Texto de Cristina Fuertes y Fernán Chalmeta

 

DERECHOS. El 6 de junio se ha convocado una movilización europea contra el Frontex, contra la "directiva de la vergüenza" y por los derechos de los inmigrantes.

Pocos esperaban que la UE decidiera
con tanta prisa resolver una directiva
tan polémica –las organizaciones
de derechos humanos y/o que
trabajan con inmigrantes han desarrollado
una larga campaña en
contra– y que ha generado grandes
diferencias entre algunos de los países
miembros. Sobre todo tras el
‘traspiés’ del 7 de mayo, cuando, después
de tres años de negociaciones,
el borrador fue rechazado por diez
países encabezados por Francia e
Italia. El 22 de mayo, la nueva norma
pasaba el trámite más difícil: su aprobación
en el Consejo de la UE.

“Aceptar la directiva propuesta
minará gravemente los derechos
fundamentales de los individuos implicados”,
denuncian Amnistía Internacional
y el Consejo Europeo de
Refugiados y Exiliados. Según numerosas
asociaciones, si se aprueba
esta ‘directiva de la vergüenza’, como
se la llama desde la sociedad civil,
unos ocho millones de ‘sin papeles’,
según datos del Consejo de
UE, estarían amenazados de expulsión,
lo que supondría el mayor movimiento
de población organizado
en Europa tras la II Guerra Mundial.

La nueva versión de la norma pasa a
considerar que la asistencia legal
gratuita “puede” ser recibida de
acuerdo con las normas de cada
país, mientras que antes se decía que
la persona “obtendrá el beneficio de
justicia gratuita”. Pero los puntos
más polémicos han quedado intactos,
estableciendo definitivamente la
criminalización y encierro de los sin
papeles como la figura central en la
gestión de la inmigración. Así, se
aprueba que los inmigrantes indocumentados
puedan ser retenidos hasta
18 meses en un Centro de Internamiento
de Extranjeros (CIE) –o en
cárceles si éstos están saturados– por
orden administrativa. Y se permite el
encierro de menores en los CIE. Con
lo que la privación de libertad se aplica
no ya al delito, sino al hecho de no
tener los papeles, una mera falta administrativa.

Según Pablo Sánchez,
consejero en materia de inmigración
de Izquierda Unitaria Parlamentaria
/ Izquierda Verde Nórdica en el Parlamento
Europeo, si no se consigue
averiguar de qué país viene el ‘sin
papeles’, para expulsarle “la directiva
puede mandarle a un país de tránsito.
En ese momento, estas personas
no tienen ninguna protección jurídica.
Además, en estos países no se
cumple ninguna norma que proteja
a los inmigrantes que huyen de guerras,
y esto provoca que acaben retornando
a los países de los que huyeron
por miedo a morir”.

La directiva establece la prohibición
a los expulsados de volver a
entrar en la UE durante cinco años:
“sin olvidar a los refugiados. Si su
petición es rechazada ya no podrán
volver a demandar asilo en Europa”,
afirma Pablo.

Este tipo de políticas de expulsión
no dan alternativas al problema de
los inmigrantes: “Se piensa antes en
echar a la gente, que en políticas de
integración”. Y es que si finalmente
el Parlamento decide aprobar esta
directiva se predice que traerá consecuencias
catastróficas: “más represión
y una proliferación de mafias y
mercado negro”, afirma.
Felipe G. de la Fuente, de la radio
belga Air Libre, afirma que los
medios de comunicación están haciendo
oídos sordos frente a todo
lo que se refiere a los ‘sin papeles’:
“si hubiera más información la gente
podría saber qué es lo que la UE
está votando. Lo que no se sabe es
que esta normativa va a legitimar
los abusos de los derechos humanos.
Y es que un inmigrante que no
tiene papeles es ‘encarcelado’ en
centros cerrados a la espera de su
deportación. Esto significa que un
ilegal es culpable antes de probar
su inocencia”.

Según Felipe, la lucha contra la directiva
se está realizando en la calle.
Con un apoyo político de una manera
superficial, las reacciones se han
materializado en movimientos de
gente sin papeles, estudiantiles, así
como de ONG pro derechos humanos
y de asociaciones. Desde Bélgica,
Jaime Archig, de la Unión de
Defensa de Personas Sin Papeles,
afirma que si la directiva se aprueba
están dispuestos a radicalizar sus luchas.
“A día de hoy, hay alrededor de
350 personas que están en huelgas
de hambre en distintas iglesias, asociaciones
y lugares públicos de Bruselas
demandando la regularización
de los sin papeles”. Con la inminente
aprobación de la normativa se espera
que en los próximos días se organicen
más movilizaciones, como las
convocadas a nivel europeo para el 6
de junio, contra el operativo Frontex
y la directiva.

Ahora ésta debe pasar por el
Parlamento, donde liberales, una
parte de los socialistas y la izquierda
se oponen, mientras que la derecha
y los partidos socialdemócratas en el
poder, como el PSOE, están a favor
de su aprobación. Pero fuentes de
ambos bandos coincidían en que la
polémica normativa pasará finalmente
por la Eurocámara sin inconvenientes.
Luego les tocará a los ministros
del Interior ponerla en vigor.