CONCENTRACIÓN ante el Tribunal Supremo el 3 de abril en Madrid. / David Fernández

El Gobierno español acaba de recibir
sendos tirones de orejas: el 17
de marzo, la UE, a través del Consejo
de Europa, aprobaba, por unanimidad,
“la primera gran condena
internacional” al régimen franquista,
según la Asociación Memoria
Histórica y Justicia de Andalucía.
La declaración, además de denunciar
“las múltiples y graves violaciones
de los derechos humanos cometidas
por el franquismo”, insta al
Gobierno a crear una comisión de
investigación, a presentar un informe
y a abrir los archivos, amén de
realizar un examen completo sobre
los crímenes franquistas. El 30 de
marzo, Amnistía Internacional, reclamando
“verdad, justicia y reparación”,
pedía públicamente a
las autoridades españolas que
allanasen “la carrera de obstáculos”
que, a su juicio, supone actualmente
para las víctimas del
franquismo conocer el paradero
de sus familiares desaparecidos.
Y es que el Gobierno español lleva
posponiendo la entrega del Proyecto
de Ley que la Comisión Interministerial,
creada el 3 de septiembre
de 2004, debía presentar para,
según el Gobierno, “lograr la completa
rehabilitación moral y jurídica”
de todas “las personas que (...)
fueron objeto de actuaciones represivas
desde el inicio de la Guerra
Civil hasta la plena restauración de
las libertades”. En la presentación
de esta Comisión a la prensa, la
vicepresidenta del Gobierno prometió
que ésta concluiría sus trabajos
a más tardar en marzo o
abril de 2005. Posteriormente retrasó
dicho plazo varios meses. A
finales de 2005, Zapatero prometió
presentarlo en el Congreso antes
de julio de 2006.

Resistencias institucionales

Pero el manto de olvido pesa mucho.
Así lo demuestra la lucha por
la anulación de las sentencias franquistas,
que ha tropezado hasta
ahora con el escollo insalvable de
las decisiones de la Sala de lo Militar
del Tribunal Supremo (T.S.).
Y, hasta el 13 de julio de 2004, con
el Tribunal Constitucional (T.C.).
Hasta entonces, estos dos tribunales
habían rechazado todos los
recursos presentados para revisar
las condenas de tribunales franquistas.
Desde el que concernía al fusilamiento
del dirigente comunista
Julián Grimau, presentado en 1989
y denegado en 1990, hasta las 47 peticiones
de revisión presentadas a
día de hoy. Los últimos recursos tienen
relación con 74 condenas a
muerte en Cataluña y Valencia.
El único recurso actualmente en
instrucción en el T.S. es el presentado
en 1998 por las familias de los
anarquistas F. Granado y J. Delgado,
ejecutados en 1963. Y porque
el T.C., en una sentencia de julio de
2004, reprendió con dureza las actuaciones
de la Sala V de lo Militar
del T.S. en relación con ese recurso
y anulaba el auto que lo denegó.

Gracias a ello, Sergio Hernández -uno de los dos autores confesos de
los atentados por los que fueron ejecutados
Granado y Delgado- prestaba
finalmente declaración el 20
de marzo en Francia. El 3 de abril,
en Madrid, Octavio Alberola, responsable
del aparato clandestino libertario
en los ‘60, ratificaba ante
dicha Sala de lo Militar sus declaraciones
anteriores sobre la inocencia
de los dos anarquistas. Y todavía
tienen que declarar, tal como especificó
el Constitucional, otros dos
destacados militantes libertarios.
Con todos estos testimonios, el T.S.
tendrá que decidir si hay base suficiente
para aprobar la revisión de la
sentencia del consejo de guerra de
1963. Un tribunal que, pese a la reprimenda
del Constitucional, sigue
rechazando el resto de recursos que
se le presentan. El 26 de enero denegaba
el de F. Sánchez Ruano, y
semanas más tarde, denegaba el recurso
de la familia del anarquista
Salvador Puig Antich, ejecutado a
garrote vil en 1974. A primeros de
marzo, V. Muñiz (hijo de una pareja
de militantes del POUM) recurría
al Tribunal de Estrasburgo ante la
negativa del T.S. y del Tribunal
Constitucional. ¿El argumento jurídico?:
Los juicios fueron realizados
de acuerdo con la “legalidad vigente”.
Lo que supone, para las agrupaciones
por la memoria, “el escándalo
de que la Justicia de la democracia
siga validando la Justicia de la
Dictadura. ¿Cómo se puede hablar
de ruptura democrática?”.
Para el Grupo pro revisión del
proceso Granado-Delgado, una de
las razones de la timidez gubernamental,
además de una evidente falta
de voluntad política, es la búsqueda
del consenso con el PP. Se
comprende pues que, ante el anuncio
de la presentación de la nueva
Ley de Víctimas del Terrorismo,
que sólo contempla a los damnificados
por un cierto terrorismo, las
asociaciones de las víctimas de la
represión del Estado franquista le
hayan recordado al presidente
Zapatero las promesas no cumplidas,
y le hayan urgido a resolver las
penosas situaciones de las viudas y
viudos de las personas ejecutadas.

Estos familiares no recibieron las
indemnizaciones acordadas a los
ex presos del franquismo por no estar
considerados esos casos en las
normativas reguladoras. Las asociaciones
reclaman que se atiendan
estos casos, no sólo por lo vergonzoso
de haberlos dejado de lado, sino
por la urgencia de sus necesidades
dada la avanzada edad y estado
de salud de las viudas y viudos aún
vivos. Es el caso de Pilar Vaquerizo,
la viuda de Granado, a quien el Estado
le negó la indemnización porque
su marido “no había cumplido
el tiempo mínimo de prisión exigido
en la normativa” al ser ejecutado 17
días después de su detención.
Para buena parte de las agrupaciones
pro memoria es necesario
mantener la presión para evidenciar
la inconsecuencia gubernamental.

Numerosas declaraciones
de dirigentes socialistas les
hacen temer que las concesiones
gubernamentales -abundantes
subvenciones e indemnizaciones-
escondan la negativa a un informe
público y a la anulación de
sentencias. Los restos de las
30.000 personas que todavía continúan
en fosas comunes, según
el Consejo de Europa, prueban
que la Transición no acabó.