Foto:Olmo Calvo

Es un lento goteo. El 28 de diciembre
era detenido en Torrent (Valencia)
Rodolfo Almirón Sena, uno de
los ‘jefes’ de la Triple A, la banda de
extrema derecha causante de más
de 1.500 asesinatos entre 1974 y
1976. Y dos semanas más tarde, el
viernes 12 de enero la Policía arrestaba
en su casa de las afueras de
Madrid a Isabelita Perón, presidenta
de Argentina entre los años 1974 y
1976, quien dio cobertura a la Alianza
Anticomunista Argentina. Se solicita
su orden de extradición por la
desaparición de un opositor político.
Aun así, sobre ella pesan acusaciones
mayores: como responsable de
la ‘Escuelita’, el primer centro clandestino
de detención y torturas, levantado
en 1975; y por posible delito
de genocidio debido al decreto que,
bajo su Gobierno, ordenó a las Fuerzas
Armadas “proceder a ejecutar
las operaciones militares a efectos
de aniquilar el accionar de los elementos
subversivos en todo el país”.
Delitos, pese a todo, por los que ha
quedado en libertad provisional.

A estos dos casos se suman los
de otros cuatro represores argentinos
actualmente encarcelados en
prisiones españolas. Son Ricardo
Cavallo, oficial de inteligencia del
Gobierno militar, detenido en 2003;
Adolfo Scilingo, ex capitán de corbeta
(2005), Juan Carlos Fotea y Ricardo
Taddei, ambos ex policías y en
proceso de extradición.

En los últimos años, la imagen de
militares argentinos ante los juzgados
españoles ha comenzado a sustituir
a otra hasta hace poco más habitual:
la de la madre patria dispuesta
a acoger sin reparos torturadores y
militares. Sin embargo, apenas se
han dado los primeros pasos. Según
estima el Equipo Nizkor, organización
especializada en la lucha contra
la impunidad en América Latina, un
mínimo de 170 personas que colaboraron
con la inteligencia militar argentina
vivieron o aún viven en el
Estado español. Y en Argentina se cifran
en medio centenar los ultraderechistas
huidos al refugio español.

Brazos abiertos

El recibimiento que encontraron los
represores dista de ser hostil. María
Estela Martínez, conocida como
Isabelita por el seudónimo de sus
años de bailarina, no tarda en simpatizar
a su llegada en 1976 con la
familia Franco, una estrecha relación
que aún continúa. Le acompañaba
su ministro de confianza, José
López Rega, fundador de la Triple
A, apodado ‘el Brujo’ por su afición
al esoterismo, y quien durante años
ejerció una poderosa influencia sobre
la tercera mujer de Perón, la siguiente
tras la conocida Evita. A su
llegada, López Rega amplía sus contactos
con Fuerza Nueva, neofascistas
italianos y la logia P-2.

En la misma línea, Rodolfo Almirón
se integra con facilidad en los
grupos ultra de la época. Con ellos,
este dirigente la Triple A toma parte
en los principales acontecimientos
de la historia subterránea española.
Apenas llegado a la península, participa
en un intento de contragolpe de
Estado preparado por el general
Spínola como reacción a la revolución
de los claveles en Portugal. En
1976 se encuentra en los sucesos de
Montejurra, donde son asesinados
dos miembros de la izquierda del carlismo
y otros 40 resultan heridos.
Además, Almirón está acusado por
su papel en las primeras actividades
de guerra sucia contra ETA, en concreto,
como asesor de los miembros
del Batallón Vasco Español.

Guardaespaldas de Fraga

Su currículum lleva a que se lo disputasen
los principales partidos.
Según reconoce el propio Almirón
en una entrevista reciente a El Mundo,
en esa época se encarga además
de entrenar a los primeros escoltas
del líder del PSOE, Felipe González.
Pero Almirón termina optando por
Alianza Popular (actual PP). Se convierte
en jefe de seguridad del entonces
candidato a la presidencia,
Manuel Fraga. A cambio, en tiempo
récord obtiene la nacionalidad española
sin que nadie repare en sus antecedentes
penales. Y algo similar
sucede para el permiso de armamento.
Según se informaba en la revista
Cambio 16 en 1983, “en el expediente
instruido en la Dirección General
Civil para la concesión de la licencia
de armas hay una anotación a mano
donde pone escuetamente ‘Fraga”.
Precisamente en abril de ese año
Cambio 16 hacía público el oscuro
pasado del guardaespaldas de Fraga,
lo que levantó un escándalo político
en la campaña por las elecciones municipales.
Ese mismo mes, la revista
se preguntó: “¿Quién protege a
Almirón? ¿De qué influencias se vale
para que haya podido vivir tranquilamente
en España desde julio de 1975
sin que nadie se interesara por su
azarosa vida en la Argentina? Ninguna
autoridad gubernamental ni judicial
ha respondido a estas preguntas”.
El mismo párrafo continúa hoy
siendo válido. Hasta ahora, Almirón
vivía con calma en un humilde barrio
de Torrent con su mujer y su perro.

