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DIAGONAL: ¿Qué situación jurídica
se vive en Francia tras las medidas
de Sarkozy?

AGNES HERZOG: La prolongación
del estado de Emergencia
hasta mediados de febrero del
próximo año va a permitir institucionalizar
todavía más la
excepción. A mediados de noviembre
se ha presentado un
proyecto de ley para retirar la
nacionalidad a las personas
acusadas de violencias en los
extrarradios, y hay otro en
marcha para retirar cualquier subsidio
a los extranjeros. El estado
de Emergencia refuerza considerablemente
los poderes del ministerio
de Interior y de los prefectos
(delegados del Gobierno). A su
vez, el ministro de Justicia no ha
cesado de mandar correos a los
magistrados para felicitarles por
lo bien que han trabajado encarcelando
en tan poco tiempo a
los detenidos en los motines.
Como está claro que el Gobierno
no va a lograr parar la
profunda crisis social y económica,
busca conseguir una tregua.
Estamos ante una pausa del conflicto,
pero no se han resuelto los
verdaderos problemas, que son el
paro y la segregación urbana.

D.: ¿Qué están suponiendo los juicios
rápidos?

A.H.: Ya hay denuncias de familiares,
asociaciones y sindicatos
de que no se aseguran las mínimas
garantías jurídicas. La ley
Perben II permite a la Policía ampliar
la detención hasta 96 horas
sin orden judicial basándose en la
noción enormemente difusa de
banda organizada.

Todo se da en un contexto de
gran desinformación. Se dijo que
más del 80% de los menores detenidos
en los motines tenían antecedentes;
es falso. Por ejemplo en
Bobigny, de 95 menores presentados
ante el juez durante los motines,
sólo 15 eran reincidentes.
También se ha dicho que los dos jóvenes
que se electrocutaron en el
transformador ya estaban fichados;
es falso: no tenían antecedentes y
se escondían por miedo a un control
policial. Los chavales son identificados
varias veces al día y de forma
muy violenta. El año pasado un
chico se ahogó en el río Marne,
mientras huía de la policía, que le
perseguía con perros. Su acto delictivo
se limitaba a la elaboración
de un grafitti en un muro de una
autopista. La intervención policial
debe ser proporcional al hecho, y si
tratan a chavales de 16 años como
a criminales desalmados, la desproporción
es evidente, hay un problema
en la intervención policial.

D.: ¿Hacia donde se encamina
Francia con las llamadas medidas
“securitarias”?

A.H.: Hay un amplio despliegue de
estas medidas, dirigidas principalmente
contra los pobres. Desde la
Ley de Presunción de Inocencia de
2000, que definía y potenciaba el
papel del abogado defensor, el conjunto
de medidas posteriores es
claramente represivo. Meses más
tarde de la aprobación de dicha
ley, los medios y los sindicatos
policiales, aprovechando el Caso
Bonal (reincidencia de un preso
puesto en libertad), iniciaron una
campaña que desprestigiaba dicha
ley. Desde el año 2001, con la Ley
de Seguridad Interior, la dinámica
es vaciar esta ley de contenidos,
agrediendo así los principios fundamentales,
especialmente el de
presunción de inocencia.

Sobre los menores, hubo el
año pasado una reforma de la
ley que incluye la aplicación
de penas a niños de más de 10
años, la detención provisional
para los de 13 y la creación de
reformatorios de régimen cerrado.
En el 2006 entrará en vigor
el carné de identidad
electrónico con datos biométricos.

Las cárceles están sobresaturadas:
existen 62.000 presos
para 47.000 plazas. El Gobierno
prepara la creación de
11.000 plazas más. Se han habilitado
salas para juzgar a extranjeros
en los aeropuertos, lo que es muy
grave, aunque sólo sea por las fuertes
presiones policiales que sufren
los jueces en dichos lugares, lo que
deja la imparcialidad muy mal parada.
Los jueces han pasado a estar
sometidos a la lógica productivista
de la cantidad, en vez de la calidad,
gracias a la implantación de primas
de rendimiento. Ahora los decanos
de los tribunales se dedican a computar
la cantidad de sentencias.

En agosto, se aprobó otro paquete
legislativo, que además de crear
13.500 puestos de policías, amplía
sus poderes y recorta libertades:
mayor capacidad de intervenir las
comunicaciones, aumento de la videovigilancia,
prohibición de reunirse
en los rellanos de las escaleras
de los edificios, facilidad para
los controles de identidad, etc.