PROSTITUCIÓN / DEMANDAS PARA DISTINGUIR ENTRE REDES DE INMIGRACIÓN IRREGULAR Y MAFIAS COERCITIVAS DE TRATA
Polémica por el plan contra la trata

Los colectivos por los derechos de las prostitutas rechazan el plan nacional de lucha contra la trata, anunciado tras el estudio parlamentario sobre la prostitución.

15/03/07 · 0:00


A finales de febrero la Comisión
Mixta de los Derechos de la Mujer
del Parlamento español (CMDM)
presentó el borrador provisional de
su informe sobre prostitución (ver
DIAGONAL nº 49) y anunció el lanzamiento
de un plan nacional de lucha
contra la trata de personas con
fines de explotación sexual. El plan
que ultima el Ministerio del Interior
incluye desarrollar instrumentos como
la Ley de Testigos Protegidos o la
prueba anticipada para intensificar
la persecución de la trata.

Los colectivos en defensa de los
derechos de las prostitutas han rechazado
la medida porque desoye
sus planteamientos y demandas. En
el Parlamento, Esquerra Republicana
fue el único partido que reclamó
distinguir entre prostitución y
trata, mientras el Grupo Socialista
(GS) afirmó que industria del sexo,
tráfico y trata están íntimamente relacionados
y que la prostitución se
halla bajo el control de las mafias
transnacionales.

Según el GS, el 70-80% de las prostitutas
son extranjeras en situación
irregular, muchas viven en condiciones
degradantes y están privadas de
libertad. Numerosos colectivos de
apoyo a prostitutas [ver recuadros]
coinciden en que la mayoría son irregulares,
pero aseguran que el porcentaje
de prostitución voluntaria es
mucho mayor y que el mejor caldo
de cultivo para las mafias es su vulnerabilidad
por ser extranjeras en situación
ilegal y no tener derechos como
trabajadoras. Marcela Torres, del
servicio de atención a trabajadoras
del sexo Àmbit Dona, ubicado en el
barrio barcelonés del Raval, asegura
que la cifra del GS “no es real ni coincide
con nuestro trabajo de campo o
estudios como el de la Guardia Civil
de 2004, que afirma que el 80% de
las inmigrantes que ejercen trabajo
sexual lo hacen sabiéndolo previamente
y sin coacciones”. Según el
Colectivo Hetaira por los Derechos
de las Prostitutas, que compareció
en junio de 2006 ante la CMDM, el
85% de las mujeres que ejercen la
prostitución en calles de Madrid lo
hacen “por decisión propia, aunque
obviamente condicionadas por su nivel
económico, cultural y social y por
ser, en su mayoría, inmigrantes en
situación irregular; un 5% están claramente
obligadas por mafias y un
10% tienen ‘amigos que las protegen’
y que probablemente las someten a
algún tipo de coacción”.

Todo tráfico no es trata

Algunas investigadoras distinguen
entre el tráfico irregular de inmigrantes,
a cargo de redes familiares o comerciales
que ayudan a migrar recibiendo
un aporte económico y que
por las leyes de extranjería derivadas
de los Acuerdos de Schengen
han pasado a ser ilegales, y la trata,
donde mafias coercitivas (grupos de
base étnica, pandillas delictivas y
bandas organizadas) secuestran o
engañan a mujeres y las fuerzan a
prostituirse. Laura M. Agustín, autora
del libro Tráfico y prostitución: experiencias
de mujeres africanas, estudia
redes de Brasil, Guinea y
Nigeria desde los ‘80 y asegura que
no todos los sistemas de cobro de
deuda son extorsionadores o explotadores
en extremo.

Dolores Juliano, antropóloga
miembro de LICIT (Línea de Investigación
y Cooperación con Inmigrantes
y Trabajadoras Sexuales)
afirma que el Convenio para la Represión
de la Trata de Personas y la
Explotación de la Prostitución
Ajena de la ONU de 1949 identifica
prostitución con trata y “no contempla
la trata para otros fines; mezcla
peligrosamente una estrategia de
lucro que viola los más elementales
derechos humanos, como es la explotación
y el engaño a las personas,
con la prostitución, que puede
ser ejercida voluntariamente. Esta
confusión de ámbitos lleva a identificar
a veces la legislación que sanciona
la trata con la que prohíbe la
prostitución”. Hetaira afirma que,
tras su reforma debido a la Ley de
Extranjería, el artículo 188 del Código
Penal, que castiga a quien favorezca
la entrada, estancia o salida
de personas del territorio español
para la explotación sexual, se está
utilizando para criminalizar a redes
familiares no coercitivas.

