MALOS TRATOS: LAS CÁRCELES DESOYEN LAS DENUNCIAS Y REFUERZAN LA OPACIDAD
Piden 6 años para el jefe de Servicio de la cárcel de Sevilla por torturas

Con el mayor índice de población reclusa de la UE, el Estado español es regularmente señalado por la ineficacia del actual sistema para proteger los derechos de las personas presas. Pero mientras continúa el goteo de denuncias y testimonios de torturas, las autoridades reaccionan cuestionando la credibilidad de las entidades que apoyan la versión de las y los presos.

15/05/08 · 3:31
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En la cárcel, la indefensión y vulnerabilidad
se agrava. Según Jorge del
Cura, del Centro de Documentación
sobre la Tortura, las 454 denuncias
realizadas por personas presas recopiladas
por organismos de defensa
de los derechos humanos en el último
quinquenio, no son “más que la
punta del iceberg”. Muchos no denuncian
las torturas por “miedo a las
represalias: ser a su vez denunciadas
por difamación, agravamiento de la
situación penitenciaria o judicial,
etc.”. Por ello, pese al goteo constante
de testimonios y relatos de abusos,
pocas veces se juzga o condena a sus
responsables.

Un caso excepcional es el procesamiento
de J.A.C., jefe de Servicio de
la cárcel de Sevilla, por delitos cometidos
hace cuatro años contra la integridad
moral de dos presos . El 29 de
abril el juzgado 1 de lo penal de Sevilla
dejó visto para sentencia el juicio
oral contra él. Según la Fiscalía,
el 24 de marzo de 2004 el jefe de
Servicio “ordenó el cacheo con desnudo
integral de un preso tras una
comunicación vis a vis. Como el resultado
fue negativo, ordenó su traslado
a una celda de aislamiento “y le
obligó a aceptar hacerse una radiografía”.

Tras “descubrir cuerpos extraños
en el recto del preso, fue amenazado
y coaccionado para que los
expulsara”, tras lo cual “el propio
J.A.C. le introdujo por el ano el tubo
de la lavativa e introduciéndole líquido
por el mismo, en presencia de varios
funcionarios” y le obligó a “buscar
entre sus heces los objetos sin
guantes ni ninguna otra medida higiénica”.

El jefe de Servicio “no cesó
de humillarle”. El otro caso denunciado
se produjo el 2 de mayo de
2004. Tras intervenir un objeto punzante
a otro interno, J.A.C. “a solas y
utilizando la superioridad de su cargo,
le ordenó que se desnudara, realizara
flexiones y se sujetara sus órganos
genitales en determinadas posiciones
sin ninguna justificación”.
El Ministerio Fiscal pide seis años
de cárcel y de inhabilitación para el
jefe de Servicio. La acusación particular
de un interno, así como la popular,
que ejercen la Federación
Provincial de Drogodependencias
(Liberación) y la Asociación Pro-
Derechos Humanos de Andalucía
(APDHA), solicitan además una indemnización
de 6.000 euros para cada
preso. Según Valentín Aguilar,
coordinador del área de cárceles de
la APDHA, “el funcionario tiene siete
denuncias anteriores por torturas
y sigue en activo”. Aguilar cree que
“tanto los juzgados como la Fiscalía
deberían ser más sensibles a esta
realidad. Este caso no hubiera visto
la luz si no hubiera dos ONG y un
abogado tras la acusación”. Aguilar
considera que a Instituciones Penitenciarias
“le cuesta reconocer que
estas cosas suceden y enfrentarse a
los sindicatos de funcionarios”.

