CEAR

MÁS DE 25 AÑOS lleva la Comisión Española de Ayuda al Refugiado trabajando
para que quienes buscan protección en Europa encuentren condiciones dignas.

DIAGONAL: La Comisión Española
de Ayuda al Refugiado (CEAR)
denunció la expulsión de solicitantes
de asilo durante los sucesos
de la valla. ¿Cuál es la situación
de los afectados?
ENRIQUE SANTIAGO: Las graves
irregularidades en la expulsión
de solicitantes de asilo e inmigrantes
el pasado octubre han
sido constatadas no sólo por CEAR,
también por el Consejo General de
la Abogacía Española, la Defensoría
del Pueblo y ACNUR. CEAR
ha presentado una demanda ante
el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, y ante la jurisdicción
contencioso-administrativa. En la
actualidad, algunos de las 73 personas
que fueron expulsadas ilegalmente
han podido regresar a
España a través de ACNUR. Pero
la mayoría sigue en Marruecos en
condiciones muy malas, tratando
de volver a nuestro país y siendo
hostigados por las autoridades.
Pedimos que se garantice el regreso
a territorio español de los
inmigrantes expulsados de manera
ilegal, para que puedan acogerse
a los derechos recogidos en las
leyes españolas y a la protección
internacional. Reclamamos que
se aplique con rigor nuestra normativa,
así como el respeto a los
derechos humanos.

D.: ¿Cuánta gente estima que pueda
estar sin papeles en el Estado y
cómo cree que debería actuar el tejido
social existente?
E.S.: Hay aproximadamente un millón
de inmigrantes en situación
irregular en este momento, lo que
indica que a pesar de que hay acciones
positivas como la regularización
extraordinaria, los retos que plantea
la inmigración no se resuelven con
actuaciones a corto plazo, con
cambios constantes de leyes o
actuaciones que sólo tienen en
cuenta la “entrada” de inmigrantes
y no su integración como ciudadanos.
El fenómeno de las migraciones
no es transitorio, nuestras sociedades
son ya, se quiera o no, mestizas.
Corresponde a toda la sociedad,
los que hemos nacido aquí y los que
vienen, llegar a consensos que permitan
un modelo de integración que
pueda ser asumido por todos. Eso
implica diálogo y participación de
todas las instancias y organizaciones
sociales que tienen algo que ver
con las migraciones, tal y como defendemos
con proyectos como el de
Consenso Social sobre Migraciones.

D.: ¿Asumes entonces que se puede
llegar a un consenso sobre los inmigrantes
en nuestro país?
E.S.: Se puede y se debe impulsar
un proceso de diálogo, encuentro
y construcción de respuestas sociales
lo más amplio posible, que
contribuya a un pacto de Estado
sobre la migración. Eso pretendemos
con este programa puesto en
marcha junto con Cáritas, en el
que participan en todo el Estado
español muchos agentes sociales
que desde sus diferentes ámbitos
juegan algún papel en la vida cotidiana
y en los procesos de integración.
Se trata de agrupar la reflexión
existente, los puntos de
vista de los agentes sociales y buscar
elementos comunes que pudieran
servir de pilares para un
pacto social posterior. Las propuestas
resultantes del proceso
serán llevadas al Parlamento, a
los partidos políticos, medios de
comunicación, y a la administración
central, autonómica y local.
A partir de ahí, se trata de mantener
las redes de diálogo y debate.

D.: ¿Qué evaluación haces de la
aplicación de la Ley de Asilo y
Refugio?
E.S.: En 2005 se concedió protección
a un 6,79% del total de solicitudes,
lo que significa un aumento
con respecto al año 2004 (no se llegó
al 5%). Las admisiones a trámite
de solicitudes se han incrementado
desde el 30% de principios de 2004
hasta el 46% a finales de 2005. Hay
un ligero aumento de asilo concedido,
pero continúa siendo claramente
insuficiente. España es uno
de los países de la UE que menos
refugio otorga, lo que explica también
que cada año se presenten menos
solicitudes de asilo: si en 2001
se presentaban 9.490 peticiones,
cuatro años después este número
disminuye casi a la mitad. Poco
más de 5.000. El endurecimiento
de la legislación de Extranjería ha
contribuido a que el asilo se convierta
en una víctima de las políticas
de control de la inmigración.

D.: ¿Qué es el Foro Social sobre las
Migraciones?
E.S.: Este Foro, que se realizará entre
el 22 y el 24 de junio de 2006 en
Rivas-Vaciamadrid, Madrid, con la
colaboración de este Ayuntamiento,
está ligado a los foros sociales
mundiales. Pretende ser un espacio
de debate democrático de ideas para
articular a las organizaciones de
la sociedad civil que se oponen a la
globalización neoliberal y que luchan
por el reconocimiento de los
derechos de los migrantes y su integración
en los países de acogida.
CEAR asumió el reto de organizar
este foro junto con dos organizaciones
brasileñas, Grito de los Excluidos
y el Servicio Pastoral de los Migrantes.
Girará en torno a nueve
ejes temáticos: impactos de la globalización,
derechos, movimientos
migratorios y regulación de flujos,
asilo y refugio, modelos de convivencia,
políticas públicas, exclusión
social, codesarrollo y comunicación.
Pretendemos avanzar en la
concreción de políticas de convivencia
intercultural, y lanzar propuestas
de trabajo, tales como impulsar
la firma y ratificación por los
países más desarrollados del Convenio
de Naciones Unidas sobre trabajadores
migratorios y sus familias,
la inclusión de la vulneración
de derechos sociales y económicos
como forma de persecución que da
derecho al asilo u otra forma de protección
internacional, o que el inmigrante
sea considerado, en las legislaciones
de Extranjería, un ser
humano con todas las debidas garantías
y no un mero instrumento
del proceso productivo.