NUEVAS PRIORIDADES // SIGUE EL DESEMBARCO DEL MINISTERIO DE EXTERIORES POR EL CONTINENTE
Plan África: impedir las migraciones

El ministerio de Asuntos Exteriores desembarca en África con una ofensiva diplomática sin precedentes. El objetivo es el control de flujos migratorios a cambio de una cuestionada cooperación para el desarrollo.

16/10/06 · 20:13
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El Ejecutivo español desarrolla,
desde el verano de 2005, una importante
iniciativa diplomática en
el marco comunitario, con el objetivo
de que la UE brinde ‘apoyo logístico’
para el control de los flujos
migratorios llegados desde África,
y despliegue infraestructura militar,
tanto marítima como aérea, para
el control de las fronteras en la
zona. Especialmente en los países
que han sido definidos como ‘zonas
calientes’ (países de origen y
de paso en las rutas migratorias).

Los responsables de Exteriores
plantean un giro, sin precedentes en
los ultimos 28 años, en su política exterior
con respecto a los países del
África negra. La ofensiva diplomática
española basa su estrategia en dos
pilares: el Plan de Acción para África
Subshariana (Plan África), aprobado
en el Consejo de Ministros celebrado
el 19 de mayo. Y la Conferencia
Euroafricana de Rabat, que se celebrará
los próximos 10 y 11 de julio
en la capital marroquí.

La elaboración del Plan África se
inició tras los sucesos acaecidos en
las vallas de Ceuta y Melilla durante
el segundo semestre del año pasado.
El plan ha sido aprobado apresuradamente,
coincidiendo con la llegada
de cientos de inmigrantes a Canarias.
Llegada que se ha ido incrementando
paulatinamente desde el
inicio de esta primavera.

El Plan África se articula en torno
a siete objetivos generales: colaborar
en el afianzamiento de la democracia
y el respeto a los derechos humanos
en África, la atención especial a
la lucha contra la pobreza, la cooperación
para regular adecuadamente
los flujos migratorios, la participación
activa española en el desarrollo
de una estrategia de la UE hacia África,
la intensificación de intercambios
económicos y de inversiones en el
continente negro y el fortalecimiento
de la cooperación cultural.

La declaración de intenciones recogidas
en el Plan África, así como
las declaraciones del ministro Moratinos
a mediados de junio en Mozambique,
donde indicó que: “Quien tenga
catadura moral y compromiso ético,
comprenderá lo importante que
es acercarse a ellos, identificar los
obstáculos y modestamente, tratar
de ayudarles”, resaltan el carácter
solidario que el Gobierno socialista
pretende dar a su nueva empresa.
Carácter que, sin embargo, no es
asumido por múltiples organizaciones
de inmigrantes, que entienden
que de los siete objetivos esbozados
en el plan, sólo tiene prioridad el del
control de los flujos migratorios, girando
en torno suyo todos los demás.

Militarización

A propuesta española, la Agencia de
Control de Fronteras de la UE (Frontex)
aprobó a finales de mayo un
nuevo sistema de vigilancia militar,
tanto naval como aéreo, que ha permitido
que desde primeros de junio
ocho países de la UE (Chipre, Dinamarca,
Francia, Alemania, Letonia,
Noruega, Suecia y Reino Unido) hayan
desplegado patrullas y operativos
policiales y militares para el control
de las costas de las Islas Canarias,
Marruecos, Mauritania, Senegal
y Cabo Verde, con el objetivo de
frenar la llegada de cayucos con inmigrantes
al archipiélago canario.

En el Consejo Europeo del 15 y 16 de
junio, en Bruselas, se acordó la incorporación
de otros cinco países comunitarios
a esta operación. Esta, en
una segunda fase (2007), abarcaría
también las costas de Gambia, Guinea
Bissau y Guinea Conakry. Además,
este operativo militar se extenderá
en breve a las costas de Malta,
con la consiguiente intensificación
de la militarización de la zona este
del Mediterráneo. Por su parte, el
Alto Representante para la Política
Exterior de la UE, Javier Solana, dio
luz verde a la implementación de la
vigilancia vía satelite para fotografiar
los movimientos de población en la
ruta africana occidental.

