VALENCIA // NUMEROSAS ASOCIACIONES, SINDICATOS Y PARTIDOS EXIGEN EL FIN DE SU IMPUNIDAD
Redes empresariales ultras bajo investigación

Ultras, empresarios y abogados, protagonistas de los
entresijos de la patronal española de la prostitución
con sede en Valencia, son investigados por la policía.
Y en el centro, el polémico líder ultra J. L. Roberto.

05/07/07 · 0:26

El pasado 16 de abril, la Comisión
Mixta Congreso-Senado de los Derechos
de la Mujer del Parlamento
pidió al Gobierno que investigase a
los clubes de alterne, sus ingresos y
a los proxenetas. Todo ello tras un
prolongado debate en el Congreso
de los Diputados que acabó con una
mayoría en contra de cualquier proyecto
legal para regular la prostitución
en el Estado español. Aunque
las actuaciones policiales contra empresarios
de la prostitución ya se
han producido con anterioridad -como
la operación Night Moon de la
Guardia Civil en mayo de 2006, que
acabó con la detención, entre otros
dueños de prostíbulos, de Marcos
Montoya, tesorero de la Asociación
Nacional de Empresarios de Locales
de Alterne (ANELA)-, en las últimas
semanas la Fiscalía ha dado
orden de investigar estas redes de
empresarios y especialmente sus inversiones
en la construcción. Para
los expertos en delitos económicos,
enormes sumas de dinero negro de
las redes de prostitución son destinadas
a negocios aparentemente
limpios. Según los informes que
manejan los investigadores, cerca
del 80% de los capos de la prostitución,
tanto dueños de burdeles como
asesores, abogados y demás colaboradores,
están implicados en
actividades inmobiliarias.

Una de las empresas que están
siendo investigadas a fondo es Levantina
de Seguridad SL, con sede
en Valencia, y otras empresas afines
en el negocio de la seguridad, con
sedes en Tarragona, Madrid, Granada
y Castellón, cuya administradora
es María Roberto Ramón, abogada e
hija del dirigente de ANELA, gerente
y fundador de la citada empresa
de seguridad y dirigente ultraderechista,
José Luis Roberto Navarro.
Levantina de Seguridad es la punta
del iceberg del extenso conglomerado
empresarial dirigido por Roberto,
que incluye los gimnasios, la prostitución,
la asesoría jurídica y la hostelería.

Fuentes policiales de toda solvencia
señalan que las unidades de
crimen organizado y de delitos económicos
de la Policía Nacional andan
tras los pasos de la empresa de
Roberto tras la detección de presuntas
irregularidades fiscales por parte
de Hacienda. El Ministerio del
Interior también investiga a diversos
agentes de la Guardia Civil, de la
Policía Nacional y a policías locales
que están a sueldo de Roberto. Las
vinculaciones del empresario con
elementos policiales se añaden a las
denuncias de los movimientos sociales
valencianos sobre la confección
de fichas de información de militantes
de izquierdas por parte del partido
de Roberto, España 2000.

La reciente campaña electoral de
las elecciones autonómicas puso de
manifiesto la financiación millonaria
con la que cuentan los partidos
ultraderechistas como España 2000.
Roberto siempre ha asegurado que
era libre de invertir donde quisiera
los beneficios obtenidos de la prostitución.
El 27-M su partido obtuvo
dos concejales en las localidades de
Onda (22.281 habitantes) en Castellón
y Silla (18.253 habitantes) en
Valencia. A pesar de la alegría por
los resultados electorales -es la primera
vez que su partido accede a
cuotas de poder municipal- Roberto
tiene motivos para inquietarse.
Aparte de las investigaciones policiales,
en mayo, todos los partidos
del Parlamento autonómico, excepto
el PP, además de los sindicatos y
de asociaciones sociales y culturales
del País Valenciano exigían el fin de
su impunidad y la ilegalización de
su partido. En una rueda de prensa
representantes de diferentes partidos
le vincularon públicamente a la
prostitución reclamando que se pusiese
fin a los millonarios contratos
de las administraciones públicas
con su empresa, Levantina de Seguridad,
que muy generosamente otorgó
Eduardo Zaplana, en su época de
president (ver DIAGONAL nº42).

Otro motivo de inquietud puede ser
la condena a un año de prisión, a inhabilitación
especial durante ese
tiempo y a una multa de un juzgado
posteriormente confirmada por la
Audiencia de Valencia. Con una sentencia
firme por presentar un testigo
falso en un juicio tras verse implicado
en un accidente de tráfico
en 1997, sólo pudo interponer un recurso
de amparo ante el Tribunal
Constitucional. Diez años después,
el asunto todavía no se ha resuelto.

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