por
comunidades autónomas, ciudades
y hasta por hospitales. La mujer explica
el supuesto por el que quiere
abortar al o la responsable de ginecología:
si es por riesgo para su salud
física o psíquica (97% de abortos y
47% de los realizados en la pública),
puede encontrarse con una negativa;
si este responsable lo acepta, la comisión
interdisciplinaria del hospital
vuelve a valorar sus argumentos. En
caso de malformación fetal el hospital
deriva a otras provincias, comunidades
o puede pagar el aborto a clínicas
privadas. Además, la desregulación
de la objeción de conciencia
permite que todo el personal implicado
en la interrupción pueda negarse
a participar.

Quien paga decide

Aunque en las clínicas privadas el
procedimiento de acceso al aborto es
más sencillo, la Coordinadora de
Organizaciones Feministas critica que la mayoría no oferten abiertamente
el aborto farmacológico: el
compuesto RU 486 paraliza el embarazo
a las dos o tres semanas y evita
desplazamientos. Su precio de coste
es de 60 o 70 euros y se llega a vender
a 420, superando el coste medio
de un aborto quirúrgico en unos 380
euros. Las menores de edad requieren
permiso de progenitores o tutores
para abortar, ya que la Ley
41/2002 de derechos del paciente trata
la interrupción voluntaria del embarazo
como excepción a la prevalencia
de su derecho a decidir sobre
intervenciones médicas. Ante el laberinto
de obstáculos a la libre decisión,
la COEF reclama sacar el aborto
del Código Penal, “salvo en el caso
de que se realice contra la voluntad
de la mujer” y realizar las interrupciones
del embarazo de menos de
ocho semanas en la atención primaria
para evitar costes de atención y
hospitalización. También reclaman
que se normalice su enseñanza en la
carrera universitaria para asegurar
la formación y preparación de quien
lo practique, que se derogue la cláusula
de tutela sobre el consentimiento
de menores de la Ley 41/2002 y
que los hospitales públicos publiquen
la lista del personal objetor y garanticen
que las nuevas contrataciones no
sean a profesionales que objeten.
Tras las detenciones y registros en
Ginemedex-TCB, sólo Iniciativa per
Catalunya ha pedido la despenalización
total del aborto.

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