La seguridad interior a nivel europeo es un fenómeno que afecta cada vez más, no solo a las personas migrantes, sino también a los grupos de activistas. Una gran parte de las iniciativas y decisiones de política interior se están llevando al terreno de la UE, sobre todo cuando éstas no pudieron ser aplicadas por separado en los Estados miembros. Son los gobiernos nacionales los que establecen los matices de cada una de estas medidas en áreas específicas. Algunas afectan a las estructuras policiales propias de la UE, como la agencia de fronteras exteriores Frontex o la oficina europea de policía Europol.

Durante anteriores presidencias de la UE, España y Francia trataron de unificar las medidas contra la inmigración no deseada en el ámbito comunitario; Reino Unido y Alemania fueron pioneros en el intercambio transfronterizo de infiltrados policiales; Italia, Holanda y Suiza (como no-miembro de la UE) están capacitados para incluir en la agenda europea la persecución de grupos “pro derecho animal” y supuestos “euroanarquistas”; Bélgica implementa su política contra la “radicalización social”, Suecia y Alemania lo hacen para establecer disposiciones que faciliten el intercambio de datos; mientras que Austria y Rumanía se encargan de promocionar dichas políticas en los nuevos Estados miembros del sureste europeo.

Aquí es donde entra en juego el Congreso Europeo de Policía, que ha tenido lugar entre el 19 y el 20 de febrero. Durante los últimos 15 años, policía y políticos se han reunido en Berlín para debatir tendencias e introducir medidas securitarias en Europa. El Congreso está organizado por reporteros policiales de un gran grupo editorial (Behörden­spiegel), trata cada año un tema diferente y cuenta con más de 1.500 invitados, según indican en su página oficial. Empresas de armamento, de desarrollo de software o de equipamiento policial financian el evento a cambio de presentar y vender sus productos en esta feria de comercio. De esta manera, los turnos de palabra en el marco del congreso se reparten entre políticos, autoridades y empresas privadas de la industria de la vigilancia, que presentan su evaluación propia de la situación de seguridad mundial y ofrecen sus respuestas “técnicas”.

“Protección” de las redes

Las protestas contra el Congreso Europeo de Policía son parte integral del debate político entre los activistas alemanes en los últimos cinco años. Antes del Congreso se quemaron 15 coches de policía, se reventaron numerosas cámaras de videovigilancia, y se convocó una manifestación para el 16 de febrero, que estuvo acompañada de sabotajes y acciones descentralizadas en Berlín.

Las manifestaciones realizadas a lo largo del país en pleno invierno han convocado a entre 300 y mil participantes. Con menor afluencia se realizan eventos y conferencias para profundizar en el conocimiento de las estructuras europeas de represión. Varias iniciativas, incluyendo una manifestación no legalizada en Berlín bajo el lema “Esperad Resis­tencia” o acciones clandestinas contra la infraestructura de control y vigilancia en la ciudad, quieren asegurar que el Congreso pueda tener lugar sólo bajo la protección de un gran despliegue policial. Aunque la crítica al Estado es un terreno popular de la retórica de los movimientos de izquierdas alemanes, hay poco análisis de la situación de seguridad en la UE. Como en todo el territorio europeo, la resistencia a menudo sólo se produce cuando las directivas comunitarias deben ser implementadas en los Estados miembros a la legislación nacional. La protesta muestra poca desobediencia y se expresa únicamente en manifestaciones, peticiones online o la apelación a instancias constitucionales.