¿MENORES PELIGROSOS O MENORES EN PELIGRO?
Silencio oficial ante la muerte de un menor

El fallecimiento de un niño de 12 años en el centro Picón
del Jarama ha puesto de nuevo en evidencia los métodos
de la Fundación O’Belén, que gestiona numerosos reformatorios
en distintas comunidades autónomas.

26/12/08 · 0:00
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Una concentración de 150 personas
delante del Instituto Madrileño del
Menor y la Familia (IMMF) el 4 de
diciembre recordó a la Comunidad
de Madrid su responsabilidad en el
suicidio de un niño de 12 años bajo
su tutela ocurrido en uno de los centros
de menores. El menor, llamado
Hamid, llevaba tan sólo diez días en
el centro Picón del Jarama que gestiona
la Fundación O’Belén en la localidad
de Paracuellos (Madrid) y
procedía de otro centro de reforma
que no pertenece a esta empresa.

Según informa a DIAGONAL la
abogada especializada en temas de
menores Sonia Rello, los compañeros
del niño refirieron que los educadores
del centro le habían castigado
a permanecer en su habitación durante
24 horas. En esas circunstancias,
Hamid habría decidido terminar
con su vida. Hay que recordar
que la práctica del aislamiento de
menores fue prohibida por la ONU
en 1990. A día de hoy, el forense no
ha hecho pública la autopsia, que debería
aclarar la versión del suicidio
hecha pública por el centro. Actualmente
éste dispone de 50 plazas.
Tras la muerte del menor, un primo
de éste acudió a la Comunidad
de Madrid (CAM) para pedir explicaciones.
Este organismo le envió al
centro Picón, donde los responsables
atendieron al familiar pero se negaron
a dar ninguna información a los
abogados que habían acudido a prestarle
su apoyo. Entonces la dirección
de Picón del Jarama remitió a su vez
al primo del muchacho y a los abogados
a la Comunidad.

El Gobierno de Esperanza Aguirre
ha rechazado costear la repatriación
del cuerpo del niño a Marruecos,
traslado que finalmente ha sido financiado
por una fundación marroquí.
Explica Rello que “para que
pudieramos hacer algo más allá de
gestionar la repatriación, la familia
tendría que darnos un poder. Yo creo
que, aunque se haya suicidado, tienen
derecho a una indemnización,
porque el centro era responsable de
su vigilancia”. Sin embargo, la abogada
admite que la presencia de un
hermano de Hamid en otro centro de
reforma puede disuadir a la familia
de emprender acciones legales.

Los centros de la fundación, que
se definen oficialmente como terapéuticos,
reciben a menores conflictivos
rechazados por otros centros.
Los testimonios de varios menores
y educadores que han pasado por
las instituciones de O’Belén señalan
que su metodología aboca a los internos
a la marginación y que en
ellos se suceden los malos tratos.
Así, ante el IMMF, los manifestantes
denunciaron el régimen en el
que viven los menores recluidos en
estos centros; acusan a O’Belén de
castigarlos no dejándoles asistir
clase, de someterlos a aislamiento,
de violar su intimidad o de privarlos
de libertad sin el aval de ninguna
orden judicial. También denuncian
que pese a que la mayoría no requiere
tratamiento psiquiátrico son
medicados con ansiolíticos, antidepresivos
e hipnóticos.

Financiación

La Fundación O’Belén está presidida
por Emilio Pinto Rodríguez y se financia
con las subvenciones que
aportan gobiernos autonómicos como
los de Castilla La Mancha, Castilla
Léon, Murcia, Cantabria o la Comunidad
de Madrid. Estos organismos
pagan a los centros aproximadamente
250 euros por día y por menor.

La Fundación, que se constituye
como una ONG, recibe también
aportaciones privadas por parte de
Ibercaja, cuyo subdirector territorial
para la zona centro, José Morales
Paules, fue uno de sus impulsores.
Asimismo, recibe fondos de otras
empresas como Peugeot o Lábaro.

En julio de 2007, su centro de la
Jarosa, en el barrio madrileño de
Tetuán, fue clausurado después de
una investigación del Defensor del
Pueblo iniciada tras las múltiples
denuncias de malos tratos de internos
y educadores. La mayoría de los
menores recluidos en el centro de
La Jarosa fueron entonces trasladados
al Picón.

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Tags relacionados: Centros de menores Control social
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