En poco más de 30 años el Estado ha pasado de tener una población reclusa de 18.583 personas en 1980 a 70.695 en junio de 2012, según fuentes del Ministerio del Interior. El Estado español es el segundo de la UE con la proporciónmás alta de población reclusa. Aunque 2011 ha sido el año con la tasa de criminalidad más baja de la última década, el número de personas encarceladas no ha parado de aumentar en el Estado.

Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau, argumenta cómo esta situación paradójica se debe a opciones políticas. “En nuestro país se ha optado por un sistema penal duro, con condenas superiores a la media de países europeos, y por tanto con tasas de encarcelamiento superiores a cualquier otro país de Europa occidental aunque las tasas de delincuencia son más bajas”. Y prosigue, “la opinión pública pide más cárcel porque tiene la visión de que la prisión es blanda, y luego los políticos anuncian medidas penales duras para conquistar votos”. Ibáñez se refiere a la utilización populista del derecho penal por parte del grueso de los partidos políticos. Se caracteriza por una inmediata y permanente llamada a la penalización para hacer frente a determinadas problemáticas sociales caracterizadas por su repercusión mediática.

Como afirma Ibáñez, el derecho penal se convierte, pues, en un arma política que genera a corto y medio plazo fructíferos réditos políticos y electorales. Según Eduard Ibáñez, las políticas sociales públicas no se diseñan para incidir en las verdaderas causas que provocan algunas manifestaciones delictivas, sino que dejan intactas las estructuras que se irán nutriendo de nuevos candidatos empujados por situaciones de marginalidad y exclusión social.

“La prisión debe ser una escuela de libertad”, declaraba meses atrás Mercedes Gallizo, ex secretaria general de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior. La Constitución española, en el artículo 25.2 le da la razón. “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social”. Pero la realidad dista mucho de leyes y declaraciones. Según Eduard Ibáñez, la función rehabilitadora es la misión secundaria de un sistema que lo que quiere es castigar, “si realmente se quisiera rehabilitar, tendríamos escuelas, no cárceles”.

Iñaki Rivera, miembro de la Coordinadora Catalana para la Prevención de la Tortura y director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona, va más allá: “El sistema penitenciario no ha funcionado nunca, no es un problema concreto actual, es un problema estructural histórico; parte de la contradicción de pretender enseñar a vivir en libertad privando justamente de la misma”. Según Rivera, la pena privativa de libertad cumple otras funciones. La actividad y tratamiento penitenciario y el conceder o denegar permisos y castigos, fomenta la aparición de actitudes individuales en los presos en detrimento de actitudes colectivas o solidarias. Sirve de eficaz instrumento de gobierno disciplinario de la institución. Rivera asegura que así se ha conformado una cárcel quieta, sumisa, que no estalla y da una supuesta benignidad al sistema penitenciario. El preso debe tragarse todo, no puede exigir sus derechos porque sabe que si lo hace se encontrará con muchas dificultades a la hora de conseguir permisos.

En la cárcel, la disciplina se mantiene con la promesa de posibles beneficios o permisos que forman parte de todo el laberinto del tratamiento penitenciario. Contradicciones, versiones oficiales que chocan contra crudas realidades intramuros, y todo acentuado por los primeros apuntes del anteproyecto de reforma del Código Penal, que endurecerá las condiciones de vida en prisión y la nutrirá demás “clientes”.

La paradoja penitenciaria vuelve a flotar hacia la superficie cuando preguntamos a la subdirectora de Tratamiento de una de las cárceles más nuevas del Estado y responde: “Avanzamos hacia un modelo de prisiones resocializador, una prisión de oportunidades“.