“La idea de Frontex es, por un lado,
la de rescatar a esas personas que
están en el mar, en ese sentido hay
una parte humanitaria que no es negativa,
pero por otro lado y sobre todo,
actúa como un dispositivo de
contención: las personas que tratan
de llegar a Europa son interceptadas
y no se les deja, no ya llegar a
nuestras costas, sino salir de sus
costas. Así las personas que necesitan
protección no pueden tener acceso
al derecho de asilo, porque se
les impide llegar a un lugar seguro
con todas las garantías. Por ello hemos
presentado una demanda, el 29
de mayo, ante el Comisario Europeo
de DD HH, sobre las políticas europeas
y sobre todo españolas de externalizar
las fronteras”, declaraba
Amaya Valcárcel, secretaria general
de la Comisión Española de
Atención al Refugiado (CEAR). Y es
que las críticas a la política migratoria
de la UE y del Estado español
son constantes por el abordaje principalmente
policial. “En estos momentos,
sólo se habla por parte del
Gobierno español de endurecer el
control migratorio y de expulsar a
las personas que tienen una situación
administrativa irregular, mientras
que las alusiones a sus derechos
humanos están cada día más
ausentes de los discursos”, declaraba
el director de Amnistía Internacional
España, Esteban Beltrán.

Una política decididamente asumida
desde Bruselas. El 27 de
abril, el Consejo de ministros de
Interior europeos acordaron en
Luxemburgo reforzar Frontex, el
organismo conjunto encargado de
la lucha contra la inmigración en
las fronteras de la UE, aportando
116 barcos, 27 helicópteros, 21
aviones y 400 equipos (radares móviles,
detectores de personas, etc.),
e incrementado el presupuesto de
dicho organismo de 19,2 millones
de euros en 2006 a 34,98 millones
(en 2005 eran cinco millones).

Militarización del control

En el Estado español, esta política
de control se materializa en un despliegue
policial en Canarias y sendos
operativos con Mauritania y Senegal,
que se suman al despliegue
del Frontex en Cabo Verde.
Despliegues que suponen la militarización
del control de las migraciones.

El Ejercito español participa en
el control de cayucos y pateras con
dos patrulleras y dos aviones desde
Canarias en el marco de la operación
Noble Centinela. Además, a
mediados de mayo, se anunciaba el
despliegue, por primera vez, de un
contingente militar fuera de territorio
español para vigilar los flujos
migratorios, con el envío a Cabo
Verde de un avión y de un destacamento
de hasta 20 militares, en el
contexto de Frontex. Por último, el
Ministerio de Defensa impulsa, en
colaboración con el de Industria,
un programa que prevé la construcción
y el lanzamiento, para
2010, de dos satélites con cobertura
directa sobre todo el territorio
español y el norte de África. Este
sistema de vigilancia, con 325 millones
de euros de presupuesto, será
de doble uso, civil y militar, y servirá
sobre todo para controlar las
fronteras frente a la inmigración
ilegal y para la lucha antiterrorista.

Estas redes de control están teniendo
un resultado relativo. Aunque
la delegación del Gobierno insular
informase, el 1 de junio, que la
llegada de personas indocumentadas
a Canarias se había reducido a
un 36,8%, durante los cinco primeros
meses de 2007 en comparación
con el año pasado, los cayucos, pateras
y barcos siguen arribando. En
mayo, llegaron 1.253 personas.
Y el esfuerzo no parece acompañarse
de un similar despliegue para
lograr un mayor respeto de los
derechos humanos, como lo demuestran
recientes episodios. El
26 de mayo, en el Mediterráneo
eran rescatados 27 inmigrantes
tras pasarse tres días y tres noches
agarrados a una almadraba. Tras
duras negociaciones, Italia aceptó
finalmente rescatarlos y llevarles a
un centro de internamiento.