REPRESIÓN // MÁS ALLÁ DEL CASO ROQUETAS
Otro ‘garbanzo’ en el cocido de los malos tratos

Diversos informes de organismos internacionales
revelan que los malos tratos y torturas por parte de las
fuerzas policiales son frecuentes, sobre todo en casos
relacionados con el terrorismo y la inmigración.

, Redacción
14/06/06 · 22:04
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“Un garbanzo negro no tiñe un cocido”.
Con este repaso al refranero el
ministro de Defensa, José Bono, describía
la muerte de Juan Martínez
Galdeano en comisaría, apaleado
por numerosos agentes de la Guardia
Civil. Un caso aislado y excepcional
en un sistema que funciona,
en esencia, correctamente. Y así fue
reflejado en los medios de comunicación:
primeras páginas, horario
de máxima audiencia para un seguimiento
detallado de un garbanzo, al
parecer, en mal estado. Sin embargo,
no era el primero, ni tan raro como
podría pensarse. Las torturas,
los malos tratos y los abusos de las
fuerzas policiales son prácticas “más
que esporádicas”, según reveló en
2004 el informe del Relator Especial
de la ONU contra la Tortura Theo
Van Boven. En los últimos años distintas
instancias de esta organización
han expresado su preocupación
por el elevado número de denuncias
de torturas (sólo en 2004 hubo
800), la ausencia de medidas para
prevenir nuevos casos y de la
voluntad para garantizar que los responsables-
con procesos judiciales
que suelen durar más de 10 años-
lleguen a cumplir las condenas.

La mayoría de las organizaciones
de DD HH. afirman que la tortura
no es sistemática, aunque tal como
precisa la plataforma Salhaketa se
trata de una práctica “sistematizada”:
se aplica sobre todo ante ciertos
delitos o personas determinadas.

“Tanto el modelo de detención como
su práctica”, asegura el Relator
de la ONU, “permiten que se den casos
de tortura y malos tratos, especialmente
en aquellas personas detenidas
e incomunicadas en conexión
con actividades relacionadas
con el terrorismo”. Si bien estas incomunicaciones
no pueden superar
los cinco días, según protocolos internacionales,
las actuales reformas
legales permiten prolongar esta indefensión
hasta los 10 días.

La persistente costumbre de las
autoridades de iniciar acciones legales
contra aquellas personas que denuncian
torturas llega a extremos
de presentar como prueba de ’pertenencia
a banda armada’ el haber denunciado
torturas. El caso de Martxelo
Otamendi, director del periódico
Egunkaria y tres de sus directivos,
es un buen ejemplo de esto.
“Querellarse contra presuntas
víctimas de tortura”, se lee en un informe
de Amnistía Internacional
(AI), “o describir las denuncias como
falsas antes siquiera de que haya
habido oportunidad de llevar a
cabo una investigación sólo servirá
para promover un clima de impunidad,
en el que el temor a represalias
impida denunciar posibles actos de
tortura”.

El otro colectivo especialmente
sensible a los malos tratos y torturas
policiales son los inmigrantes, que
“carentes de documentos de identidad
tienen más probabilidades que
los ciudadanos españoles de ser detenidos
y agredidos por miembros
de la policía o la Guardia Civil”, según
otro informe de AI. De hecho, la
mayoría de los casos de malos tratos
a manos de las fuerzas de seguridad
derivan de la realización de controles
de identidad. Muchos de ellos terminaron
de forma parecida al agricultor
de Roquetas.

Porras eléctricas

Son armas paralizantes de electrochoque,
que causan una incapacitación
instantánea por medio de
una descarga eléctrica de alto voltaje.
En los EE UU y Canadá han
muerto más de un centenar de personas
desde 2001 por aplicación
de ese tipo de descargas. En una
carta enviada al Ministerio de Interior
en febrero, Amnistía Internacional
expresaba su preocupación por la
existencia y el uso de estas armas
en el estado español y su posible
utilización policial.

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