PARÍS. Refugiados de origen tunecino, en uno barrio de la capital francesa.

Según Jacques Barrot, vicepresidente
de la Comisión Europea, uno
de los objetivos de dicho organismo
para 2009 es la “armonización” de
las políticas y reglas de asilo, muy
diferentes en cada país de la UE.
Como primer paso, a primeros de
diciembre, la Comisión presentó
una reformulación de los criterios
aprobados en la cumbre europea de
Tamperes de 1999.

De aprobarse la reforma, suspendería
parte del sistema actual, basado
en las “reglas de Dublín”, y limitaría
el automatismo con el que los estados
pueden devolver al solicitante
al país por el que entró –y presentó
su petición de asilo– en la UE.

Actualmente, la gran mayoría de los
solicitantes acceden desde Malta,
Chipre y Grecia, países que no destinan
suficientes recursos para una
atención digna. Esta situación quedó
en evidencia en julio cuando, en uno
de los numerosos varapalos que ha
recibido por su política de asilo, la
UE fue reprendida por el Alto Comisionado
de la ONU para los Refugiados
(ACNUR). Este organismo reclamó
a los países de la UE que no
siguieran devolviendo a los solicitantes
a Grecia ante las durísimas condiciones
a las que son sometidos. El
6 de diciembre, en Atenas, centenares
de peticionarios de asilo que hacían
cola para presentar sus papeles
se amotinaban tras un confuso incidente
con la policía. Uno de ellos resultó
gravemente herido.

La Comisión plantea un reparto de
las cargas, una exigencia de los países
con más solicitudes. Así, según la
reforma, las personas solicitantes podrán,
bajo ciertas condiciones, pedir
que sus documentos sean examinados
por el país en el que residen. Otra
de las propuestas es mejorar el trato
dado a los peticionarios. Se facilitaría
la reagrupación familiar, sobre
todo para los menores extranjeros
no acompañados, y se permitiría el
acceso al mercado de trabajo. Aunque
la Convención de Ginebra obliga
a que se provea al solicitante de ayuda
económica, muchos países de la
UE sólo aseguran a los éstos techo y
alimentación a éstos mientras se resuelve
su petición de asilo.

Por último, la Comisión pretende
reforzar las garantías procesales en
caso de encierro de los solicitantes
de asilo. En mayo, una comisión del
Parlamento europeo había denunciado
como “inaceptable” la situación
en Bélgica, donde las personas
demandantes de asilo son recluidas
en los Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIE). Por su parte el
Gobierno español ha reconocido
que varios “centenares” de los 7.660
solicitantes de asilo que llegaron en
2007 fueron recluidos en las salas
para no admitidos de los aeropuertos
o en los CIE. En este caso no hay
límite al tiempo de encierro, que finaliza
cuando se conoce la resolución
de la solicitud.

Para lograr la armonización de las
diferentes jurisprudencias y sistemas
de asilo de los 27 Estados europeos,
la Comisión pondrá en marcha una
oficina europea de apoyo, que aportará
expertos y traductores. Y estima
que para 2012, la UE tendrá un procedimiento
común de asilo.

Diferentes organizaciones que
trabajan con refugiados llevan tiempo
denunciando que las políticas de
la UE se han definido en torno a
unos mínimos y que las peores
prácticas de algunos estados, como
la posibilidad de deportar a solicitantes
a otros países sin considerar
antes su solicitud de asilo, han encontrado
apoyo en la legislación europea.

Por su parte, asociaciones
pro derechos humanos alertan que
la UE va a definir su política de asilo
en el marco de la gestión restrictiva
de la inmigración, del control
de las fronteras, y con criterios de
persecución de personas indocumentadas.
ACNUR ha saludado como positivas
parte de estas reformas, “aunque
le gustaría ver más pasos concretos”,
aclara, dadas las promesas anteriores,
muchas de ellas incumplidas.

Además, la agencia de la ONU se
pregunta, ante la política de externalización
del control de la inmigración
a los países vecinos de la UE, cómo
se va respetar el derecho de asilo si
no se permite que los solicitantes se
puedan acercar a las fronteras.