Estas políticas de militarización
de las fronteras ya fueron puestas
en marcha por el Ejecutivo español
con las medidas adoptadas tras los
incidentes en las vallas de Ceuta y
Melilla. Allí constan oficialmente 14
muertes -aún sin aclarar- de inmigrantes
por desmanes de las autoridades
españolas y marroquíes.
Los ministros de Interior del G-6
(Alemania, Italia, Francia, Polonia,
Reino Unido y Estado español), reunidos
en Heiligenddamm (Alemania)
a finales de marzo, ya aprobaron
la propuesta del entonces titular
español, José Antonio Alonso, de
crear, en el África Occidental, una
Red de Oficiales de Enlace dedicada
exclusivamente a la lucha contra la
inmigración irregular. Este operativo,
integrado por militares de los
países del G-6, se desplegó en abril
en países como Mauritania, Nigeria,
Senegal, y Ghana, entre otros, teniendo
su centro coordinador en las
Islas Canarias.

Estos operativos consolidan los
planes militares Seahorse y Atlantis.
El primero, financiado por la UE, está
gestionado por la Guardia Civil.
Tiene como objetivo la creación de
una red de información sobre el terreno
que permita la prevención y el
control de las rutas de los migrantes,
actuando policialmente sobre las
costas africanas. Por su parte, el programa
Atlantis se centra en la vigilancia
marítima conjunta entre la
Guardia Civil y las autoridades mauritanas,
así como en la formación y
en la cesión de embarcaciones a la
Gendarmería de dicho país.

Convenios de repatriación

El titular español de Justicia, López
Aguilar, ya había anunciado cuál
sería la estrategia española en relación
a las políticas de cooperación:
“Creemos que es sensato vincular
el incremento de la cooperación
al desarrollo de convenios de
repatriación”.
Según declaraba Moratinos en
mayo, en Bruselas, “estos países, que
van a recibir fondos europeos, deben
comprender el desafío que todos
estamos viviendo y deben ser corresponsables
de la gestión de flujos
migratorios”. Así, la diplomacia española
se ha marcado como objetivo
fundamental la firma de acuerdos
de repatriación -y su cumplimiento-
por parte de todos los países
afectados. Para ello, los responsables
de la política exterior
española se han reunido con casi
una treintena de países pertenecientes
al África Subsahariana en
los últimos dos meses.

La importancia dada a estos
acuerdos es tal, que el presidente
Zapatero, durante el debate sobre
el Estado de la Nación, anunciaba a
‘bombo y platillo’ que Senegal había
aceptado las repatriaciones y
que Guinea Bissau estaba a punto
de hacer algo similar. Doce días
después, Cabo Verde, Camerún,
Guinea Conakry y Sierra Leona
acordaban negociar acuerdos de colaboración
frente a la inmigración
ilegal y aceptar los acuerdos de repatriación
a cambio de ayudas a la
formación y al empleo.

El esfuerzo económico, aunque
insignificante ante la magnitud de
los males de África, es importante
para el presupuesto español. El total
de la Ayuda Oficial al Desarrollo para
la región ha pasado de 123 millones
de euros en 2003 a 450 millones
en 2005. También las partidas que
gestiona directamente la Agencia
Española de Cooperación Internacional
(AECI) se han incrementado
de 33 millones en 2003 a 70 en 2005.

Antes de la aprobación del Plan
África, el Gobierno español ya tenía
firmados convenios de repatriación
con Marruecos, Guinea Bissau, Níger,
Mauritania, Nigeria y Ghana (el
principal destino de las exportaciones
españolas de munición), aunque
el único que aplicaba con regularidad
era el contraído en Rabat.

