El aumento de las personas encarceladas
ha sido generalizado en toda la
UE y además ha sido rápido, lo que
ha provocado una masificación de
los sistemas penales. En varios estados
europeos el número de presos
duplica el de plazas. En concreto, las
cárceles europeas pasaron de albergar
407.190 presos en 1992 a 547.065
en 2003. Ambas referencias incluyen
a los países de la actual UE de los 25.
Éstos son algunos de los datos nada
esperanzadores recogidos en el
estudio Panorámica europea de la
privación de libertad, que repasa la
situación penitenciaria de los 25.

Esta investigación, que en breve será
publicada, recurre tanto a estadísticas
oficiales europeas como a estudios
anteriores, y abarca el periodo
1992- 2003. Ha sido realizada por dos
equipos de la asociación italiana
Antigone y un grupo de investigación
catalán, Observatori del Sistema
Penal i els Drets Humans, organizaciones
preocupadas por los problemas
de la justicia y la defensa de los
DD HH en el ámbito penal.
El índice de encarcelamiento oscila
entre el mínimo de 55.1 presos
por cada 100.000 habitantes en Eslovenia
y el máximo de 353.8 en Estonia
(datos de 2003). Entre los países
con tasas medias destacan por su alto
número de presos España, Italia,
Portugal y Gran Bretaña, alrededor
de los 135 presos por 100.000 habitantes.
Sin embargo, los estados
que, en cuanto a número de presos,
más se separan de la media europea-
130 presos- son los recién integrados
en la unión.

El informe analiza también la evolución
de la población encarcelada, y
concluye que, en el periodo estudiado,
la tendencia general en todos los
estados de la UE es al aumento de
las tasas de encarcelamiento. La única
excepción es Irlanda del Norte,
con una evolución a la baja del número
de personas presas debido a
los procesos de paz. Entre los que
más han llenado sus cárceles destacan
España, Portugal, Reino Unido y
Malta. El estudio achaca esta especial
velocidad a que estos estados “siguen
la tendencia general pero acentuada
por procesos de reformas y
contrarreformas que han hecho aumentar
el nivel represivo”.

Este crecimiento continuado ha
llevado a la masificación penitenciaria.
La investigación resalta los graves
efectos del hacinamiento ya que
no sólo “se intensifican todos los problemas
propios del ámbito carcelario”
sino que además “afecta a la vida
cotidiana de las personas privadas
de libertad, limitando sus derechos
fundamentales y los servicios
sociales que a toda persona le deben
ser garantizados”. Los investigadores
resaltan los niveles “alarmantes”
de hacinamiento que han alcanzado
algunos estados -“alarmantes por la
densidad, y alarmantes porque se
trata en la mayoría de casos de estados
grandes”- como España, Francia,
Polonia y Portugal, con cifras
que superan una densidad de 110
presos por cada 100 plazas. Y en
Chipre, Grecia, Hungría e Italia el
número de encarcelados supera en
más de la mitad lo previsto. Entre las
causas de esta saturación extrema el
estudio indica que son estados “frontera
de la UE: la mediterránea y la
del Este. Principalmente, en estos estados
mediterráneos se ha experimentado
un aumento de las políticas
de control como consecuencia de la
ola migratoria de los años noventa”.

Al respecto el estudio concluye
que, como “en Estados Unidos, también
en Europa se observa una sobrerrepresentación
de las minorías
étnicas en la población carcelaria”. Y
explica que “en varios de los estados
europeos -como el español, Italia,
Grecia, Francia o Alemania- la prisión
preventiva se está utilizando en
mucha mayor medida en el caso de
extranjeros, debido a que su menor
arraigo lleva a los jueces a apreciar
un mayor peligro de fuga”.

La masificación tiene como graves
consecuencias el abandono de los reclusos
y la disminución generalizada
de los recursos, lo que ha degradado
aún más las condiciones de vida en
las cárceles. Los grupos especialmente
vulnerables son las mujeres -que en Europa, en 2002, representaban
el 5% de la población reclusa-,
los menores de 18 años -minoritarios
en todos los países menos en el
Este y el Reino Unido- y los inmigrantes,
que son los que más sufren
estas consecuencias. Entre ellas, la
desatención sanitaria -Portugal
destaca con una tasa de mortalidad
de más de 60 fallecimientos por
10.000 prisioneros-, el aumento de
la conflictividad, de las torturas y
malos tratos por parte de funcionarios.
Al respecto, la investigación
sostiene que éstas se producen en
todos los países.

El estudio resalta que el número
de presos “no puede considerarse un
indicador del número de delitos cometidos”,
e insiste en que “no se trata
de una dinámica natural, inevitable”
sino que es resultado “de unas
decisiones políticas concretas”.
Así, una de las duras conclusiones
de esta investigación es que al
tiempo que la población penitenciaria
no para de crecer lo hace
también “la vulneración de derechos
fundamentales en la prisión
(aquellos que se vulneran por la
mala situación de las prisiones, y
aquellos que son problemas estructurales
de la propia prisión)”. Y
concluye que “en el respeto de los
derechos fundamentales de la población
reclusa nos estamos jugando
nuestros propios derechos”.