YARE II.

Como en el resto de América Latina,
el sistema penitenciario venezolano
tiene mucho de cámara
de los horrores. 30 penales, con
aproximadamente 19.000 personas
recluidas, y 19 Centros de Tratamiento
Comunitario (CTC), de régimen
abierto, muchos de ellos en
un lamentable estado de deterioro,
sin apenas infraestructuras ni medios.

Predominan los varones
(93%) jóvenes (el 60% son menores
de 30 años) habitantes de zonas
urbanas, fundamentalmente
barrios marginales (61,3%). Ocho
años de gobiernos de Hugo Chávez
no han logrado alterar la situación
heredada tras 20 años de abandono
anterior. El ‘Plan de Humanización’
podría revertir esta situación.
En muchos casos, las únicas actividades
que los aproximadamente
4.000 carceleros, muy mal pagados y
formados, realizan a diario con los
presos son las de recuento, traslados
y alimentación. Para el resto, los reclusos
se autoorganizan. Así, en los
módulos, gobernados a través de estructuras
jerárquicas por jefes o ‘pranes’,
los presos viven en una especie
de régimen feudal extremadamente
violento: tienen que pagar impuestos
como el ‘diezmo’ o la ‘causa’, cuyo
impago puede suponer la muerte.

Existe el derecho de pernada sobre
las familiares. Los presos rechazados
por el resto se alojan donde pueden
(áreas administrativas, zonas
insalubres a la intemperie, etc.). Las
diferentes bandas se enfrentan constantemente,
a veces con armas de
guerra (granadas de fragmentación,
etc.), incluso durante las visitas de
los familiares, por el control efectivo
de cada zona y el negocio que eso les
representa. Los hechos de violencia
quedan impunes. Son constantes las
denuncias, por parte de los reclusos,
de malos tratos y de la obligación de
pagar sobornos.
Y cercando los penales, la Guardia
Nacional, cuerpo militar-policial reputado
por sus abusos y corrupción
(son los únicos que no son registrados
al entrar en los penales), se encarga
de que nadie se fugue.

Causas estructurales

Así las cosas, las cárceles son escenarios
de constantes protestas: de
enero a marzo de 2007, ha habido 11,
entre huelgas de hambre, cosidas de
boca, huelgas de sangre (los reclusos
se autolesionan y desangran) y autosecuestros
de los familiares (éstos se
niegan a salir del penal al finalizar la
visita), por reivindicaciones diversas
(denunciar abusos, exigir traslados o
más visitas...), todas ellas resueltas
por los actuales responsables de la
Dirección General de Custodia y Rehabilitación
del Recluso (DGCRR)
con la negociación.

A este panorama han contribuido
numerosos factores: el retraso judicial
(muchos de los presos han superado
en prisión el tiempo fijado por
la ley), a lo que se suma la mezcla de
los presos ya condenados con los
preventivos (alrededor de un 50% de
los personas presas), la corrupción,
la burocracia (la DGCRR no tiene el
control sobre buena parte del sistema
penitenciario, repartido entre varios
organismos) y, sobre todo, el
desinterés general ante lo que es considerado
lo peor del cuerpo social.

Aislamiento reforzado por una cobertura
mediática sensacionalista,
centrada en los hechos negativos, como
forma de atacar al Gobierno.
En 2004, el presidente Chávez declaró
la emergencia penitenciaria, y
se inició entonces el diseño de una
profunda reforma. Tras varios cambios
ministeriales, y con el asesoramiento
cubano y español, un ambicioso
Plan de Reforma veía la luz en
abril de 2007. Su aplicación se ha iniciado
muy discretamente.