LIBERTADES // OCHO MILLONES DE PERSONAS AFECTADAS
No tener papeles en la UE será, en la práctica, delito

Ni las movilizaciones y peticiones a los europarlamentarios
de cientos de colectivos sociales, ni las presiones de
44 gobiernos de América Latina y África han logrado
frenar la aprobación de la ‘Directiva de la Vergüenza’.

26/06/08 · 0:12

El 18 de junio, el Europarlamento
aprobaba la Directiva de Retorno, o
‘Directiva de la Vergüenza’, norma
destinada a armonizar las legislaciones
de los Estados de la UE para
la retención y expulsión de personas
‘sin papeles’. No fueron aceptadas
ninguna de las 104 enmiendas
destinadas a suavizar el texto,
ni siquiera las presentadas por la
Comisión Europea.

“Atropello jurídico inaceptable”,
“xenófoba”, “atentado contra los
principios del Estado de derecho”,
eran términos con los que han reaccionado
desde la Iglesia católica hasta
cientos de organizaciones de la sociedad
civil, pasando por los sindicatos
europeos. Según el abogado José
María Trillo, la norma “es una clara
regresión en los derechos y libertades
de la UE, y va a ser una quiebra
absoluta de los principios sobre los
que se inició la construcción europea”.
Y concluye “aparte de las consecuencias
jurídicas, que serán muchas,
va a desarrollar el miedo y la
xenofobia tanto en gran parte de la
ciudadanía como en la administración
de los Estados, lo que conllevará
la guetización de la inmigración
y el miedo a su vez por parte de
la gente en situación irregular, impidiéndoles
el poder desarrollar una
vida en condiciones de normalidad”.
Es significativo que la UE se haya
puesto de acuerdo en cómo expulsar
a ‘sin papeles’, cuando no ha empezado
ni a discutir normas comunes
sobre la acogida, estancia e integración
de la inmigración. Según sus
detractores, la Directiva crea dos
categorías de personas, unas con
derechos y otras sometidas a legislaciones
de excepción. Porque, de
facto, la norma criminaliza la inmigración,
convirtiéndola en sospechosa,
y no tener los papeles en regla en
un “delito” castigado con hasta 18
meses de encierro en los Centros de
Internamiento de Extranjeros, que
según las diversas asociaciones, pueden
evolucionar hacia “semicampos
de concentración”. Queda entronizada
la visión utilitarista del inmigrante
reducido a mera fuerza de trabajo –la
inmigración “escogida”– a merced
de las fluctuaciones del mercado.

Sigue la campaña

Una vez publicada la Directiva, los
Estados miembro tienen dos años
para armonizar sus legislaciones, por
lo que su entrada en vigor será en
2010. Mientras, las organizaciones
sociales van a seguir dando la batalla,
según Spitou Mendy, del sindicato
SOC-SAT de Almería. “Vamos a
seguir movilizándonos. La Directiva
da más libertades a las cosas, a las
mercancías que a los humanos a los
que se les prohíbe la entrada. Si todas
las organizaciones y países se
juntan, lograremos tumbarla. Para
ello tomaremos la calle, movilizando”,
concluye. Para la Coordinadora
de Inmigrantes de Málaga, “es un paso
más en la perdida de derechos,
también de los autóctonos. Se enmarca
en la aprobación de la jornada
de 65 horas y la flexibilidad laboral”.
Y señala: “en esta derechización participa
el PSOE y el Gobierno de Zapatero:
han votado la Directiva. Vamos
a salir a señalar a los parlamentarios
que la han votado y a buscar
que en todos los sitios se les declare
personas non gratas. Y vamos a presionar
para que los ayuntamientos
se posicionen contra la Directiva, y
que se declaren zonas libres de CIE”.

+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0

separador

Tienda El Salto