ENCIERROS. Cientos de inmigrantes han elegido los encierros como forma de reclamar sus derechos.

“La organización de los sin papeles
da resultados”, resumía una sindicalista
suiza el 4 de enero. Ese día, en el
centro de Zúrich, en la parte alemana
del país, los 150 solicitantes de asilo,
refugiados, inmigrantes con y sin
documentación que llevaban dos semanas
ocupando la céntrica Iglesia
del Predicador para exigir su regularización,
abandonaban el templo y
trasladaban el encierro a otra iglesia.
Pese a las fortísimas presiones y
amenazas de desalojo policial, habían
logrado uno de sus objetivos:
que la máxima autoridad del cantón
de Zúrich aceptase entrevistarse
con ellos el 5 de enero. Días antes,
bajo el lema “nadie es ilegal, regularización
de los sin papeles”,
unas 2.500 personas habían recorrido
el centro de la capital económica
de la Confederación helvética.
Como muestra de su disposición a
negociar, los ocupantes, originarios
en su mayor parte de África, Irán,
Iraq y Afganistán, desalojaron la primera
iglesia, pero, para dejar claro
su voluntad de seguir las protestas
hasta lograr resultados concretos, se
trasladaron a otra. Sus reivindicaciones
eran dos: papeles para todos y el
fin de la prohibición que les impide
trabajar legalmente. Pero más en general,
la movilización buscaba llamar
la atención sobre las condiciones
de vida de los inmigrantes no comunitarios
a los que las leyes de extranjería
dejan sin recursos. Según
activistas que participaron en las protestas,
eso se logró plenamente, consiguiendo
además un amplio seguimiento
mediático.

Más del 20% de los 7,5 millones de
los residentes en Suiza son extranjeros.
El 58% de los inmigrantes tienen
un título universitario y ocupa el 60%
de los puestos directivos de las empresas
que cotizan en Bolsa. Pero
también hay unos 300.000 inmigrantes
sin papeles que trabajan en la
clandestinidad, más del 30% de ellos
en el servicio doméstico. Desde septiembre
de 2006, tras su aprobación
en referéndum con el 68% de los votos,
Suiza tiene la legislación sobre
extranjería y derecho de asilo más
restrictiva de Europa. Según los movimientos
sociales, dicha legislación
abre la puerta a los extranjeros originarios
de la UE, pero se la cierra definitivamente
a los extracomunitarios,
incluidos los demandantes de
asilo, que no tengan alto nivel de estudios.
Para estos, prevé duros mecanismos
de expulsión a la par que
impide casi totalmente su regularización.
La ley contempla penas de
hasta dos años de cárcel a todo extranjero,
incluidos los demandantes
de asilo cuya solicitud se ha rechazado,
que se niegue a abandonar el país
por propia voluntad. E incluye penas
de hasta cinco años de cárcel y
multas de 300.000 euros para quien
albergue a extranjeros con orden de
expulsión. Según el movimiento
Derecho a Quedarse para Todos y
Todas, una de las pocas salidas que
le quedan a los sin papeles, es lograr
que las autoridades de los cantones
soliciten al Estado federal su regularización
en casos especiales, siempre
y cuando cumplan ciertas condiciones
como llevar más de cinco
años y demostrar su integración en
el país. En este contexto, pese a que
ha habido movilizaciones y ocupaciones
de edificios públicos e iglesias
en 2001 y entre 2004 y 2006, el movimiento
por los derechos de los sin
papeles y de los solicitantes de asilo
no ha logrado muchas conquistas.
La aplicación de estas leyes es diferente
en los diversos cantones suizos.

Según la plataforma Bleiberecht
Für Alle (Derechos para Todos), el
de Zúrich se ha destacado por ser
uno de los más duros. A diferencia
de otros cantones, durante 2008,
Zúrich no ha concedido ningún estatuto
de refugiado, a pesar del gran
número de solicitudes.

Por eso, con la ocupación de la
iglesia en el centro de la ciudad, los
sin papeles reclamaban también
que se les aplicase la legislación federal
sobre inmigración, menos restrictiva,
y que las autoridades del
cantón revisaran “con mayor sentido
humano” sus peticiones de regularización.
En la reunión con los
ocupantes, el 5 de enero, las autoridades
no aportaron una solución inmediata,
pero, en lo que fue considerado
por los activistas como una
victoria parcial, se comprometieron
a llevar ante el Parlamento del cantón
una propuesta para poder revisar
los informes presentados. Las
diferentes organizaciones de sin papeles
aceptaron entonces conceder
un tiempo de espera y parar las protestas,
pero acordaron mantenerse
vigilantes para reiniciar las movilizaciones
si fuese necesario.

Bleiberecht Für Alle

Terminaba así una campaña, impulsada
por diversas organizaciones como
la Bleiberecht Für Alle (www.bleiberecht.
ch), que arrancó a principios
de diciembre con diversas acciones y
manifestaciones semanales y que
desembocó en la ocupación de la
iglesia el 19 de diciembre.
Las organizaciones ponen como
ejemplo del maltrato institucional
hacia los inmigrantes sin recursos
la situación de los solicitantes de
asilo. Son personas que no son deportadas
por razones humanitarias,
ya que las autoridades reconocen
oficialmente que sus vidas corren
peligro en sus países de origen, pero
al mismo tiempo, les niegan el estatuto
de refugiado. El asilado, hasta
que no logra ser reconocido oficialmente
como tal, no tiene derecho a
buscar trabajo. Para asegurar su
subsistencia, puede optar a la ayuda
de emergencia que conceden las
autoridades. En la ciudad de Zúrich,
quien haya visto rechazada dos veces
la solicitud de asilo empieza a
recibir la ayuda de emergencia,
que le asegura cobijo y alimentación
básicos –una cama en un refugio
con habitaciones con capacidad
de hasta 50 personas, un bono de
compra diario en los supermercados
Migros por valor de 5,30 euros–
y derecho a la atención médica únicamente
en casos de urgencia. El
bono Migros (una cadena de supermercados)
implica que sólo pueden
comprar productos de esa cadena y
que no tienen dinero en efectivo.

Esto supone, por ejemplo, que al
no poder comprar billetes para el
transporte público, tengan que colarse,
lo que acaba acarreándoles
problemas judiciales. Por otro lado,
mientras se examina el recurso,
el refugiado –y su familia– cuya
primera solicitud ha sido rechazada,
pasa al llamado Programa
de dinamización: tiene que abandonar
su vivienda y trasladarse a
una casa refugio. Cada siete días,
le cambian de refugio, agudizando
así su sensación de inestabilidad,
desarraigo, aislamiento e imposibilitando
su integración. Y esta situación
se puede prolongar durante
años.

La red Bleiberecht denuncia que
estas políticas son una forma más de
criminalización sistemática de los extranjeros
sin recursos.