CATALUÑA / LAS RESPONSABILIDADES DE INTERIOR HAN RECAÍDO EN UNO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS MÁS A LA IZQUIERDA
De políticos, izquierdas e Interior

La asunción del Departamento de Interior por parte
de Joan Saura, líder de la coalición ICV-EUiA, es quizá
una de las noticias que más han sorprendido y que
más debate han generado tras los comicios catalanes.

, forma parte del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universidad de Barcelona.
05/12/06 · 0:00
Edición impresa

El debate ha sido vivo, y no
sólo en el interior de la coalición,
sino también en el
cuerpo de Mossos d’Esquadra,
entre los profesionales de la seguridad
y de los derechos humanos,
y también dentro de los movimientos
sociales. Y es que no pasa cada día
que las responsabilidades de Interior
recaigan en el partido político situado
más a la izquierda del espectro. Seguramente
nunca sabremos cuál fue la
decisión pactada por las cúpulas
negociadoras del PSC, ERC y ICVEUiA.
Lo que es cierto es que las responsabilidades
de Interior casi siempre
debilitan, por su naturaleza, al
titular de la cartera; hecho que se refuerza
en un partido en el que parte
de sus votantes está sensibilizada con
las cuestiones represivas. Pero a pesar
de este panorama los ecosocialistas
aceptaron el reto, me atrevo a decir,
como un mal menor.

Razones de la sorpresa

Esta noticia sorprendió por dos razones.
Una primera porque nadie podía
creer que la consellera Tura iba a ser
sacrificada, ya que gozaba de un importante
prestigio entre las filas socialistas,
así como entre el cuerpo policial
catalán. Una segunda razón
porque nunca ha estado en la agenda
de ICV-EUiA la gestión de áreas que
tengan que ver con la seguridad pública.
Se trata de unas políticas públicas
que los técnicos y políticos ecosocialistas
sólo han gestionado en el
ámbito local de los pocos municipios
en los que tienen mayoría y en los que
están en el Gobierno -cabe apuntar
que no se perciben diferencias remarcables
con las políticas de municipios
de otro color político. La decisión de
hacer de Saura el ‘hombre de Interior’
fue seguida de múltiples críticas,
tanto dentro como fuera de la coalición.
Frente a esta situación, el vicepresidente
de ICV, Jordi Guillot, se
apresuró a afirmar que se pueden
aplicar políticas de seguridad a favor
de los más débiles, o en otras palabras,
que se puede hacer una política
de Interior diferente. Este discurso,
por el momento, no ha sido acompañado
de ejemplos. ¿Qué se esconde,
pues, detrás de estas palabras? ¿Se
trata de una apuesta por una política
continuista cargada, eso sí, de retórica
progresista o de un giro radical en
la manera de hacer y concebir estas
políticas públicas?

En el seno de los movimientos sociales,
a grandes rasgos, dos han sido
las respuestas que se han planteado
alrededor de la asunción de las responsabilidades
de Interior por parte
de ICV-EUiA. Una primera denuncia
la decisión de los ecosocialistas de
gestionar responsabilidades que “no
son propias de una formación de izquierdas”.
De esta manera, pues, se
afirma que un partido de izquierdas
sólo puede gestionar áreas que tengan
que ver con el bienestar social, el
medio ambiente o la cultura. Una segunda
respuesta recoge la frase de
Jordi Guillot -la afirmación de que se
puede hacer política de Interior de
otra manera- y exige una plasmación
en políticas públicas concretas. Acepta
que la política es decisión y por
tanto apela a ICV-EUiA para que sea
consecuente con su discurso. Se advierte,
sin embargo, que los movimientos
sociales no se quedarán con
los brazos cruzados frente a palabras
vacías o márketing político no acompañado
de un giro radical. ¿Qué dirección
tendría que tomar está nueva
actuación en Interior?

