Los tiempos de la justicia italiana son
largos, pero para arrojar luz sobre la
brutal represión de las protestas contra
el G-8 hace falta voluntad política.
El 30 de octubre quedó paralizada
en el Congreso italiano la constitución
de una comisión de investigación
parlamentaria sobre los hechos
de Génova, comisión prevista en el
programa del Gobierno y reclamada
insistentemente por los movimientos
sociales. La urgencia de investigar
las responsabilidades, no sólo penales
sino políticas, de los abusos, ha
sido provocada por las declaraciones
de un policía que participó en el asalto
y las palizas en la escuela Díaz, sede
del Genova Social Forum y donde
dormían muchos manifestantes. El
mando Massimo Fournier declaró el
pasado junio que lo que vio en la escuela
fue una “carnicería mexicana”,
y que “la policía se ensañó con los
manifestantes inermes en el suelo”.
Fournier afirmó también que se había
callado hasta entonces por “espíritu
de servicio”. Basándose en estas
declaraciones, la Fiscalía de Génova
ha abierto un expediente al entonces
jefe de la Policía, Gianni De Gennaro,
por instigación al falso testimonio.
Frente a estas acusaciones, Giuliano
Amato, ministro de Interior del actual
Gobierno de centroizquierda, ha
barajado ascender a De Gennaro a
jefe de su gabinete. Es el caso más
evidente, pero todos los mandos policiales
comprometidos en la represión
de Génova no sólo no han sido
castigados sino que han sido ascendidos.
Basta recordar que el juicio
contra Mario Placanica, el carabiniere
que disparó y mató a Carlo Giuliani,
acabó en sobreseimiento.

Mientras, en el juicio contra los
manifestantes la Fiscalía de Génova
ha recurrido a la mano dura y ha pedido
para los 25 imputados 225 años
de cárcel por “devastación y saqueo”,
un delito cuya tipificación se remonta
a los tiempos de la II Guerra Mundial
y que nunca ha sido utilizado para
juzgar manifestaciones en la calle.
La pena más dura (16 años) ha sido
solicitada para una militante de un
centro social milanés, grabada mientras
tiraba un cóctel molotov contra
la puerta de la cárcel de Génova.
Heidi Giuliani, madre de Carlo Giuliani
y senadora de Rifondazione
Comunista, afirmó que los 25 imputados
son “chivos expiatorios”. Está
previsto que la sentencia contra los
manifestantes salga antes de Navidad,
mientras que el juicio contra los
policías que irrumpieron en la escuela
Díaz no acabará hasta la primavera.
Es muy posible que, dada la levedad
de las penas solicitadas y la norma
sobre la prescripción de delitos,
los culpables no pasen por la cárcel.
Los movimientos sociales italianos
intentan hacer un frente común para
exigir verdad y justicia y han hecho
un llamamiento a una manifestación
para el 17 de noviembre en Génova.
Una protesta internacional que sea
capaz de despertar otra vez el “espíritu
de Génova”.