El 21 de junio, miles de personas salían
a la calle en Barcelona, Málaga,
Valencia, Tenerife y Madrid, para
exigir el cierre de los Centros de
Internamiento de Extranjeros
(CIE), o ‘Guantanamos europeos’,
como los llaman las organizaciones
sociales, o “aparcaderos de gente”,
según la oficina del Defensor del
Pueblo. En Málaga, la manifestación
convocada a nivel andaluz reunía a
unas 600 personas. Los CIE, muchos
abiertos en antiguas cárceles o cuarteles,
son lugares dependientes del
Ministerio de Interior donde se encierran
por orden judicial y por un
plazo máximo de 40 días, a ‘sin papeles’
a la espera de su expulsión.

En Europa existen entre 170 y 280,
según las fuentes. En el Estado español
son diez, más dos Centros de
Internamiento Temporal de Extranjeros
en Ceuta y Melilla, con un total
de 2.500 plazas de capacidad y donde
son encerradas unas 20.000 personas
al año. El Parlamento Europeo
ha denunciado, en un informe
de marzo de 2008, al Estado español
por retener o detener a los inmigrantes
indocumentados en las condiciones
más deplorables de toda la UE.

Sin embargo, la recientemente
aprobada ‘Directiva de la Vergüenza’
ha ratificado el lugar central de
estos centros en la gestión de los flujos
migratorios, ya que en ellos serán
encerradas hasta 18 meses personas
que no han cometido delito alguno
sino una infracción administrativa:
no tener los papeles en regla.
Contexto que el Gobierno
español ha aprovechado para anunciar
que ampliará a 60 días el tiempo
de encierro en los CIE.

Denuncias

La movilización del 21 de junio es
el último jalón en la península de la
campaña descentralizada a nivel
europeo, que exige el cierre de todos
los CIE y la derogación de la
‘Directiva de la Vergüenza’. El 12
de mayo, en Madrid, se entregaban
los cientos de firmas recogidas para
exigir el cierre del CIE de Aluche,
donde el 7 de abril parte de los
internos se ponían en huelga de
hambre ante las condiciones de su
encierro. Pero es en Málaga donde
la campaña ha tenido más éxito:
fruto de la labor de las organizaciones
sociales, el 29 de mayo, el pleno
municipal de la ciudad solicitaba
el cierre del CIE de Capuchinos
(abierto en 1990 y con 110 plazas),
algo inédito desde la creación de
estos centros en 1985.

A principios de junio, en un acto
público, activistas de Valencia denunciaban
casos de malos tratos en
el CIE de dicha ciudad. Otros CIE,
como los de Algeciras, Murcia y
Canarias, también acumulan denuncias
por su estado “indecoroso”,
según el informe europeo antes
mencionado. Este último denuncia
“las pésimas condiciones de
los CIE” y concluye que “se trata a
los ‘sin papeles’ como si fueran delincuentes
incluyéndolos en un sistema
carcelario con condiciones
degradantes de detención”. Como
su funcionamiento no está regido
por ninguna ley, las organizaciones
sociales resaltan que son limbos
jurídicos de hecho.