Tiempo de derechos

Es evidente que “otra política de Interior”
tiene que girar hacia el escrupuloso
respeto de los derechos
humanos. En este sentido, se hace
necesario desmontar el discurso de
que a más elementos “participativos”
la política pública que se elabora es
mejor y más de izquierdas, objetivo
éste del presente artículo. Los mecanismos
participativos, que tanto gustan
a ICV, no son neutros (a más mejor,
y cualquiera vale). Dependiendo
de su diseño pueden tener dos funciones
completamente distintas en
materia de políticas de seguridad.
Una primera, el aumento de un populismo
punitivo al priorizar las reacciones
espontáneas y generadas a
raíz de una posible ‘alarma social’ en
la elaboración de las políticas. Esto
iría relacionado con la creación de
mecanismos participativos construidos
desde la propia Administración y
con una base de participación individual.
Una segunda función puede ser
la del control externo de la actividad
de los aparatos represivos. Los mecanismos,
a diferencia de los anteriores,
serían creados por la propia sociedad
civil organizada, es decir,
compuestos por organizaciones que
trabajan en el ámbito de derechos
humanos y privación de libertad. De
esta manera, pues, no se trata que la
institución cree mecanismos sino
que reconozca los que se han creado
desde abajo.

Se debe partir de la constatación
de que el Estado -y más aún las instancias
que aplican el control punitivo
como es el aparato policial- tiene
que ser controlado por la sociedad
civil organizada; y en este sentido se
hace necesario la aceptación de mecanismos
de control de las instituciones
públicas creados por este tejido
social. Eso sí, no cualquier organización
o profesional, sino aquellos que
hacen una firme apuesta por la garantía
de los derechos fundamentales.
En esta línea iría la creación del
mecanismo nacional de prevención
de la tortura que prevé el Protocolo
Facultativo a la Convención contra la
Tortura de la ONU, ratificado este
mismo año por el Gobierno español.
Este mecanismo tiene que ser independiente
de las instituciones públicas,
y debe tener unas funciones de
prevención e inspección de todos los
lugares de privación de libertad. En
este sentido, y siendo coherentes con
lo antes afirmado, el mecanismo tendría
que estar conformado por
miembros que en estos momentos
conforman la Coordinadora por la
Prevención de la Tortura, en la que
trabajan profesionales de la abogacía
y los derechos humanos, expertos
universitarios y organizaciones
de defensa de los derechos humanos.
Son estas personas las que tienen un
conocimiento cotidiano de la realidad
de la privación de libertad.

En definitiva, es cierto que no sólo
hay una manera de hacer política de
Interior. Pero las palabras tienen que
ir acompañadas por hechos. ICVEUiA
puede optar por una política
continuista, ya sea siguiendo los pasos
de Tura, ya sea inspirándose en
los sectores más autoritarios de la
propia coalición. Pero también puede
optar por una política rupturista,
que se base en el reconocimiento de
la necesidad de que las instituciones
públicas, y sobre todo aquellas que
aplican el control punitivo, tienen
que ser controladas por el tejido social.
Ahí está el reto.

Una policía contestada

Según los datos recogidos por la
Coordinadora para la Prevención
de la Tortura en su informe sobre el
Estado español, durante 2005 se
denunciaron 12 casos de torturas y
malos tratos a manos de mossos
d'esquadra. Estos abusos afectaron
a 45 personas. Por otro lado,
en ese mismo año, 55 policías
autonómicos han sido investigados
por los tribunales de Justicia por
delitos relacionados con torturas
(independientemente de cuándo
ocurrieron los hechos denunciados).
En 2005, cinco agentes ya
han sido condenados. Los mossos
han recibido reprimendas también
a nivel internacional: el comisario
europeo de Derechos Humanos, el
español Gil Robles, informa de que
contra ese cuerpo se produjeron
197 denuncias por malos tratos o
torturas entre 2002 y 2004.

+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0

separador

Tienda El Salto