FRANCIA // LAS CONDICIONES DE RECLUSIÓN
“Prisiones: una humillación para la República”

El suicidio en febrero de un menor en uno de los nuevos
reformatorios ‘penitenciarios’ suscitó una breve ola de
protestas sobre la situación carcelaria. Dos meses después
no hay cambios en las “indignas” prisiones francesas.

03/04/08 · 0:00
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INSALUBRIDAD. Abandono de las instalaciones carcelarias con celdas de 9 m2 en las que se hacinan tres o cuatro personas. Foto de Yohanne Lamoulere

Ya en el año 2000 una comisión del
senado francés sobre el estado de las
cárceles tituló su informe: “Prisiones:
una humillación para la República”.
“Las condiciones de reclusión
en los distintos centros penitenciarios”,
concluía, “son a menudo indignos
de un país que se precia de dar
lecciones al exterior en el ámbito de
los derechos humanos”. Desde entonces,
Francia, con unos 61.000 presos,
ha superado su récord de personas
encarceladas desde los tiempos
de la ocupación alemana.

Tres años más tarde, otro informe,
esta vez del Observatorio Internacional
de Prisiones, constataba la insalubridad
generalizada de los centros,
la vetustez de las instalaciones y una
promiscuidad llevada al extremo con
tres o cuatro personas viviendo en
menos de nueve metros cuadrados.
A esto se añadía la falta de personal,
la masificación de los locutorios y la
carencia de actividades de formación,
necesarias para que la prisión
cumpliera su función de “reinserción”
que la ley le supone. El dato
más llamativo era, sin embargo, la
elevadísima tasa de suicidios de las
cárceles francesas (uno cada tres días),
que se ha multiplicado por dos
en los últimos 20 años. Todo esto sin
tener en cuenta la situación en otro
tipo de centros de reclusión, como
los Centros de Retención Administrativa,
donde se hacinan los ‘sin papeles’
para ser expulsados, o los centros
de internamiento psiquiátrico.

Hay un único discurso oficial al
respecto: la solución pasa por la renovación
y la ampliación del parque
penitenciario. Da así por sentado que
se trata de un simple problema de saturación,
producto del aumento de la
criminalidad. Sin embargo, ya desde
el 2006 el propio Ministerio de Justicia
cuenta con un estudio que indica
–por si no bastara con los efectuados
por sociólogos como Loic
Wacquant– que no es la evolución
de la criminalidad la que explica este
crecimiento espectacular de la población
reclusa, sino las políticas penales
puestas en práctica en los últimos
20 años.

En Francia, desde el año 2000 se
han sucedido cinco “leyes sobre la
seguridad”. Las leyes Perben, aprobadas
durante el Gobierno Raffarin
(2002-2005), abrogaron la presunción
general de irresponsabilidad de
los menores y redujeron la edad de
detención provisional a los 13 años.
Después, siendo aún ministro de Interior,
Sarkozy elaboró la Ley para la
Seguridad Interior, que criminalizaba
una gran cantidad de delitos menores,
como el pequeño tráfico de estupefacientes,
y que tipificaba otros
nuevos, como la prostitución pasiva
o las “reuniones amenazadoras u
hostiles”. Ya bajo su presidencia se
han aprobado las penas fijas para los
reincidentes y la “retención de seguridad”,
que permitiría mantener encerrado
a un preso tras el cumplimiento
de su condena si se le sigue
considerando “peligroso para la sociedad”.
Y el número de condenas a
más de 20 años de cárcel se ha multiplicado
por 3,5 entre 1996 y 2006.

En resumen, la misma “criminalidad”
produce más presos, desde más
jóvenes y por más tiempo. No es de
extrañar que la propia administración
penitenciaria prevea una población
reclusa de 80.000 personas para
2017. Además, los presos franceses
padecen a diario “tratos inhumanos
y degradantes”, según un informe
publicado por el Comité Europeo para
la Prevención de la Tortura en
2004. Se produce una violación cotidiana
de sus derechos, sobre todo el
de disponer de una celda individual
estipulado en una ley de 2000 y que
nunca se ha respetado. Incluso en
los nuevos centros penitenciarios
donde la persona presa puede, excepcionalmente,
disfrutar de la celda
individual, el número de suicidios
es tan elevado como en el resto de
los centros e incluso mayor. Bajo la
vigilancia de las cámaras estas nuevas
condiciones de encarcelamiento
se asemejan a las de los módulos de
aislamiento de alta seguridad. Y en
ningún caso deja de imperar la arbitrariedad
penitenciaria.

