LA FINCA DONDE SE PRODUJO EL ATAQUE HACE DOS AÑOS ES PROPIEDAD DE UN TERRATENIENTE ESPAÑOL
Nueva Linda: otra masacre de campesinos impune en Guatemala

En agosto se cumplieron
dos años desde el
desalojo de la finca
Nueva Linda, en un
operativo policial que
costó la vida a nueve
campesinos. Sus familias
siguen sin tierra y
denuncian la impunidad.

09/10/06 · 0:56
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Movimiento pro Justicia Nueva Linda

Murieron 13 personas. El 31 de
agosto de 2004 más de 1.100 policías
y 200 efectivos del Ejército de
Guatemala desalojaban por la fuerza
la finca Nueva Linda, ocupada
por decenas de familias de campesinos
sin tierra. Las investigaciones
realizadas por organizaciones internacionales
demostraron el uso
de material de guerra. Los soldados
abrieron fuego con fusiles AK-47,
prohibidos fuera de conflictos bélicos.
El resultado: cuatro policías y
nueve campesinos muertos y medio
centenar de heridos.

“Desde entonces”, afirma el Comité
de Desarrollo Campesino de
Guatemala,“el caso de Nueva Linda
ha sido el símbolo de resistencia de
los campesinos”. La masacre no detuvo
la lucha de los ‘sin tierra’, que
el 28 de octubre ocuparon otra vez
Nueva Linda. Y aunque un mes más
tarde fueron de nuevo expulsados,
decidieron apostarse en la carretera
frente a la entrada de la finca. Así
llevan desde el 21 de noviembre de
2004. Cuando se cumplen dos años
de la masacre, 50 familias continúan
viviendo en la cuneta, cobijados
bajo un techo de plástico y exigiendo
una justicia que no acaba de llegar.
Tras entrevistarse sin éxito con
el mismo presidente, Óscar Berger,
han dado otro paso. Mariano Calel,
uno de los líderes del Movimiento
pro-justicia Nueva Linda, ha viajado
a Madrid y otras ciudades del
Estado para denunciar la impunidad
de los asesinos. En una entrevista
concedida a DIAGONAL, Calel
manifestó su deseo de que la
Justicia española intervenga en este
caso. Según señala, “hay muchos
españoles implicados en lo que ha
sucedido”.

El propietario de la finca, Carlos
Vidal Fernández, es de nacionalidad
española. No por casualidad.
En la costa sur del país, un alto porcentaje
de los grandes terratenientes
han nacido en el Estado español
o son hijos de españoles. Las
mismas situaciones se repiten en
decenas de fincas. Familias con
una extensa cantidad de tierras
mantienen a cientos de trabajadores
en condiciones de explotación.
Y en Guatemala, este tipo de situaciones
se encuentra en el origen de
la mayoría de sus conflictos sociales.
Con una economía basada en
la agricultura y donde el 80% queda
en manos del 8% de habitantes,
la represión brutal de las protestas
agrarias es antes una norma que
una excepción. “En Guatemala el
poder lo tiene un grupo muy reducido
de familias de la oligarquía. La
forma que tienen de mantener las
cosas igual es por la fuerza”, protesta
Mariano Calel.

En el caso de Nueva Linda, sin
embargo, la represión fue aún más
lejos. La ONG Derechos en Acción
ha registrado en un informe todas
las violaciones de derechos humanos
ocurridos los últimos tres
años en la finca. Desde la complicidad
del Estado en secuestros hasta
desapariciones de campesinos, pasando
por la paralización de las investigaciones
legales: la lista refleja
el peor rostro de Guatemala.
Esta lucha comenzó el 5 de septiembre
de 2003. Ese día a las cuatro
de la mañana secuestraron a
Héctor Reyes, administrador de la
finca y miembro del Sindicato de
Trabajadores Mayas Sin Tierra
(STMST). No volvió a aparecer. La
desaparición fue denunciada por su
esposa, Floridalma Toledo. Días antes
de su secuestro, Reyes había sido
amenazado por el propietario, el
terrateniente Carlos Vidal. La última
persona con la que se vio a
Héctor Reyes era Jesús Chinchilla,
guardaespaldas del propietario.
A pesar de la demanda, no se produjo
ningún tipo de investigación.
A juicio de Mariano Calel, esto no
resultaba una sorpresa: “El crimen
y la impunidad van de la mano en
Guatemala”. En la práctica, el sistema
legal contribuye a mantener las
desigualdades sociales en el país.
Así lo señala el informe de Derechos
en Acción. “La precaria situación
en la que sobrevive la población
provoca el desamparo ante
violaciones flagrantes de sus derechos”,
detalla la ONG.

Esta vez, no obstante, los campesinos
deciden no cruzarse de brazos.
Como protesta, el 13 de abril
de 2004 los sin tierra toman la finca
como medida de presión. Allí permanecen
cuatro meses. Aunque no
sin dificultades. Otra líder campesina,
Eufemia López Morán, es secuestrada
y asesinada en ese tiempo.
Y su asesinato tampoco se investiga.
Al contrario: el juez impone
la orden de desalojo.
Es entonces cuando ocurre la
masacre. A las 7.30 de la mañana,
poco antes de la carga, se produce
una breve negociación. Carlos
Quintana, gobernador de la provincia,
pide la retirada inmediata
de la finca. Los campesinos exigen
que primero se aclare la muerte de
Héctor Reyes. No hay acuerdo. Y
el gobernador, según recoge un informe
de la Procuraduría de Derechos
Humanos, no se muestra preocupado
por la posibilidad de víctimas
mortales. “Si muertes va a
haber”, llega a decir, “no importa
que sean 200”.


MÁS AGRESIONES DURANTE LA PRESIDENCIA DE ÓSCAR BERGER

Para Domingo Matías, miembro
de Derechos en Acción, el
comportamiento de los cuerpos
de seguridad se inscribe
en la línea cada vez más represiva
y brutal que ha tomado el
Gobierno del país. Desde diferentes
organizaciones de derechos
humanos se alerta sobre
el incremento de los abusos
de fuerza de los aparatos del
Estado. Se ha alcanzado,
advierten, una violencia similar
a la empleada durante las
décadas de guerra sucia contra
la guerrilla. En lo que respecta
a desalojos, los datos
son elocuentes. Entre enero y
junio de 2004, recién elegido
Óscar Berger, se expulsó de
39 fincas a más de 1.500
familias. Una cifra que contrasta
con los únicos cuatro
desalojos producidos durante
la legislatura anterior.
Con todo, en Nueva Linda el
hostigamiento no terminó con
los dos desalojos. El estudio
realizado por Derechos en
Acción muestra otros métodos
destinados a acabar con la
protesta. Para librarse de la
acusación de asesinato, los
dueños de la finca lograron
que la esposa de Héctor Reyes
accediera a una compensación
económica para escapar
hacia EE UU después de
meses recibiendo amenazas.
Eustaquio Reyes, hijo del líder
campesino, ha pasado por tres
intentos de secuestro. Y las
agresiones contra los acampados
no cesan. En enero de
este año, miembros de seguridad
de la finca dispararon contra
el grupo campesino y dejaron
tres heridos graves.

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