MENORES. Los menores inmigrantes

La última propuesta sobre seguridad
ciudadana del Ministerio de Interior
es la puesta en marcha de una
Brigada de Expulsiones de Delincuentes
Extranjeros (BEDEX).

El 25 de septiembre, el secretario
de Estado de Seguridad, Antonio
Camacho, presentaba la BEDEX,
que entraría en funcionamiento en
otoño, para la “persecución de delincuentes
extranjeros reincidentes
y especialmente violentos, ya sean
terroristas, integrantes de bandas o
implicados en delitos de violencia
doméstica”. Esta unidad, que dependerá
de la Comisaría General
de Extranjería y Fronteras (CGEF),
se encargará también de las expulsiones
de estos detenidos, denominadas
por Camacho “repatriaciones
cualificadas”, para que éstas se
realicen de forma prioritaria y con
mayores garantías y facilidades
para la policía. El objetivo de la
Brigada será perseguir aquellos hechos
que provocan “alarma social”,
es decir, los que son percibidos por
la opinión pública como una merma
de la seguridad. Pero esto no
significa que estos hechos conlleven
un aumento de la delincuencia
real. En la misma presentación del
nuevo cuerpo policial, Camacho subrayó
que la delincuencia en el
Estado español ha bajado en los últimos
años. Un hecho que justifica
aún menos la creación de esta nueva
unidad dirigida específicamente
a la población extranjera, resaltan
varias asociaciones de defensa de
los derechos de los inmigrantes.
SOS Racismo denuncia “un discurso
que culpabiliza a las personas de
otros orígenes, de problemas propios
de nuestra sociedad cuyas causas
y soluciones son complejas y
ajenas al tema de la inmigración”.

Y añade que “medidas como estas
alimentan el racismo social y el rechazo
a la población extranjera”.
Pese al tiempo transcurrido tras
el anuncio, todavía no hay información
pública sobre cuáles serán las
líneas concretas de actuación de la
nueva brigada, lo que genera inquietud
entre los juristas especializados
en inmigración consultados
por DIAGONAL. Para el abogado
andaluz Diego Boza: “La creación
de esta brigada es sorprendente y
carece de fundamentos: si la persona
ha sido juzgada tiene que cumplir
la pena. Las personas condenadas
por un delito, si éste es grave
–lo que entenderíamos por delincuencia
mayor– aunque estén en situación
irregular deben cumplir su
pena y después se les tramitará la
orden de expulsión. Eso no debería
crear una situación de alarma social”.
Y explica: “No se expulsaría a
un delincuente, porque esta persona
ya habría cumplido su pena”.

Delitos menores

Según Boza, “son los casos de delitos
menores (hurtos, conducción
sin carnet, etc.), los únicos casos de
extranjeros delincuentes a los que
se podría expulsar inmediatamente.
Suelen ser casos de delincuencia
menor, desde el punto de vista de la
seguridad ciudadana, cuando el
juez acepta la sustitución de pena
de prisión o multa económica por la
expulsión”. El jurista se extraña:
“En este caso parece demasiado collar
para tan poco perro. No creo
que eso justifique la creación de una
brigada para solventar estos casos”.
Y concluye Boza: “Parece que es lo
de siempre: intentar unir delincuente
con inmigrante”.

Otros letrados señalan además
que ya existe la Unidad Central de
Expulsiones y Repatriaciones dependiente
de la CGEF. Para el abogado
madrileño Miguel Ángel Muga,
“esto es un canto de sirena para
dar una imagen. Ya existen los grupos
operativos que suelen expulsar
a los multirreincidentes, está recogido
en el Código Penal y la Ley de
Extranjería. Es reincidir en la relación
de delincuencia e inmigra-
ción”. Muga resalta que “no se debería
diferenciar la delincuencia organizada
por su país, ¿sólo se aplicaría
a ilegales y no a españoles y comunitarios?”.
Y remarca que “en los casos
de violencia de género, expulsas a
alguien que podría ser el sustento de
los menores de esas parejas, que han
sufrido esa violencia”. Según Muga
“debe aplicarse la lógica y los derechos
humanos y garantizar los derechos
de las víctimas. Y tratar igual a
migrantes y españoles, tanto para lo
bueno como lo malo. No es ninguna
solución la expulsión, transmites a la
sociedad que los delincuentes son
extranjeros, que no se aplica ningún
principio de igualdad para nacionales
y extranjeros”. Para el abogado
madrileño, “el Gobierno lo utiliza
para relacionar la delincuencia
con la inmigración, como arma en la
política de inmigración: para expulsar
a personas que consideran no integradas
porque cometen delitos. Y
para dar salida a la presión en las cárceles
por el número de presos”.

Algunas asociaciones solidarias
con los inmigrantes, como Ferrocarril
Clandestino resaltan lo chocante
que puede ser que el anuncio de
Camacho se haya realizado diez días
después de que, el 17 de septiembre,
el Sindicato Unificado de
Policía (SUP), una de las organizaciones
policiales mayoritarias, evidenciase
el descontento de parte de
los agentes con las instrucciones de
detención y expulsión de personas
indocumentadas. En un comunicado
público, el sindicato afirma que
“en la persecución de los delincuentes
no hay distinción de raza, sexo o
cualquier otra circunstancia personal
o social, como la de que sean ciudadanos
españoles o extranjeros”.

Añade el SUP que “un inmigrante
sin papeles no es un delincuente y
no debería de ser detenido, encerrado
y expulsado como un animal”, y
remacha: “Rechazamos la política
de persecución del inmigrante ilegal
por inhumana, antidemocrática y
contraria al respeto que merece
cualquier ser humano”.