Los derechos más básicos a visitas,
correspondencia, llamadas telefónicas
y a recibir publicaciones del
exterior son concedidos o retirados
según el capricho de un cuerpo de
funcionarios sin apenas control exterior.
Se postergan sine die las liberaciones
condicionales y los otros beneficios
previstos por la ley. Las amenazas
nocturnas y el recurso a las celdas
de castigo siguen siendo moneda
corriente, así como los traslados
en plena noche.

Desde 2003 los traslados, la represión
de revueltas, los registros de celdas
y el cacheo corporal de los presos,
que nunca olvida los orificios
susceptibles de esconder objetos o
substancias prohibidas, son realizados
por los Equipos Regionales de
Intervención y Seguridad (ERIS).
Equipados con toda la panoplia de
los antidisturbios actúan encapuchados,
lo que les asegura la impunidad.
La militarización de los funcionarios
de policía ha culminado con la dotación,
en las torres de vigilancia, de
fusiles con mira telescópica.

A los en teoría inexistentes “presos
políticos” se les reservan además
las diversas medidas de incomunicación,
violencia ‘blanda’ que se revela
más letal que el maltrato físico. “He
estado encerrado durante más de siete
años en una célula de nueve metros
cuadrados”, comentaba Jean-
Marc Rouillan, condenado a perpetuidad
por su pertenencia a Acción
Directa, en una entrevista en 2002 a
la televisión catalana, “solo durante
el día y durante la noche, sin tener
nunca contacto directo con otras personas
que no fuesen los guardianes.
Es imposible relatar tal cotidianidad.
Cuando salí del aislamiento no conseguía
hablar, era incapaz de expresarme
y aún hoy tengo enormes dificultades,
toda conversación me resulta
un esfuerzo. El aislamiento total
es vivir en una tumba”.

En las prisiones francesas, como
en el resto, todo contribuye a prolongar
e intensificar la experiencia de la
arbitrariedad judicial y la desconexión
completa entre la pena prescrita
y la efectivamente infligida.

6 METROS DE MURO PARA «VEHICULAR LA SIMBOLOGÍA DE LA DETENCIÓN»
_ Los controvertidos Establecimientos
Penitenciarios para
Menores (EPM) ya han integrado,
en tan sólo seis meses, la
normalidad penitenciaria francesa.
El pasado 2 de febrero,
en el centro de Meyzeu, cerca
de Lyon, lograba acabar con
su vida Julien, de 16 años. Era
su segunda tentativa desde
que fuera encarcelado el 17
de diciembre. Inaugurado con
gran pompa mediática como
primer centro de su clase, no
empezó a funcionar de forma
progresiva, como pedían algunos
de los sindicatos de la
policía judicial dado el nuevo
modelo que se quería aplicar
en el centro: «colaboración»
entre la intervención social y la
punitiva que se traducía en la
presencia obligada del vigilante
junto al educador. Para su
construcción no hubo tampoco
ningún tipo de concertación
entre los profesionales. Resultado:
ausencia de sala disponible
para las entrevistas en
privado con el psicólogo y
falta de teléfonos y despachos
para los educadores. En
pocos meses el ambiente se
degradó considerablemente,
estallaron los conflictos, se
produjeron varios incendios
de habitaciones y locales.
Hubo un aumento de bajas
por enfermedad y de peticiones
de traslado por parte del
personal, en muchas ocasiones
sin experiencia anterior
debido a la necesidad de
rellenar rápidamente los puestos
para su apertura. A los
EPM van a parar los adolescentes
entre 13 y 18 años
puestos bajo control judicial.
Está previsto que provean
4.020 plazas en celdas individuales
en edificios rodeados
de muros de seis metros de
altura, «elemento que vehicula
la simbología de la detención
tanto para los detenidos
como para el público exterior»,
según precisa un folleto
del ministerio de justicia.

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