POLÍTICA ANTITERRORISTA // EL CLIMA DE TEMOR PERMITE LA APROBACIÓN DE NUEVAS LEYES REPRESIVAS
Próxima estación: Italia

La ‘alarma terrorista’ no es una novedad en Europa,
pero en este verano Italia ha vivido en estado de
alerta máxima. “Ahora es el turno de Italia”: ideas
como ésta han sido y siguen siendo una constante en
informativos e incluso entre la gente en el metro.

14/06/06 · 16:47
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“PACCHETTO PISANU”. El actual ministro de Asuntos Interiores, ha dado su nombre a la ley aprobada por el Parlamento italiano a
finales de julio y que permite a la policía tener en comisaría a un sospechoso 24 horas incomunicado “para identificarlo”.

Cuando en las noticias se apaga el
eco de los atentados de Londres, la
atención se centra en evitar algo
similar en una ciudad italiana. Y
las fuerzas polìticas empiezan a
hablar de cambios legislativos para
combatir de manera más eficaz
el terrorismo.

La crisis continua del Gobierno y
la lucha entre dos coaliciones que se
preparan para las elecciones generales
previstas para el próximo abril
complican la situación. La Liga
Norte (miembro del Gobierno) propone
votar el Estado de guerra y
suspender el tratado de Schengen
(como ha hecho el Gobierno de derechas
francés). Mientras, el presidente
Berlusconi y los componentes
más moderados del ejecutivo buscan
una solución parlamentaria
conjunta con la oposición de centroizquierda,
basada en la creación de
un paquete de normas más estrictas
en materia de seguridad. La oposición
se escinde: una postura conservadora,
cercana al Gobierno; y otra
compuesta por el ala izquierda de la
coalición (Verdes, Refundación
Comunista, Comunistas Italianos),
que se oponen a la aprobación de
leyes que puedan limitar los derechos
civiles. Es un debate cada vez
más candente, sobre todo cuando la
izquierda -institucional y social-
contesta con fuerza la posición del
Gobierno en Iraq, y Romano Prodi
(actual líder de la oposición) habla
de los militares italianos como “tropas
de ocupación”.

Entre la gente las reacciones se
pueden definir como una mezcla
de miedo y de resignación. Pero este
clima de crispación y temor se
atenúa gracias al período estival,
en el que las grandes ciudades italianas
se vacían. La tensión se palpa
especialmente en el trasporte
público, donde las personas empiezan
a prestar más atención a lo que
pasa alrededor. Hasta en los barcos
a vapor de Venecia, donde a
primeros de agosto saltó la alarma
antiterrorista debido a las sospechas
que levantaron dos mujeres,
en realidad turistas de Kuwait que
llevaban el chador.

Esta tensión incrementa la xenofobia
y el miedo al “clandestino”,
desde hace mucho tiempo presente
en un país que es punto de llegada y
transito de los inmigrantes. Y esta situación
no ha mejorado tras la detención
en Roma, a donde había escapado,
de uno de los supuestos autores
de los intentos fallidos de atentados
del 21 julio en el metro de
Londres o de las bombas de Sharm
el Sheik (Egipto), entre cuyas víctimas
había muchos turistas italianos.

Legislación ‘antiterrorista’

Mientras tanto, los partidos políticos
se ponen como prioridad aprobar
una nueva legislación aprovechando
la pausa veraniega. A finales
de julio el Parlamento aprobó la
‘Ley Pisanu’, con los votos del
Gobierno y de la parte más moderada
de la oposición. En un encendido
debate, los partidos de izquierda se
opusieron a una normativa que, según
afirman, pone en riesgo la vida
privada de los ciudadanos y confiere
demasiado poder a la policía.

En pleno verano, un decreto-ley
sobre la Administración Pública
otorgó a los militares funciones
propias de la policía, es decir, detener,
cachear e identificar personas,
“con la esperanza de que los
miembros del Parlamento no se
diesen cuenta, enfrascados como
estaban en los preparativos de sus
vacaciones”, afirmó entonces la
oposición. Cuando estalló el escándalo,
el decreto fue retirado inmediatamente.
En cambio, sí fue
aprobada casi sin protestas una enmienda
de la Liga Norte para avivar
las sanciones de una ley de
1975 que prohíbe circular en lugares
públicos con la cara cubierta.
Esta ley, aprobada en años de gran
tensión social en Italia, se ha revivido
con el explícito fin de prohibir
el velo que llevan algunas mujeres
musulmanas.

Al mismo tiempo que Berlusconi
apoya la política norteamericana y
la doctrina securitaria contra el terrorismo,
la cercanía de las elecciones
y una opinión pública mayoritariamente
contraria a la ocupación
de Iraq lo han llevado a anunciar
una “reducción gradual” de los militares
en Iraq en los días siguientes a
los atentados de Londres.

Las nuevas normas 'antiterroristas'

La instauración del conjunto
de leyes especiales 'Pacchetto
Pisanu' ha sido justificada
por «la situación de extrema
peligrosidad actual en el viejo
continente», en palabras del
ministro del Interior, Giuseppe
Pisanu, «y para combatir
el terrorismo que se encuentra
en el interior de las metrópolis».
Estas nuevas leyes se
pueden emparejar a las nacidas
en los años '70, que
todavía siguen en vigor a
pesar de que el motivo principal
por el que fueron instauradas,
la lucha armada de las
Brigadas Rojas, haya ya desaparecido.

Poder más amplio del
Ministerio de los Asuntos
Interiores para conceder y
revocar los permisos de residencia
para extranjeros. Prácticamente
el Ministerio puede
expulsar a quien «incite al
terror o exprese su apoyo» a
las ideas más radicales: es
decir, pueden castigarse algunos
crímenes de opinión. Por
el contrario, es posible conceder
permisos a aquellos que
colaboren con los jueces en
materia de terrorismo.

Más control sobre las
«actividades sensibles». Será
necesaria una autorización
del Ministerio para abrir locutorios
con acceso a Internet.

Más control también sobre
las actividades de formación
areonáutica.

Más control sobre el tráfico
telefónico y telemático.
Los registros de las conversaciones
permanecerán más
tiempo a disposición de las
autoridades. Todas las tarjetas
prepago de los móviles
tienen que llevar un titular
identificable.

Más tiempo para detener
y parar a personas sin tener
que notificarlo a los jueces y
sin la posibilidad para el
detenido de informar a su
familia o de contar con la
presencia de un abogado.
La policía tiene 24 horas
para identificar a una persona
en el caso en que esta
comprobación resulte «dificultosa».
Un poder discrecional
que muchos piensan
que no va a ser empleado
sólo contra «los terroristas».

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