El 18 de septiembre, el Gobierno
francés presentaba para su debate
en el Parlamento el proyecto
de ley nº 57, sobre el control
de la inmigración, la integración
y el asilo. El proyecto, rechazado
por sindicatos, juristas, intelectuales
y organizaciones sociales,
que lo consideran discriminatorio
para los inmigrantes,
puede pasar sin problemas en el
parlamento: la mayoría absoluta
gubernamental se impondrá.
El proyecto, en la línea de las
leyes aprobadas durante la anterior
legislatura, limita el derecho
a la reagrupación familiar -en
los últimos cuatro años, el procedimiento
de reagrupación ya
ha sido modificado por dos leyes,
dos decretos, tres circulares
y una orden gubernamental-,
instaurando, entre otras barreras,
un control previo en base al
dominio del francés y de las
“concepciones republicanas”. El
demandante de la reagrupación
será sometido a seguimientos y
controles periódicos. Asimismo,
la ley refuerza las posibilidades
de la administración para discriminar
a los inmigrantes en el acceso
a las ayudas sociales a la familia.

En lo referente al derecho
de asilo, la OFPRA, la oficina encargada
de éste, pasará, de hecho,
bajo control del nuevo
Ministerio de “la inmigración, la
integración, la identidad nacional
y el codesarrollo”. A su cabeza
se encuentra B. Hortefeux,
padre del proyecto de ley.
Ley discriminatoria
Para la asociación de abogados
progresistas SAF, la ley, además
de discriminatoria e irrealizable
materialmente, deja al extranjero
en Francia todavía más desamparado.

Por su parte, los Colectivos
de Sin Papeles (CSP),
consideran que estas medidas
legales buscan limitar el derecho
de asilo y restringir la reagrupación
familiar para seleccionar
la entrada de trabajadores
en función de las necesidades
del mercado de trabajo.
Pero sobre todo, denuncian que
la ley busca contentar los “reflejos
racistas y xenófobos de la población
y exacerbar la división
entre los asalariados, más que
actualizar” la legislación.

Por ello, el 18 de septiembre,
la Red Educación Sin Fronteras,
los CSP y otras organizaciones
convocaban movilizaciones por
todo el país. Es un jalón más en
las protestas de los inmigrantes,
que son continuas. Por ejemplo,
506 sin papeles prosiguen con
un encierro, iniciado en abril, en
la iglesia de Saint-Paul, en Massy,
París, para exigir su regularización.
Y todo ello pese al clima
de represión: varios alcaldes
han sido amenazados con sanciones
penales por el Gobierno
por ayudar a sin papeles. En un
dramático ejemplo del nerviosismo
de los inmigrantes, a primeros
de septiembre, se hacía
público que dos de ellos se habían
tirado por la ventana -quedaron
gravemente heridos- ante la
amenaza de ser detenidos.