Cumbre euroafricana

A primeros de junio tuvo lugar en
Dakar (Senegal, país donde se concetran
hoy los medios, burocracias
e infraestructuras que todos estos
planes conllevan) un encuentro
respaldado por representantes de
varios organismos internacionales
entre diplomáticos europeos (españoles
y franceses sobre todo). El
objetivo: preparar la Conferencia
Ministerial Euroafricana sobre migración
y desarrollo que tendrá lugar
en Rabat los días 10 y 11 de julio.

A pesar de su confidencialidad,
algunos de los párrafos de la futura
declaración final ya han salido a
la luz. “La Conferencia [sobre inmigración
clandestina] debe traducirse
en la adopción de medidas
concretas, a corto y medio plazo, a
lo largo de las rutas migratorias;
[hace falta] un plan de acción pragmático
y audaz (...), acciones rápidas
y tangibles para responder a la
urgencia de la situación”.
El documento, que debería ser firmado
por una docena de estados
africanos, preconiza medidas drásticas
en la “lucha contra la inmigración
irregular”. Se trata de poner en
marcha sistemas “eficaces” de readmisión
“en el conjunto de los países
concernidos”, de dotarse de medios
para identificar “la nacionalidad de
los inmigrantes en situación irregular”,
y de reforzar “la capacidad de
control de las fronteras nacionales
de los países de tránsito y de partida”.

El texto privilegia asimismo el
“refuerzo de la cooperación en materia
judicial y policial contra las redes
de inmigración clandestina”.
Sin embargo, para la cooperación
económica, el desarrollo del comercio
y la prevención de conflictos no
se especifican dotaciones económicas.
Se trata más bien de “reforzar y
optimizar los medios institucionales
ya existentes”.


DUDOSOS PRESUPUESTOS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO

Una de las iniciativas emprendidas
por el Gobierno para aliviar
en parte la llegada, en lo
que va de año, de 9.500 inmigrantes
a las costas canarias,
fue la construcción de un centro
de retención para repatriados
de Senegal y Malí en Nuadibú
(Mauritania). Desde allí,
estos inmigrantes están siendo
enviados en autobuses a las
fronteras de sus respectivos
países. Estas instalaciones fueron
acondicionadas por un
equipo de 35 militares españoles
del Cuerpo de Ingenieros,
con financiación exclusiva de la
AECI (fondos de cooperación).
El centro consta de unos
10.000 metros cuadrados.
Paralelamente, se han desarrollado
acuerdos de formación
policial con múltiples países
africanos. A la vez que se habla
de colaborar para el “afianzamiento
de la democracia en
África”, se forma, con cargo a
los fondos de cooperación, a la
Policía de países como: Ghana
(considerado por el Barómetro
Internacional de la Corrupción
como uno de los países más
corruptos de África), Guinea
Bissau (donde el movimiento
sindical ha sufrido serias represiones,
según denunció la Confederación
Internacional de
Oraganizaciones Sindicales
Libres en febrero de este año),
Cabo Verde (donde al cierre de
esta edición se han desplegado
unidades de la OTAN para
la realización de maniobras,
con un contingente español de
1.800 soldados), Camerún
(con abundantes denuncias
internacionales por persecución
y detención ilegal de
homosexuales), Guinea
Conakry (donde al menos 15
jóvenes fueron asesinados por
la Policía y varias decenas heridos,
en recientes manifestaciones
de alumnos de enseñanzas
medias), o Mauritania (cuyo
Gobierno nació de un golpe de
Estado y donde se ha establecido
una férrea persecución
contra los islamistas).
El Plan África contempla los
Fondos de Ayuda al Desarrollo
(FAD) como una de las herramientas
para la lucha contra la
pobreza. El Consejo de Ministros
del 16 de junio aprobó créditos
FAD por valor de 20 millones
de euros para Senegal y
2,1 millones para Mauritania.
Los FAD son cuestionados
como fondos para el desarrollo,
por ser herramientas utilizadas
por las multinacionales españolas
para la expansión de sus
mercados y endeudar a los países
“beneficiarios”.

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