HETEROGENEIDAD. La campaña ha
conseguido que confluyan colectivos
sociales muy diversos entre sí./ Oriana Eliçabe

El pasado 23 de diciembre el pleno
del Ayuntamiento de Barcelona
aprobaba la nueva ordenanza cívica
con el voto en contra de ICVEUiA,
integrante del equipo de gobierno
y cuya negativa provocó la
convocatoria por parte del alcalde
de un comité de crisis en el tripartito
municipal. La oposición de ICVEUiA
a la ordenanza no se hizo pública
hasta pocos días antes de su
definitiva aprobación, lo que fue
motivo de críticas por parte de ERC
y fuertes presiones por el PSC para
que cambiara su voto por la abstención.
A pesar que ICV-EUiA se sumó
al coro de críticas que deslegitimaron
la manifestación del 17 de
diciembre, su negativa final abrió
una brecha en el consenso institucional
y mediático labrado durante
meses por el equipo de gobierno a
fin de presentar la ordenanza como
una necesidad irrefutable que no
podía ser objeto de discusión.

Sin embargo, esta brecha ya había
sido abierta previamente en lo social
mediante las movilizaciones desarrolladas
durante noviembre y diciembre
a fin de exigir su derogación.

Uno de los primeros colectivos en
organizarse contra la ordenanza
fueron las trabajadoras del sexo a
través de la Plataforma Trabajo
Sexual y Convivencia, que convocó
las concentraciones del mes de noviembre
frente al ayuntamiento y
una cadena humana el mismo día
que se aprobaba la ordenanza.
Paralelamente, desde los movimientos
sociales se generó un espacio
de confluencia bajo el lema
‘El carrer és de tothom’ (la calle es
de todos) donde participaron colectivos
de patinadores, graffiteros,
skaters, okupas, plataformas y
asambleas vecinales; y que organizó
la manifestación del 17 de diciembre
donde participaron más de
5.000 personas y una cacerolada en
plaza Sant Jaume el 22 de diciembre,
que reunió a varios centenares
de personas.

Desde el inicio de la campaña
emergieron tres factores que marcaron
una diferencia respecto a dinámicas
anteriores: en primer lugar,
la heterogeneidad de los actores
participantes, que provenían de
distintas culturas organizativas que
hasta entonces se ignoraban entre
ellas, lo que más que una debilidad
constituyó una fuerza, al aumentar
la policromía tanto de los discursos
como de los eventos. En segundo
lugar, la experimentación de nuevos
repertorios de acciones, que
fueron desde la participación en la
audiencia cívica municipal, para
expresar el rechazo y utilizarla como
altavoz de convocatoria, hasta
la opción por un recorrido inusual
que invadió de facto el centro de la
ciudad, con la ausencia de bloques
estancos y de referencias partidistas.
Finalmente, el bloqueo mediático
y la fuerte campaña de deslegitimación
de la protesta a partir de
las declaraciones de los responsables
institucionales y la edición de
crónicas que tergiversaban la cronología
de los hechos y maximizaban
incidentes nimios a fin de presentar
la manifestación como un
acto vandálico.

Entre los medios de comunicación
que se han destacado en reiterar
que determinadas prácticas
ciudadanas (prostitución, mendicidad,
okupación, grafittis...) constituyen
muestras de incivismo y
atentan a la convivencia ciudadana,
cabe señalar el diario La Vanguardia,
y en especial el director
del suplemento ‘Vivir en Barcelona’,
Albert Gimeno, que ya anteriormente
había desarrollado crónicas
criminalizadoras contra los
movimientos sociales y que en la
edición del 18 de diciembre se desgañitaba
contra los manifestantes
pidiendo mano dura policial.

Una vez aprobada la ordenanza,
la plataforma organizadora de la
contestación no ha definido todavía
cómo darle continuidad a las
movilizaciones y si las alianzas tejidas
se mantendrán más allá de la
campaña. Sin embargo, la impresión
común de la plataforma es que
la experiencia ha sido sumamente
enriquecedora y vale la pena mantener
las alianzas creadas, fortalecerlas
y trazar otras nuevas.