Según la Coordinadora para la
Prevención de la Tortura, en 2006
Andalucía fue la segunda región del
Estado con más casos de abusos y
torturas y sólo fue condenado un funcionario.
Aguilar remacha que hay
“falta de interés y miedo de investigar
y determinar responsabilidades,
por ejemplo impidiendo a los abogados
que vean a sus defendidos”. En
octubre de 2007 la dirección de la
cárcel de Córdoba tomó una medida
sin precedentes: aisló y negó asistencia
jurídica a siete presos tras un motín.
Esto motivó las quejas de la APDHA,
que temió que este aislamiento
ocultara la existencia de torturas.
En las cárceles catalanas se repiten
la opacidad y la dificultad para
perseguir los abusos. Cuatro años
después de los hechos, el juicio por
torturas, lesiones y delito contra la
integridad moral contra funcionarios
de la cárcel de Quatre Camins sigue
sin celebrarse. Diez reclusos de la
prisión les acusan de apalearles tras
un motín el 1 de mayo de 2004 en que
resultó gravemente herido el subdirector
de régimen interno. Según el
abogado de la acusación, Jordi Olivera,
los presos volvieron voluntariamente
a sus celdas tras el motín y,
con el beneplácito del Departament
de Justícia de la Generalitat, se redactó
una lista de los 56 amotinados
para trasladarlos a otras cárceles según
las instrucciones del director de
la cárcel, Jesús Enríquez. Olivera
asegura que los funcionarios les sacaron
“semidesnudos” y les esposaron
y apalizaron en presencia del
subdirector médico de la cárcel, Javier
Martínez Redondo. Funcionarios
y Mossos d’Esquadra además les
sometieron a “situaciones humillantes
y les tendieron boca abajo”. Cuatro
años después la instrucción no
sólo no ha concluido sino que el 29
de abril la sala 6 de la Audiencia Provincial
de Barcelona excluía de las
acusaciones al director de la cárcel y
a un funcionario que ni siquiera estaba
incluido entre los acusados, tras
una apelación de sus defensas.
Según el Comité para la Prevención
de la Tortura del Consejo de
Europa “los medios coercitivos se
usan de forma abusiva” en las cárceles
catalanas. Pero mientras proliferan
las denuncias, Justícia cuestiona
la credibilidad de las entidades que
las apoyan. Hace un año, 17 personas
presas denunciaron la existencia
de un ‘cuarto del horror’ en la cárcel
de Brians, en el cual se producían los
abusos. Rafael Ribó, Síndic de Greuges
(Defensor del Pueblo catalán), lo investigó y concluyó que no son “hechos
aislados, sino recurrentes” y
que los funcionarios “aplicaban un
rigor innecesario” y un trato “impropio
de servidores públicos”. Justícia
vetó la entrada a Brians al OSPDH,
el organismo que denunció los abusos.
Albert Batlle, secretario de Serveis
Penitenciaris, les tildó de “autodesignado
instrumento de garantía
no reconocido por las leyes democráticas”
y les acusó de “otorgarse
un papel de protección de derechos
basado en lanzar la sospecha de una
situación de maltrato generalizado”.

TORTURAS EN
VILLANUBLA

_ Las denuncias de malos tratos salpican a casi todas las cárceles. Según fuentes consultadas por DIAGONAL, el 29 de abril, dos presos del módulo 7 de la cárcel de Villanubla (Valladolid), en primer grado (en celdas individuales todo el día y con sólo salidas de tres horas al patio) presentaron tres denuncias por torturas. Un preso relata que el 9 de abril, tras discutir con varios funcionarios, le «llevaron al cuarto de cacheo y le hicieron desnudarse para hacerle un cacheo integral sin darle la bata que pidió y
obligándole hacer flexiones desnudo.Después le esposaron y tumbaron en una camilla, donde dos funcionarios le hicieron una exploración anal en contra de su voluntad y riéndose de él». El 26 de abril volvieron a agredirle causándole diversas lesiones registradas en un parte médico. El otro interno denunció agresiones «por parte de dos funcionarios conocidos como Mister Proper y el Pantuflas» que el 10 de abril le
esposaron y pegaron provocándole contusiones que constan en un parte médico. Un juzgado ha admitido al menos la denuncia por abusos sexuales.

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