POLICÍA // SEÑALAN AL GRUPO VI DE LA BRIGADA PROVINCIAL DE INFORMACIÓN DE BARCELONA
Operación policial publicitada en la prensa se desinfla

Colectivos catalanes
denuncian que sonadas
operaciones policiales
fueron en realidad
montajes. Recientes
decisiones judiciales
parecen darles la razón.

19/06/06 · 0:16
Edición impresa

Calles acordonadas por antidisturbios,
dos casas registradas, cuatro
detenidos en una operación ‘secreta’,
más de 100 agentes de policía
movilizados, incluida la brigada
científica buscando huellas... Es lo
que vivieron los barrios barceloneses
de Sants y Clot la noche del 9 de
mayo. La prensa informó de que se
trataba de un “peligroso grupo
anarquista (...) vinculado al envío
de paquetes bomba”, y de que la policía
había “encontrado material para
la fabricación de explosivos”.
En el registro de los domicilios de
los detenidos no se encontró nada
que los incriminase, y tras dos días
de detención, en los calabozos de la
comisaría de la Verneda, primero, y
de los juzgados de Barcelona, éstos
salieron en libertad con cargos menores
en medio de la alegría del centenar
de personas que permanecían
concentradas frente a los juzgados.

En los últimos años, en Barcelona,
ha sido frecuente leer en las paredes
y oír en las manifestaciones el
lema “Prou muntatges policials”
(Basta de montajes policiales). Y es
que ésta ha sido una de las técnicas
favoritas del Grupo VI de la Brigada
Provincial de Información de la
Policía Nacional, responsable de las
detenciones del 9 de mayo.
La invención de pruebas, la tortura
para conseguir autoinculpaciones,
la aplicación indiscriminada de
Ley Antiterrorista y la criminalización
mediática como una más de
sus labores han hecho tristemente
célebre a este grupo. Pese a que debe
su creación a J. García Valdecasas
(Delegada del Gobierno en
Catalunya durante el gobierno del
PP), y sigue ligado a ésta en el imaginario
colectivo, sigue operativo
aún después del despliegue de los
Mossos d’Esquadra en Barcelona.

En su currículum figura la creación
del único grupo armado en
Catalunya tras la disolución de
Terra Lliur, la Acció Radical
Catalana, fundada por uno de sus
miembros para inculpar a militantes
sociales de Terrassa, en un montaje
reconocido por los propios jueces.

En los últimos 10 años más de
700 personas han pasado por sus
manos, una de las cuales no ha llegado
a contarlo. Jorge Bolancel, joven
de Cornellà, se suicidó tras ser
obligado, vía maltratos, a denunciar
a sus compañeros de una acción
contra una Empresa de Trabajo
Temporal. Hasta los propios jueces
se han dado cuenta de este talante,
y en la sentencia 101/99 del Juzgado
Penal 4 de Barcelona se puede leer
que sus “informes parecen redactados
por la desaparecida Brigada
Político-Social del franquismo”.

Son estos jueces los que se han
encargado de liquidar uno de sus
casos estrella: el de los “tres de
Gràcia”. Estos jóvenes fueron acusados
de pertenencia a banda armada
tras la detención de una
cuarta persona (a la que ni tan siquiera
conocían) por un ataque
con cócteles molotov a una entidad
bancaria. Después de cuatro años
de periplos judiciales e incesante
campaña de denuncia, el pasado
24 de abril el fiscal de la Audiencia
Nacional archivaba en firme el caso,
tras meses de reclamar y esperar
pacientemente que la policía
aportara sus pruebas.

Semanas antes, el 9 de marzo, el
Juzgado Penal 22 de Barcelona absolvía
a tres jóvenes de la comarca
del Baix Llobregat acusados del lanzamiento
de cócteles molotov contra
una comisaría y que se habían
autoinculpado tras sufrir torturas.
Aunque las denuncias por malos
tratos policiales continúan siendo
archivadas sistemáticamente, por
primera vez un juez no considera
como base suficiente única dichas
autoinculpaciones para emitir una
sentencia condenatoria.

Juicios por venir

Por otro lado, el movimiento anarquista
se enfrenta a otra prueba más
dura. Rubén e Ignasi, los dos militantes
detenidos el pasado 9 de febrero
(de los cuales Rubén aún permanece
en prisión preventiva) han conocido
la petición fiscal, que suma 7 años y
seis meses de cárcel, aunque aún no
hay fecha para el juicio. Fueron
arrestados en sus viviendas, como
supuestos autores de un sabotaje
contra una de las entidades que regulan
y organizan el trabajo de los
presos. Los grupos de apoyo a los dos
encausados han denunciado públicamente
el hostigamiento sufrido por
los dos activistas por parte de los funcionarios
de prisiones.

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