El 12 de febrero se presentaba la plataforma Stop Represión que aglutina a 30 colectivos logroñeses. El objetivo, denunciar la mano dura dirigida por Delegación de Gobierno contra los actos de protesta.
Las últimas semanas han sido especialmente difíciles para las organizaciones sociales logroñesas: ocho sanciones administrativas de 2.800 euros se venían a sumar al total de 21 años de cárcel que el fiscal anunció que pedirá a las tres personas acusadas tras la huelga general del 14N de 2012. IU-La Rioja ya ha presentado una querella por las multas, las peticiones de cárcel y las identificaciones arbitrarias por parte de la policía. Como consecuencia de este clima de persecución, ayer, martes 12 de enero a las 10 de la mañana se presentó públicamente la Plataforma Stop-Represión. Los tres portavoces de la plataforma que había citado a la prensa en los locales de CC OO de Logroño se presentaron arropados por varias decenas de personas que con la boca tapada denunciaban “el retroceso en derechos humanos, civiles y políticos” en La Rioja.
Sonia Diarte (de Estrategia Global), David Calvo (de CNT - La Rioja) y Fernando Cereceda (del Colectivo Sandía), fueron los encargados de presentar públicamente una organización que David Calvo define a DIAGONAL como “una herramienta de defensa para que la gente se sienta amparada. De defensa frente a la escalada represiva que está llevando a cabo Delegación de Gobierno en La Rioja”. Stop Represión es una plataforma de organizaciones e individualidades, ya cuenta con 30 organizaciones entre los firmantes de su manifiesto constituyente. Un número más que considerable para una ciudad como Logroño, que tiene 150.000 habitantes.
Derecho a disentir
David Calvo abrió la ronda de intervenciones contextualizando el clima de represión dentro de una crisis capitalista en la que se rescatan bancos y se hunde a las personas. “Ante este escenario de recortes a los servicios públicos y a derechos y libertades colectivos, se está dando un paso más allá, cercando la capacidad de actuación de cualquier persona en el uso de sus derechos y libertades, incluso en el derecho a disentir”, resumió Calvo.
Fernando Cereceda explicó las consecuencias represivas que la Huelga General del 14N han dejado en Logroño y denunció la actuación policial al término de la manifestación, ya que “se produjeron varias cargas policiales desproporcionadas e injustificadas, con el resultado de dos heridos graves y varias personas contusionadas”. Cerecedano no dudó en calificar como brutal la actuación de la policía por el uso no reglamentario tanto de las porras –que han dado como resultado dos heridos graves, uno con pérdida de visión parcial permanente en un ojo y otro con un fuerte golpe en la nuca que estuvo ingresado varios días– como por la altura en el lanzamiento de balas de goma –que apuntaban en horizontal, no al suelo–. “No se respetaron ni los propios protocolos que la Policía tiene previstos para estos casos”, apuntó Cereceda: “Entre otras irregularidades, denunciamos la tardanza a la hora de evacuar a los heridos (más de 25 minutos de espera) y el paso de vehículos policiales a gran velocidad poniendo en riesgo la integridad física de quienes se encontraban allí”.
El representante del Colectivo Sandía criticó a la Fiscalía por las penas exigidas a los tres acusados (un total de 21 años de cárcel), ya que uno de los imputados, Jorge Merino, secretario de Acción Social de CNT, ni siquiera se encontraba en la manifestación y porque existen vídeos que desmontan las acusaciones de desórdenes públicos, atentado y lesiones que se atribuyen a Pablo Alberdi (también de CNT- Logroño). Cereceda acabó su intervención recordando que desde la llegada al cargo del delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón, personas y organizaciones sociales han sido castigadas con más de 40.000 euros en multas.
Sonia Diarte, de Estrategia Global, concluyó la rueda de prensa exigiendo la apertura de una investigación que aclare si existe un fichero político que se esté usando “para perseguir a las personas por lo que piensan y no por lo que hacen”. Ante las denuncias presentadas por malos tratos pidió que se investigue a los policías nacionales implicados así como la inmediata dimisión de Alberto Bretón como responsable de todas éstas. actuaciones.
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