MAURO PALMA: PRESIDENTE DEL COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA DEL CONSEJO DE EUROPA
“El quid es la voluntad política”

Mauro Palma desdibujó la grave regresión
ideológica que ha llevado a
los actuales escenarios de utilización
y justificación de la tortura
en todo el mundo, con la apuesta
política por operar fuera de las reglas
y el recurso manido a métodos
expeditivos.

DIAGONAL: ¿Cómo ve la situación
de los derechos humanos en el Estado
español?

21/02/08 · 0:00
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Mauro Palma desdibujó la grave regresión
ideológica que ha llevado a
los actuales escenarios de utilización
y justificación de la tortura
en todo el mundo, con la apuesta
política por operar fuera de las reglas
y el recurso manido a métodos
expeditivos.

DIAGONAL: ¿Cómo ve la situación
de los derechos humanos en el Estado
español?

MAURO PALMA: Creo que hay
tres realidades preocupantes: los
elevados y crecientes índices de población
privada de libertad; la existencia
de un régimen de incomunicación
que se puede prolongar hasta
13 días y la pasividad judicial
frente a las investigaciones, dándose
la paradoja de que el aumento de
denuncias se traduce en un descenso
de las investigaciones. Me produce
una profunda perplejidad el
hecho de que aquí se puede incomunicar
a menores de edad. Es totalmente
inaceptable. Pero, transversalmente,
interpreto que la lucha
contra la tortura no es todavía
una prioridad. Y ahí radica el quid,
que es la ausencia o no de voluntad
política para erradicarla.

D.: ¿Por qué son tan severas las valoraciones
del Comité sobre las investigaciones
en el Estado español?

M. P.: En uno de los últimos informes,
el Comité para la Prevención
de la Tortura del Consejo de Europa
(CPT) consideraba que no había
investigación digna de ese nombre
en el Estado español. Lo hacíamos
desde patrones de evaluación imprescindibles
como la independencia
y la prontitud. Pongamos como
ejemplo el caso Roquetas en Andalucía.

¡En primera instancia, la investigación
se encarga al mismo
sargento de la Guardia Civil implicado
en los hechos! Y lo que se requiere
son investigaciones independientes,
imparciales y exhaustivas,
y un juicio justo para todas las partes.

D.: ¿Y cuáles son las alternativas?

M. P.: Hay que erradicar la idea de
que la opacidad es efectiva. Hay que
forzar a rendir cuentas, forzar la
transparencia. Lo imprescindible
hoy es un cambio de cultura y hay
que trabajar en tres frentes: la represión
y sanción de los agentes implicados,
los mecanismos de prevención
y la necesaria reparación a
las víctimas.

D.: ‘Superjueces’ como Baltasar
Garzón aducen que aplican su protocolo
particular.

M. P.: Es una medida absolutamente
ineficaz por parcial. No se aplican
de forma global y estable; no
están incorporados al cuerpo legislativo
y producen una desigualdad
de facto y de trato entre detenidos.

D.: ¿El Estado español colabora con
la tarea de supervisión del CPT?

M. P.: Con las instancias ministeriales
hay muy buena relación y cooperación.
La cuestión es que hace
dos décadas que realizamos exactamente
las mismas recomendaciones
y no avanzamos. Y esa colaboración
se convierte entonces en no
cumplimiento y, por tanto y en perspectiva,
en no colaboración con
nuestro mandato.

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