El dinero de los desaparecidos

Además de influyentes contactos en
la política, entre los torturadores se
dispuso de importantes patrimonios
económicos. Un dinero que en gran
medida procede de las víctimas. En
la causa del juez Garzón se calcula
en más de 42 millones de euros el botín
tomado a los desaparecidos durante
la dictadura.

Las empresas con las que contaba
Juan Carlos Fotea son un ejemplo.
Según datos obtenidos por el equipo
de investigación de Documentos TV,
Fotea poseía participaciones en 15
empresas de hogar y hostelería, además
de contar con dos pasaportes en
los que aparece con domicilios en
Majadahonda y Marbella.

Estas prácticas las llevó aún más
lejos Ricardo Cavallo. Imputado por
227 secuestros, así como por decenas
de casos de asesinatos, torturas,
disponía de un entramado empresarial
presente en tres continentes.
Para sus negocios españoles,
según publicó en 2001 la revista
Interviú, Cavallo operaba a través
de su socio Miguel Ángel Egea en el
mercado inmobiliario. Así, Egea
constaba como consejero en la sociedad
Acedos Trading S.L., con un
capital social de seis millones de euros
y dedicada a la adquisición de
bienes inmuebles, explotaciones turísticas
y comerciales.

Desde el pasado 20 de diciembre,
cuando la Audiencia Nacional renunció
a juzgar a Cavallo para ponerlo a
disposición de la justicia argentina,
su caso ha vuelto a levantar un nuevo
debate jurídico. A juicio de la
Audiencia, una vez anuladas en 2005
las leyes de Punto Final, cabe dar
prioridad a los tribunales de su país.
De hecho, el juez argentino Sergio
Torres ya ha solicitado la extradición.
Pero la fiscalía discrepa. Como señala
Carlos Slepoy, abogado de la acusación
popular: “Lo ideal, por supuesto,
sería que los represores fueran
juzgados donde cometieron los
crímenes, pero lamentablemente todavía
hay impunidad en Argentina y
la justicia se está aplicando con demasiadas
incorrecciones”.

En ese sentido, Slepoy denuncia
que “en un 95% de los casos, los culpables
cumplen sus penas en bases
navales o en regimientos militares,
entre sus colegas, y en condiciones
de privilegio con respecto a cualquier
otro preso”. Respecto a Cavallo se da
además otra circunstancia técnica.
“Llevamos ya varios años con este
proceso, si fuera a Argentina se debería
empezar todo desde cero”.

A pesar del fin de las leyes que inmunizaban
a los responsables de la
dictadura, en Argentina siguen siendo
muchas las dificultades de juzgar
a los militares. La desaparición el pasado
17 de septiembre de Jorge Julio
López, testigo clave en la causa que
permitió la condena del genocida y
ex comisario Miguel Etchecolatz, se
ha convertido en símbolo de la fuerza
que conserva el aparato represor.

Sin embargo, a este lado del Atlántico
no escasean los impedimentos.
Ya en el ‘98, el fiscal general del Estado,
Jesús Cardenal, se opuso a la
competencia de la justicia española
en este caso. Y más allá fue el ex fiscal
de la Audiencia Nacional, Eduardo
Fungairiño, para quien los golpistas
sólo buscaban la sustitución temporal
del orden constitucional.

La ofensiva contra los juicios no se
ha detenido. El 29 de agosto de 2003
el presidente José María Aznar se negó
a pedir la orden de extradición a
España de 39 ex militares y un civil
por crímenes de genocidio. Para
Slepoy, la decisión de no tramitar la
demanda de Garzón refleja la continuidad
de los vínculos entre la derecha
española y la extrema derecha
argentina. Entre los reclamados se
encontraba la alta cúpula militar, con
figuras como el ex presidente Jorge
Videla o el ex coronel Jorge “Tigre”
Acosta. Desde entonces, pese a que
el Tribunal Supremo anuló la decisión
de Aznar y pese al cambio de
Gobierno, la orden continúa sin tramitarse
cuatro años más tarde.

