Polémica con el Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU

El 18 de diciembre pasado el ex fiscal
general Leopoldo Torres Boursault
fue elegido, a propuesta del
Gobierno español, miembro del
Subcomité Internacional de Prevención
de la Tortura de la ONU. Otros
nueve juristas y defensores de derechos
humanos de diferentes nacionalidades -cinco europeos y cuatro
latinoamericanos- fueron también
elegidos en Ginebra por los representantes
de los cerca de 30 países
que han ratificado el Protocolo
Facultativo de la Convención de las

, Redacción
04/01/07 · 0:00
Edición impresa

El 18 de diciembre pasado el ex fiscal
general Leopoldo Torres Boursault
fue elegido, a propuesta del
Gobierno español, miembro del
Subcomité Internacional de Prevención
de la Tortura de la ONU. Otros
nueve juristas y defensores de derechos
humanos de diferentes nacionalidades -cinco europeos y cuatro
latinoamericanos- fueron también
elegidos en Ginebra por los representantes
de los cerca de 30 países
que han ratificado el Protocolo
Facultativo de la Convención de las
Naciones Unidas contra la Tortura.

Este acuerdo establece la creación
de unos mecanismos de prevención
de la tortura, el Subcomité, de ámbito
internacional, y comités nacionales,
de ámbito estatal.

La elección de Torres fue duramente
criticada por la Coordinadora
para la Prevención de la Tortura
(CPT), que agrupa a más de 41 organizaciones
sociales de todo el
Estado. En un comunicado afirmó
que “pone en cuestión la independencia
de los organismos del Protocolo,
y supone una quiebra en las
expectativas”. Para la CPT, la candidatura
del ex fiscal general fue
presentada por el Gobierno del
PSOE para “mantener bien cerradas
las ‘cloacas del Estado’ y ‘premiar’,
con un cargo internacional,
por los ‘servicios prestados’ a quien
le ayudó cuando se vio acosado por
las investigaciones sobre el terrorismo
de Estado y los Grupos Antiterroristas
de Liberación (GAL)” [ver
Diagonal nº 43]. La CPT había enviado
un dossier sobre Torres a diferentes
instituciones y partidos españoles,
y a todas las delegaciones
de los países que le debían votar.
Respecto a los mecanismos nacionales
de prevención de la tortura,
cuyo diseño y composición deja
el Protocolo en manos de los Estados,
deberán ser creados antes
del 22 de junio próximo. Al respecto,
la CPT recuerda al Gobierno
“que la tortura es una herramienta
de los Estados y no son los Estados,
sino las sociedades civiles,
quienes deben protagonizar los
mecanismos de denuncia”. En ese
sentido organizaciones catalanas
criticaron la propuesta hecha pública
por Rafael Ribó, actual síndic
de Greues de Catalunya, de que no
haya un mecanismo de nueva creación
sino que estas funciones sean
asumidas por los ombudsmen
(defensor del Pueblo, síndic...).
Por otro lado, el 17 de diciembre,
en Elorrio (Vizcaya) se reunieron
400 ciudadanos y ciudadanas
vascas que en estas últimas décadas
han sido objeto de torturas.
Fue la primera asamblea nacional
de torturados de Euskal Herria.

Tags relacionados: Conflicto vasco Tortura
+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0

separador

Tienda El Salto