El primer ministro italiano, Silvio
Berlusconi, y el presidente del
Gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero, acordaron el
pasado 1 de diciembre en Roma la
creación de una red marítima junto
con Francia para “combatir la
inmigración ilegal y el tráfico de
drogas”.

Este acuerdo será firmado por
los ministros de Interior y Defensa
de los tres países el próximo mes de
enero en Madrid. Dicho acuerdo ha
sido extraoficialmente definido como
la “red Schengen en el mar” y
consiste en la creación de una fuerza
conjunta de seguridad marítima
para control de flujos migratorios
por el Mediterráneo.
Según fuentes cercanas a la delegación
de Zapatero, el Gobierno
español propondrá en los foros
europeos que la UE destine un 3%
de los fondos de su “Política de
Vecindad” para la vigilancia de
fronteras y para la colaboración
con países -tanto de origen como
de tránsito- que participen en el
control de flujos migratorios.
Esta es la principal conclusión a
la que llegaron al término de la
XIII Cumbre Hispano-Italiana celebrada
en Roma a primeros de
este mes.

Este acuerdo permitirá dotar de
recursos y coordinación a la vigilancia
de costas mediterráneas,
extendiendo al mar los mecanismos
de control que existen en el
espacio Schengen.
En la rueda de prensa final,
Zapatero evitó responder a las recientes
declaraciones de Nicolas
Sarkozy, que consideró “peligrosos”
los procesos de regularización
emprendidos en Italia y en el
Estado español.
Violación de acuerdos
internacionales
El Gobierno de Zapatero ya había
puesto en marcha un sistema de
vuelos conjuntos con estos mismos
países para la deportación de inmigrantes.
Estas operaciones comenzaron
en septiembre, con la deportación
conjunta de cientos de inmigrantes
rumanos mediante un vuelo
desde Madrid, con escalas en
París y Roma y con destino a
Bucarest.

La Comisión Europea de Ayuda
al Refugiado (CEAR), entre otras
organizaciones, denunció estas
deportaciones porque violan las
convenciones internacionales de
derechos humanos firmadas por
los países europeos. Añaden que
son contrarias al derecho que cada
persona tiene a que su petición
de residencia o asilo en un Estado
sea considerada individualmente.