De Montejurra a los GAL

Días después de conocerse
la detención de Rodolfo
Almirón, el Partido Carlista
solicitaba a la Audiencia
Nacional que antes de su
extradición a Argentina
pueda ser interrogado
sobre los sucesos ocurridos
en la romería de Montejurra
el 9 de mayo de
1976. Con ello, esperan
que se pueda esclarecer la
‘Operación Reconquista’: el
atentado que costó la vida
a dos miembros del partido
tras un ataque del sector
ultraderechista del carlismo
con la intención de
reconducir la marcha a la
izquierda de la organización.
La operación, donde
participaron miembros del
aparato franquista del
Estado y que contó con
una colaboración nunca
aclarada de Manuel Fraga
supone, a juicio del Partido
Carlista, un primer paso de
lo que luego serían las tramas
antiterroristas. Además
de organizaciones de
extrema derecha como
Fuerza Nueva o Guerrilleros
de Cristo Rey, en los sucesos
de Montejurra destacó
la presencia de grupos de
la Internacional Fascista.
Rodolfo Almirón también
aparece en una fotografía
de aquel día. Jean Pierre
Cherid, ex miembro de la
terrorista OAS francesa y
más tarde uno de los principales
integrantes de los
GAL, también hace en
Montejurra su primera aparición.
Sobre la implicación
de la Triple A en la guerra
sucia se apuntó que tanto
las formas de actuación
como la alambicada redacción
de los comunicados
de los GAL mostraba cierta
familiaridad argentina.

La defensa de Fraga y Gallardón

Ante el escándalo generado
en 1983 tras conocerse
el pasado criminal del
guardaespaldas de Fraga,
la primera reacción de
Alianza Popular fue la
defensa total de la del jefe
de la Triple A. El antiguo
PP alegó que todo era una
‘maniobra electoral’ y respondió
con un comunicado
defendiendo que Almirón
actuaba con “la más
intachable de las conductas”.
A su vez, los abogados
de Alianza Popular
José María Ruiz Gallardón
y su hijo Alberto (actual
alcalde de Madrid), defendieron
al acusado para
evitar “el enorme daño
moral de semejantes
calumnias”. En relación a
Cambio 16, en abril de
1983, con González ya en
el Gobierno, los juzgados
secuestraban dos números
consecutivos de la
revista. Cambio 16 y los
periodistas fueron denunciados,
aunque se acabó
dictaminando que en ningún
momento hubo
calumnias contra Almirón.
Pero no se inició ninguna
acción legal contra Almirón,
que sólo dejó su empleo
de guardaespaldas.

Empresas de seguridad: el refugio económico

Uno de los aspectos
menos investigados de la
relación entre los represores
argentinos y el Estado
español ha sido las
empresas de seguridad.
Durante el Franquismo, la
ley no permitía la seguridad
privada, de forma que
el cambio de régimen
supone una gran oportunidad
para militares extranjeros
expertos en temas
de vigilancia. El 14 de
mayo de 1976 nace la
que es hoy la mayor
empresas de seguridad
española, Prosegur S.A. La
funda Heberto Gut Beltramo,
un empresario argentino
que comienza a hacer
fortuna durante los 20
meses de Gobierno de Isabel
Perón y López Rega.
Para su proyecto empresarial
cuenta con el apoyo
de importantes sectores
del Franquismo, como el
de Gabriel Arias Salgado,
ministro franquista, cuyo
hijo, Rafael Arias Salgado
(ministro de Fomento en
la primera etapa del PP),
sería presidente de Prosegur
entre 1983 y 1985.
En 1979 Prosegur se
hace con SASS, empresa
del ex ministro argentino
y fundador de la triple A,
López Rega. Y durante los
‘80 Gut Beltramo conserva
sus buenas relaciones
con Isabel Perón, por lo
que no es de extrañar
que uno de los contratos
más cuantiosos que firma
la compañía fuera para
vigilar la finca de Puerta
del Hierro donde residía
la ex presidenta. Según
publicó el diario argentino
Clarín, los fondos de Prosegur
se habrían ampliado
con un contrato para
la modernización y mantenimiento
de equipos de
comunicaciones de la
Policía Federal y bonaerense,
seguida de una
serie de “inversiones del
exterior” que en
poco tiempo hacen de
Prosegur una enorme
empresa internacional.