El Protocolo para reprimir y sancionar
la trata de personas, especialmente
mujeres y niñas, aprobado
en 2003 y conocido como Protocolo
de Palermo, sí contempla otras
formas de trata, como el trabajo doméstico
forzado o el matrimonio
por arreglos comerciales. Entre
otras cosas, recomienda a los gobiernos
que dejen a las víctimas permanecer
en el país de destino y estudien
la posibilidad de darles asesoramiento
jurídico, vivienda y servicios
médicos. Entidades como la
Plataforma Trabajo Sexual y Convivencia
aseguran que el Estado español
lo incumple limitando los permisos
de residencia temporal a la
colaboración con la policía y deportando
a las detenidas.

Según los Principios Directrices
sobre Derechos Humanos y trata de
personas del Alto Comisionado de la
ONU para los DD HH, no se debe supeditar
el apoyo y los cuidados a víctimas
de trata a que éstas puedan o
estén dispuestas a cooperar con los
procedimientos judiciales. De hecho,
la organización Anti-Slavery International
ha detectado que los países
con “períodos de reflexión o permisos
de residencia breves no supeditados
a que la víctima coopere han logrado
una alta eficacia en el enjuiciamiento
de los tratantes”. El Convenio
del Consejo de Europa de 2005 para
la Acción contra la Trata fija 30 días
como período mínimo de recuperación
y reflexión para las víctimas. Éstas
también pueden acogerse a las
leyes de refugio: tras los encierros
masivos de inmigrantes, la Delegación
del Gobierno en Cataluña firmó
los Acuerdos de Barcelona de 2001,
que incluyen la persecución o explotación
sexual como motivo para recibir
asilo político. Dos años después
abrió expediente de expulsión a dos
travestis argentinas que habían solicitado
asilo por esta vía al encontrarlas
ejerciendo la prostitución.


Colectivo Hetaira

“Tal y como
hemos manifestado
las asociaciones
que
tenemos conocimiento
directo
del tema, la
lucha eficaz
contra la trata de mujeres
con fines de comercio
sexual sólo es posible
si se diferencia
claramente la prostitución
voluntaria, que
debe ser reconocida
legalmente, de la prostitución
forzada, que
debe ser perseguida.
Así lo reconoce también
el informe de la
Unidad de Policía Judicial
de la Guardia
Civil de
2004. Las conclusiones
de la
CMDM están
altamente prejuiciadas
e ideologizadas
y no tienen
en cuenta la
realidad concreta de
las personas trabajadoras
del sexo. Nos preocupa
que un sector
del feminismo en nombre
de la dignidad de
las mujeres en abstracto
niegue la de las
que quieren seguir
ejerciendo voluntariamente
la prostitución
e invisibilizándolas”.


Asociación AFESIP

Para Actuar
para las Mujeres
en Situación
Precaria
(AFESIP, de
sus siglas en
francés), “la
única forma
de acabar con este
acto de violencia y desigualdad
hacia las
mujeres es la abolición
de la prostitución y la
inmediata implementación
de legislaciones
que criminalicen al
cliente o prostituidor y
beneficien económica y
socialmente a la mujer
prostituida que, en ningún
caso, debe ser criminalizada.
En
los países en
los que se ha
legalizado la
prostitución
bajo el supuesto
de “mejorar
las condiciones
de vida” de la mujer
prostituida ha aumentado
la trata, el
proxenetismo, la prostitución
infantil y la situación
de las mujeres no
ha mejorado ya que el
estigma social no desaparece
y muchas
mujeres prostituidas no
se dan de alta en la
seguridad social ni
quieren registrarse”.


Àmbit Dona

Desde el programa
dirigido a
trabajadoras
del sexo en
Barcelona
de la ONG
Àmbit Dona,
sostienen: “Nos parece
una ironía. En la
macrorredada realizada
en Barcelona contra las
mafias el pasado
noviembre no se respetaron
los derechos de
las mujeres. A la mayoría
les abrieron un
proceso de expulsión,
que se paralizó posteriormente
porque Rumanía
entró en la UE.
La aplicación del Protocolo
de Palermo y
el respeto a sus
derechos se
condiciona a
que las mujeres
denuncien.
Y hay un doble
discurso: ¿dónde estaban
durante la macrorredada
las organizaciones
abolicionistas que
dicen defender los
derechos de las mujeres
traficadas?
Aterra que, tras años de
luchar por la igualdad
entre hombres y mujeres,
las que están en el
poder están ejerciendo
las mismas prácticas
que antes criticaban”.


Juristas

Para Gema Nicolás, del Observatorio
del Sistema Penal y los
Derechos Humanos (OSPDH),
“en las macrorredadas las más
perjudicadas son ellas, que reciben
orden de expulsión y son
internadas. Las que han vivido
situaciones de explotación
sexual no tienen un dispositivo
de ayuda, sólo las testigos más
concretas. Se debe implementar
mejor el Protocolo de Palermo,
dar alojamiento anónimo y un
dinero a las mujeres que declaren,
apoyo jurídico y psicológico
y darles la residencia en cumplimiento
del artículo 59 de la Ley
de Extranjería, que fija que las
víctimas de mafias explotadoras
tienen derecho a permiso de
residencia y trabajo”.

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