" ESTADO ESPAÑOL // DENUNCIADOS COMO ""GUANTÁNAMOS"" PARA INMIGRANTES"
Organizaciones sociales exigen el cierre de los CIE

El 30 de enero, las autoridades impidieron el acceso a un CIE a una comitiva de representantes
de entidades de defensa de los derechos humanos, pese a tener un permiso
del Ministerio del Interior. Un ejemplo más del secretismo sobre lo que sucede en ellos.

19/02/09 · 0:00
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Los Centros de Internamiento para
Extranjeros (CIE) son establecimientos
de carácter no penitenciario,
dependientes del Ministerio del
Interior, a través de la Dirección
General de la Policía, en los que se
lleva a cabo durante un máximo de
40 días la retención cautelar y preventiva
de extranjeros sometidos a
expedientes de expulsión o de devolución.

Tras la promulgación de
la primera Ley de Extranjería en
1985, miles de inmigrantes han pasado
por ellos. Pese al secretismo
que los rodea, los testimonios de
quienes han sido internados coinciden
en relatar constantes abusos
policiales y pésimas condiciones de
vida. Su ocultamiento permanente
sólo está siendo roto por el trabajo
de algunas organizaciones sociales
o de particulares.

En noviembre de 2007 los relatos
de un grupo de internas del CIE de
Aluche, en Madrid –que afirmaban
por ejemplo: “Nos tienen aguantando
hambre y cuando nos dan comida
se encuentran pelos, gusanos, excrementos
de ratas y restos de cucaracha”
– encendieron las alarmas de
diversas organizaciones sociales.

Éstas impulsaron la creación de la
Plataforma ‘Cerremos los CIE’,
compuesta actualmente por las
Oficinas de Derechos Sociales
(ODS) que trabajan en la red Ferrocarril
Clandestino, y también
por entidades como Acsur Las Segovias,
Médicos del Mundo, SOS
Racismo Madrid y la Comisión de
Ayuda al Refugiado (CEAR), entre
otras. Esta Plataforma, gracias al
contacto directo con detenidos y familiares,
trabaja en dos frentes: la
denuncia de violaciones a los derechos
humanos en estos centros y la
visualización, hacia el resto de la
sociedad, de lo que allí ocurre.

En abril de 2008, la Plataforma
organizó una manifestación ante el
CIE de Aluche. La difusión de la
convocatoria entre los internos hizo
que un grupo de ellos se declarase
en huelga de hambre. Esta vez, los
inmigrantes, que lograron contactar
con activistas de la Plataforma,
pudieron dar a conocer su situación.

Durante una semana la denuncia
de lo que ocurría en el CIE
ganó importantes espacios en los
medios de comunicación españoles
y de otros países, que se enteraron,
a la luz de los testimonios, de lo que
estaba pasando con sus paisanos
emigrados. El Gobierno se vio obligado
a hablar del tema. Hasta un
sindicato de policía emitió un comunicado
rechazando las acusaciones
de maltrato difundidas.

A día de hoy, estos “Guantánamos
europeos”, como los llaman las
organizaciones sociales, siguen
siendo unas cárceles a las que nadie
puede tener acceso y apenas pocos
familiares y amistades de las
personas detenidas logran visitar
bajo estrictas medidas policiales.
Pocas veces los abusos pueden denunciarse
de forma inmediata. La
casi nula posibilidad real de proteger
a quien denuncie el trato recibido
allí limita el campo de actuación.

“Quienes denuncian, casi automáticamente
encuentran como respuesta
su expulsión. Y si no son deportados,
ya en libertad, la gente
tiene miedo de caer otra vez en manos
de la policía, y prefieren el silencio”,
cuentan desde la Plataforma.

Ni siquiera los familiares
quieren levantar la voz contra lo
que consideran “un trato despectivo”
de la policía mientras esperan
visitar a quien está detenido.
¿Denunciar aún a riesgo de la expulsión
de la persona detenida? O,
lo que es igual de preocupante, ¿denunciar
aún existiendo la posibilidad
de una represión contra esa
persona? Preguntas de difícil respuesta,
que tampoco embajadas y
consulados contestan ya que hasta
ahora se han mantenido sumidos
en un preocupante silencio. Los que
sí hablan son las voces amparadas
en la seguridad de la distancia de su
país de origen. Insultos, golpes,
celdas de castigo, vejaciones, enfermedades
que no se tratan, alimentación
deficiente, deportaciones de
personas esposadas y amordazadas,
configuran el abanico de denuncias
que desde la Plataforma se
vienen recolectando a la espera de
que un día se haga justicia.

Derecho de inspección

Simultáneamente, a nivel europeo la
red Migreurop, creada en 2005 para
pelear contra los CIE en todo el continente
europeo, viene trabajando en
una “campaña de fiscalización y
transparencia en los Centros de
Internamiento de Inmigrantes”. Y
precisamente, el 30 de enero, las autoridades
policiales impidieron la entrada
al CIE de Aluche (Madrid) a
una comitiva de representantes de
las entidades que integran esta red
en el Estado español. La delegación
había recibido autorización por escrito
del Secretario de Estado de Seguridad,
pero una orden de la Comisaría
General de Extranjería impidió
finalmente su paso. La visita se
enmarcaba en una jornada de fiscalización
a todos los CIE de Europa,
impulsada por Migreurop. Según denuncia
esta red, los dos únicos centros
europeos donde se vetó la entrada
de comitivas fueron los de Aluche
y Milán, en Italia. La campaña de inspección,
aclaran, no significa que ya
no pidan el cierre de estos Centros,
sino que toman la posibilidad de acceso
de la sociedad civil para controlar
el trato dispensado en estos lugares,
como un paso previo.

Según el artículo 62 del proyecto
de reforma de la Ley de Extranjería
presentado por el Gobierno, se posibilitará
a los detenidos “entrar en
contacto con organizaciones no gubernamentales
y organismos nacionales,
internacionales y no gubernamentales
de protección de inmigrantes”.
Pero, ¿quiénes podrán entrar?
¿En qué condiciones? ¿Qué protección
habrá para quienes denuncien?
Demasiadas dudas, tantas como testimonios
de abusos se suceden.

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