Diversas entidades demandan al
nuevo Gobierno socialista que reforme
la ley sobre Interrupción Voluntaria
del Embarazo para garantizar
el derecho al aborto, tal y como vienen
exigiendo desde hace años los
grupos feministas y por los derechos
sexuales y reproductivos. Esta demanda
se ha visibilizado especialmente
a raíz de la ofensiva antiabortista
iniciada el pasado noviembre
contra las clínicas del grupo CB
Medical, cuyo máximo responsable
es el doctor Morín.

La Asociación de Clínicas Autorizadas
para la Interrupción Voluntaria
del Embarazo (ACAI) considera
que “el caso Morín evidencia que
existen dos interpretaciones claramente
diferenciadas” de la actual
ley. De un lado, “los sectores antielección
la interpretan de forma absolutamente
restrictiva, abogando
por tutelar la decisión de la mujer y
circunscribir el supuesto de salud
psíquica exclusivamente a situaciones
de patología clínica”. Del otro,
siempre según ACAI, los grupos que
demandan la reforma defienden
“una interpretación más amplia que
permita ejercer el derecho al aborto
sin tutelas, en un esfuerzo por convertir
la legítima decisión de tener o
no tener descendencia en un derecho
reproductivo básico de las mujeres”.
Por su parte el presidente de
la Sociedad Española de Contracepción
(SEC), Ezequiel Pérez Campos,
aseguró que la ley actual es “insuficiente”
y “ambigua”, ya que su
interpretación es “libre y muchas veces
condicionada por quien lo interpreta”.
El presidente de la SEC recordó
que el 98% de los abortos que
se realizan en el Estado español se
acogen al supuesto de daño psíquico.
Según Pérez Campos, “cuando
las leyes no acotan claramente las
leyes punibles”, cualquier organización
puede “generar toda la polémica”,
en referencia a los grupos ultracatólicos
que lideran la ofensiva antiabortista.
Por ello es necesaria
“una reforma que acote muy claramente”
los asuntos más polémicos.

Diagnóstico tardío

Uno de ellos es el diagnóstico tardío
o erróneo de malformaciones
fetales, que implica abortar en
avanzado estado de gestación.
Según ACAI, los hechos investigados
en el caso Morín “evidencian
un drama social hasta el momento
silenciado” que “conduce a las mujeres
a vivir situaciones tremendamente
angustiosas”. Incluso cuando
el diagnóstico se hace a tiempo,
el Sistema Nacional de Salud no
costea el aborto y aboca a las mujeres
a “un periplo vital intolerable
que a veces las sitúa fuera del plazo
para realizar un aborto eugenésico
(22 semanas)”. Según ACAI, muchas
de las interrogadas por el caso
Morín han vivido esa situación y
“probablemente desconocen los
pormenores de la ley” por lo que
“no se las debería enjuiciar”.
Al cierre de esta edición, el juzgado
47 de instrucción de Madrid había
citado a declarar como imputados
a tres médicos de la Clínica
Isadora por practicar abortos ilegales,
basándose en el hallazgo de restos
de fetos “de tamaño grande”.