ANÁLISIS // LOS TORTURADORES ENCUENTRAN APOYO
¿Por qué persiste la tortura?

Jorge del Cura, miembro del Centro de Documentación
contra la Tortura de Madrid, analiza los mecanismos
que, pese al rechazo social, permiten su pervivencia.

29/05/08 · 0:00
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Pocos conceptos provocan
una reacción tan unánime
en las personas. Tortura
y dictadura se nos
presentan como sinónimos, se pretende
su incompatibilidad absoluta
con la democracia, de tal forma
que cuando se habla de tortura, se
da por supuesto que no nos estamos
refiriendo a nuestros países
democráticos occidentales… Pero,
la tortura está presente en todos
los Estados, el español incluido.
He oído a policías y jueces decir
que en el Estado español la tortura
no existe, no se practica porque no
es útil ni eficaz para averiguar la
verdad. En ocasiones, incluso, he
oído que la detención, momento
previo a la tortura, sólo debería
producirse cuando la investigación
ya está finalizada y, en estos caso,
la tortura no aportaría nada a esta
e incluso podría desbaratar el trabajo
realizado.

El problema está en que el torturador
no pretende llegar a la verdad.
Sin embargo, la tortura es útil
para el control de la población y
para la represión de la disidencia.
Obteniendo información de la persona
torturada, no sólo sobre sus
posibles actividades, sino sobre
personas y hechos que el detenido
pueda conocer. Destruyendo al disidente
tanto física como anímicamente.
O imponiendo el terror a
un colectivo, mediante la generalización
del miedo tanto a sufrir torturas,
como a sufrir las consecuencias
de conocer a personas posible
objeto de torturas, de las que, se le
sugiere, conviene alejarse.

Al mismo tiempo, para que el
torturador pueda efectuar su trabajo
sucio, es decir, pueda practicar
la tortura, es necesario que tenga
y perciba que está apoyado, que
su trabajo es valorado. Para ello
necesita el apoyo de sus compañeros
–corporativismo– y el apoyo de
sus jefes y responsables políticos
(normalmente a través de declaraciones
públicas de reconocimiento
de la labor policial y, al mismo
tiempo, descalificación y amenazas
a quienes pongan en cuestión
esa labor). Necesita saber que su
‘verdad’ obtenida mediante tortura,
no será cuestionada, que goza
de ‘presunción de veracidad’, sobre
todo y ante todo, frente al torturado.
Al tiempo, necesita saber
que no sufrirá sanciones por realizar
el trabajo sucio. Pero sobre todo,
necesita apoyo social.

Pero, si la idea de tortura provoca
un rechazo unánime, ¿cómo hacer
que sea aceptada y no sólo consentida
por temor a sufrirla? En
1992, el reconocido sociólogo Niklas
Luhmann reabre el debate
formulando la pregunta: ¿perviven
aún en nuestra sociedad normas
irrenunciables?, ¿en caso de amenaza
de una bomba de relojería,
cabe levantar la norma de la garantía
de la dignidad humana para
conseguir indicaciones para localizarla
y desactivarla? Su respuesta
es afirmativa y sostiene la conveniencia
de dar entrada a la tortura
en el ordenamiento jurídico de los
Estados democráticos. Estas propuestas
posteriormente han sido
repetidas, si bien de una forma
más suave: ya no se hablará de tortura,
sino de “uso moderado de la
fuerza física” (Israel) o “interrogatorios
científicos” (según el ex general
de la Guardia Civil Rodríguez
Galindo en 1985). El supuesto
de la bomba de relojería ha sido
discutido pero sobre todo aplicado
en muchas ocasiones. Se trata de
un análisis coste-beneficio del que
se seguiría la justificación de la tortura
y que ha sido utilizado de forma
clara y pública por el Gobierno
de Bush. Y también ha sido y es
utilizado en el Estado español.

Y va cambiando la percepción
social de la tortura, que se presenta
como una eficaz arma en la lucha
contra el terrorismo. En contra
de anteriores tendencias a la
ocultación, hoy se reivindica públicamente
como un derecho del Estado…
y esto no sólo desde el 11-S.
Así, una de encuesta efectuada en
2006 por la BBC en 27 países constataba
que un tercio de sus poblaciones
apoya el uso de la tortura
en algunos casos.

«Para solucionar algo primero
hay que reconocer que pasa»

_ A finales de 2006 el
Parlamento vasco reclamaba
en una iniciativa
sin precedentes al Gobierno
español «reconocer
la existencia de las
torturas y su aplicación,
en algunos casos, de
forma sistemática». En
febrero de 2006, en
unas jornadas para la
prevención de la tortura,
Esteban Beltrán, director
de la sección española
de Amnistía Internacional,
afirmaba que
el principal escollo en la
lucha contra la tortura
seguía siendo el no reconocimiento
del problema
y su reducción a
«casos aislados». En la
misma jornadas, Jorge
del Cura, portavoz de la
CPT, afirmó que «para
solucionar algo primero
hay que reconocer que
pasa. Hay que reconocer
que la tortura existe
y hay que hacer saber
que eso es inaceptable.
Que no hay excepción a
su prohibición. Y eso es
precisamente lo que
ningún gobierno hace:
niegan su práctica y defienden
a los agentes
implicados». Y los
hechos parecen darle la
razón. Cuando el pasado
16 de mayo, en una
nueva resolución el Parlamento
vasco reprobaba
«la actitud que el
Gobierno español adopta
sistemáticamente
ante las denuncias de
torturas amparando sin
excepción a las fuerzas
policiales», el Gobierno
rechazó la acusación
que consideró «muy
grave». Varios miembros
del gobierno aprovecharon
la ocasión para
«apoyar el trabajo de las
Cuerpos de Seguridad».

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