En el País Valenciano se han multiplicado los atentados y
agresiones de grupos ultras y anticatalanistas. Sus víctimas
culpan a la Delegación del Gobierno de la pasividad policial.
- CA REVOLTA. El pasado 1 de septiembre unos desconocidos dispararon contra este
conocido local de la izquierda valenciana./Eva Máñez
Numerosos partidos y asociaciones
de izquierda, así como movimientos
sociales, vienen exigiendo cada vez
con más intensidad a la Delegación
del Gobierno que reaccione ante la
violencia ultraderechista en el País
Valenciano. Y es que los 11 ataques
registrados estos dos últimos meses
se añaden a centenares de agresiones
anteriores contra gran variedad
de colectivos, librerías, bares o instituciones.
Es el caso de la sede valenciana
de CEAR, atacada con explosivos
en una decena de ocasiones sin
que se haya producido detención alguna.
Presionado, el delegado del
Gobierno intenta tranquilizar prometiendo
investigaciones. Dos diputados
valencianos de ERC e IU en el
Congreso han pedido al ministro del
Interior que cese la impunidad ultra.
Solicitaron también que se investigaran
las amenazas que desde un ordenador
de la propia Policía Nacional se
han realizado al periódico L’Avanç.
El ministro ha contestado que “comparte
su preocupación”.
Tenso 9 de octubre
La agresividad de los grupos de extrema
derecha y anticatalanistas se
evidenció en la celebración del 9 de
octubre (día nacional del País Valenciano).
Si por la mañana, la procesión
institucional recorría las calles
acompañada por grupos anticatalanistas
(conocidos como ‘blaveros’) y
de extrema derecha sin incidentes,
por la tarde, una manifestación de
entre 8.000 y 10.000 personas, según
los organizadores, de la izquierda catalanista-
que agrupa a nacionalistas
moderados e independentistas- recorrió
las calles de Valencia ante las
provocaciones e insultos de grupos
de ‘blaveros’. Hubo algún enfrentamiento
y alguna carga policial aislada.
El 10 de octubre, el secretario general
del Bloc Nacionalista Valencià,
Enric Morera afirmaba que ante la
pasividad policial con la violencia de
extrema derecha, su formación llevará
la cuestión al Parlamento Europeo.
La madrugada del día anterior,
un artefacto explosivo había sido retirado
por la policía, avisada por un
vecino que había observado el paquete,
de la sede del Bloc en Valencia.
Morera recuerda que su partido
ha sufrido en los últimos tres años
unos 50 ataques, desde agresiones físicas
y amenazas hasta la quema de
vehículos de concejales. Es el caso
de la agresión sufrida por Santiago
Rosado, secretario local del Bloc en
Mislata (Valencia). Rosado había denunciado
en dos ocasiones al líder
de la trama ultraderechista en Valencia,
el empresario vinculado a la
seguridad privada y a la prostitución,
José Luis Roberto. Rosado fue amenazado
en el foro -lugar habitual de
amenazas a personas de izquierda-
de la web del partido de Roberto,
España 2000. Pero la jueza del juzgado
nº 2 de Mislata desestimó la denuncia
que por ello interpuso Rosado.
El 27 de septiembre éste fue emboscado
por un grupo de jóvenes ultras
que le produjeron lesiones en
cara, costillas y piernas. Ninguna detención.
Días más tarde, el 12 de octubre,
España 2000 desfilaba impune
en Valencia entre antorchas, cabezas
rapadas, legionarios, banderas españolas
y consignas racistas.
Por otro lado, entre el 16 y 19 de
octubre, se celebró en Valencia el juicio
contra cuatro jóvenes antifascistas
detenidos en el barrio de Russafa
tras una protesta contra la manifestación
racista organizada por Roberto
en 2002. La fiscalía pidió, tras un
acuerdo con las defensas, un año de
prisión por el delito de atentado, seis
meses por desórdenes públicos y una
multa de 1.800 euros por un delito de
daños, para tres de los cuatro jóvenes
inicialmente imputados.
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